5 argumentos para la inaplicabilidad de la pena de muerte

La discusión sobre la pena de muerte resulta arcaica, es momento de construir soluciones sociales.

Por Miguel Kan

La arcaica discusión sobre la pena de muerte es la dosis populista, y más común, para alejar las discusiones de fondo en Latinoamérica. Ha sido la práctica de los gobiernos que carecen de propuesta política estructurada y articulada para la creación de una mejor sociedad, una más justa, más humana y, sobre todo, más igualitaria para todas las personas.

Desde el CEPPAS creemos que esta discusión bizantina es, como hemos afirmado, un disuasivo sobre los problemas de fondo, por lo que presentamos las siguientes razones que destruyen el mito de la pena capital y, además, dejan claro el horizonte para una praxis política seria.

1. La vida sobre la norma

El Estado se organiza para proteger a la persona y a su familia, promoviendo el desarrollo integral de todas las personas. Si la máxima del Estado es la vida, no puede ser arbitrario y quitarla. Ante la inconsistencia normativa y el choque de premisas, la vida de las personas prevalece antes que cualquier facultad otorgada al Estado.

En el caso de Guatemala, la constitución más que una facultad de matar, promueve la facultad de abolir la pena. En tal sentido, la imposición de las penas es inferior a la razón de ser del Estado, que es la protección de las personas.

2. La insensibilidad de la ineficacia

Se afirma que la pena es disuasiva y, como tal, inhibe el comportamiento criminal. Una premisa ideal en el sentido clásico de la función preventiva de la pena, no obstante, es un modelo teórico que más alejado de la realidad no se podría estar.

El efecto disuasivo de las penas es sumamente cuestionado por cualquier teoría criminológica moderna seria. Además, conlleva a la reflexión que la muerte sea un disuasivo únicamente a quien con exclusividad le teme a la muerte ¿Qué de aquellos que no? Al respecto hay que analizar el comportamiento de quienes día a día viven en un estado de necesidad al borde de la muerte por las razones de exclusión que el sistema económico/social permite, que consecuentemente lleva a que sean ellos quienes delincan. O bien, a aquellos que teniéndolo todo hacen uso campante de su acceso socialmente permitido para la comisión de delitos de la forma más impune, a sabiendas que el sistema de justicia no los seleccionará.

Lo ineficaz de la pena de muerte por su ausencia de disuasión no es lo más preocupante, sino la insensibilidad a la muerte que crea en las sociedades que se aplica. Al efecto el daño social en saciar una sed de venganza y crear una pasión/morbo por la muerte de una persona, lo anterior crea en el inconsciente social la permisión de la muerte y la convivencia con la misma como un acto normal. Lo que construye una sociedad hondamente perversa y enferma.

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3. El mito del poder

La retórica alrededor de la pena de muerte es ante todo una discusión del poder del Estado, la arbitrariedad con la que se quiere utilizar el poder a partir de la excusa que es una facultad y que la misma debe ser aplicada.

Al respecto, el argumento clásico, y que bajo aparente veracidad se utiliza, es: la validez del Estado de Derecho es la aplicación integral de las normas y si se faculta el matar, matar debemos; siendo claros y sin eufemismos. Este argumento parte de la premisa falaz que el poder es absoluto y la construcción de éste se da en la legitimación normativa.

La norma es un proceso de evolución constante, midiéndose ésta a través del principio pro homine, lo que implica que la norma es válida en la medida que dé garantías de la existencia fundamental de las personas: la vida, la integridad, la libertad y la igualdad de las personas, conllevando así al desarrollo integral de éstas.

Creer que la permisión normativa es valida en su enunciado sin una valoración de su objeto y finalidad dentro del marco del Estado es falaz. Más así, cuando hay una contradicción con el objeto de quien la ejecuta (el Estado).

4. La obligación internacional/nacional (debido proceso)

Aún sin superar el por qué del poder y sin cuestionar la validez de las normas, existen procedimientos establecidos por los estados que devienen en un proceso estructurado en la forma de aplicar el poder, para evitar que el mismo sea desmedido, lo que se denomina debido proceso.

El debido proceso alrededor de la aplicación de la pena capital es que exista un juicio previo, que se garanticen todas sus instancias de apelación y dado que la pena de muerte es un resabio monárquico, que se garantice el indulto. El indulto, es el recurso de gracia consistente en: Quien ejerce la máxima representación de poder puede dar un gesto de humanidad perdonando la vida o, cómo la jerga eufemística prefiere, conmutar la pena.

El debido proceso abarca que se cumplan los requisitos a los cuales el Estado se ha obligado en sus leyes nacionales, además contempla la obligación de las leyes internacionales en las que se reafirma el debido proceso, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos.

En Guatemala no se encuentra regulado el indulto, lo que hace que exista un vacío normativo para la aplicación del debido proceso. Sin embargo, pensar el debido proceso únicamente como una serie de requisitos es una visión simplista de la forma de contención del poder y, claro, poco precisa.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha resuelto que el orden normativo de Guatemala para la pena de muerte es impreciso y que necesita reformarse ya que contiene deficiencias en su estructura de delitos redactados de forma imprecisa y confusa, lo cual genera arbitrariedad. Dado que el debido proceso se funda en la legalidad el Estado de Guatemala contempló en su ordenamiento nacional que no aplicará la pena a delitos creados con posterioridad a la ratificación de la convención, por lo que los delitos posteriores son contrarios a la legalidad. La Corte Suprema de Justicia, validó el criterio de la CoIDH al hacer autoejecutable sus sentencias en 2011 y 2012 lo que es jurisprudencia nacional siendo este un criterio de aplicación del poder, ya no se puede aplicar la pena de muerte a delitos mal construidos y posteriores a la Convención Americana.

5. La letanía del patíbulo

Pensar en que el Sistema de Justicia es perfecto y que no se cometen errores en una maquinaria estatal, es afirmar de forma ciega la perfección orgánica de seres imperfectos. Más allá del error judicial que es común a pesar de las instancias de control, se encuentra la forma de dolor más cruenta que es la incertidumbre de cuando ser morirá pero la certeza que ésta la realizará el Estado .

Mientras el Poder político se encuentre en la discusión sobre sus errores al condenar y, sobre la arbitraria decisión de perdonar o no la vida de un semejante, existe una la persona condenada en la angustia de su muerte, esto no sólo devastador sino injusto, lo cual hace que el sistema de Justicia no sea tan perfecto.

El error judicial no es algo esporádico y las instancias de revisión no son procesos cortos, por el contrario son largos procesos que conllevan a la revisión constante de su forma, ya que está expresado en normas, éstas deben ser revisadas a la luz de su validez de forma permanente, ya que el sufrimiento en el corredor de la muerte es la tortura legitimada.

El orden anterior de los argumentos para desmitificar la pena de muerte también es un orden ascendente de crueldad y límites. El desarrollo de la sociedad se funda en la gestión de los límites del poder y, a su vez, en las formas que posibiliten un desarrollo ecuánime para todas y todos.

Como se ha afirmado la pena de muerte es un disuasivo largo y falaz ante problemas urgentes en la construcción de una sociedad justa, libre, igualitaria en donde la vida se garantice en todo momento. Es momento de superar discusiones barrocas y construir soluciones sociales.

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