El crimen organizado tras el Ministerio Público

¿En qué nos afecta la elección del próximo/a Fiscal General? (1 y 2)

Todos los grupos criminales tienen interés porque Jimmy Morales elija a un Fiscal General afín a sus intereses. De esta elección saldrá la persona que decidirá durante 4 años qué delitos perseguirá con mayor interés y a qué personas.

Elección Fiscal General

El 16 de mayo del año en curso vence el periodo para el cual fue nombrada Thelma Esperanza Aldana como Fiscal General y Jefa del Ministerio Público de Guatemala. Por lo menos 15 días antes, una Comisión de Postulación debe presentar a Jimmy Morales una nómina que contenga 6 candidatos, para que entre estos el presidente decida quién será el próximo responsable de dirigir la política de persecución penal del país.

La Comisión de Postulación que se encargará de conformar la lista de aspirantes a ser electos por el Presidente tendrá 15 miembros y será presidida por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia; además, participarán los 12 decanos de las facultades de Derecho de las universidades del país y los presidentes de la Junta Directiva y del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados.

Dicha comisión será convocada por su presidente y deberá elaborar los perfiles e instrumentos de evaluación para que los profesionales del Derecho del país puedan postularse, recibirá los expedientes, los evaluará, los ponderará y elaborará el listado final que enviará al Ejecutivo. Para ello, tiene por lo menos 4 meses previo al vencimiento del periodo vigente de la actual Fiscal General, por lo que tiene para empezar a trabajar a más tardar el 17 de enero próximo.

La figura del Fiscal General en Guatemala

Desde la Constitución de 1945, Guatemala cuenta con la figura del Ministerio Público y del Fiscal General de la República (MP). Sin embargo, hasta 1994 su papel fue totalmente anodino, debido principalmente a que el proceso penal guatemalteco era inquisitivo. Esto quiere decir que el juez ejercía funciones de investigación y que la mayor parte de acciones se realizaban en forma escrita y secreta, es decir, mediante memoriales que se dirigían al juzgador. Ante ello, la fiscalía no hacía más que realizar escritos y plantear sus posiciones respecto de determinados temas que le eran requeridos o porque así lo mandaba la ley.

Sin embargo, en 1992 se promulgó un nuevo Código Procesal Penal, el cual entró en vigencia en 1994. Según este manual de procedimientos, frente a la comisión de un delito el juez debe ser un espectador imparcial entre dos partes que deben convencerlo respecto de la culpabilidad o no de una persona; dichas partes son: quien acusa y quien defiende. Dicha situación excluye que el juzgador tenga algún tipo de injerencia en la investigación criminal, para no prejuiciarse.

Por lo anterior, surgió la necesidad de una institución especializada en persecución penal, la cual consta de dos fases: dirigir la investigación criminal y acusar a quien considerara responsable de un delito. Estas funciones le fueron asignadas al MP, por lo que se le separó de la Procuraduría General de la Nación y se le otorgó institucionalidad y patrimonio propios.

A pesar de ello, el MP siguió siendo por casi 15 años una institución inútil para los propósitos de la consecución de la justicia. Además de que era muy poco profesional estaba terriblemente cooptada por el crimen organizado, al punto de que los fiscales generales intencionalmente desaparecían pruebas en los casos que le convenían a las mafias que los patrocinaban. Los fiscales distritales y de sección trabajaban directamente para grupos paralelos y amenazaban a denunciantes y víctimas de delitos y protegían a los imputados. Hacia el periodo del Fiscal Juan Luis Florido, los niveles alarmantes de impunidad en el país llegaron al 98% (delitos patrimoniales, delitos contra la vida, violencia sexual, etc.), siendo incluso totales en casos de violaciones a Derechos Humanos y delitos de cuello blanco.

Una serie de casos de alto impacto, vinieron a demostrar cómo la criminalidad controlaba a la fiscalía. Casos como el asesinato de Monseñor Gerardi, en 1998, o el asesinato de los diputados al PARLACEN, casi 10 años después, evidenciaron que el MP no solamente no estaba preparado técnicamente para realizar su labor sino que estaba políticamente intervenido para ser infuncional.

Cuando en 2007 entró la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, dicho proceso empezó parcial y lentamente a cambiar: la CICIG con un MP vendido a la delincuencia no puede trabajar. El declive de fiscales mafiosos como De León Argueta, Juan Luis Florido y Conrado Reyes empezó. Una serie de fiscales de carrera comenzó a destacar (como el Fiscal Amílcar Velásquez Zárate). Finalmente, en 2010, entró al puesto la Dra. Claudia Paz, proveniente de círculos académicos y de activismo de Derechos Humanos, quien se centró en la reestructuración institucional y en la modernización de las técnicas y métodos de trabajo.

A este periodo puede llamarsele de dignificación profesional. Muchos fiscales jóvenes empezaron a tomar consciencia de la importancia de su trabajo. Se resolvieron más casos, se desarticularon bandas completas y la confianza de la población en la administrativamente justicia levemente aumentó. Sin embargo, por evidentes razones, la institución se volvió blanco de cada vez más ataques. La propia Fiscal Paz no pudo concluir su periodo, debido a que la oligarquía guatemalteca y los grupos militares que controlan grandes ramales de la criminalidad organizada la vetaron luego de que ganara el caso más importante en la historia del país: el Genocidio contra el Pueblo Ixil.

Durante las elecciones de Fiscal General de 2014, los cuerpos paralelos enquistados dentro del Estado colocaron a la actual Fiscal General Thelma Aldana con la esperanza de que revirtiera todos los casos que involucraban a ex militares y volviera a hacer del MP una entidad inoperante frente al narco y otras expresiones de delincuentes. Sin embargo, en un razonamiento extremadamente hábil, la Fiscal General se desmarcó de la camarilla de Otto Pérez Molina y se alió con el comisionado Iván Velásquez, generándose todos los avances que desde 2015 hemos visto en materia de lucha contra la corrupción y la impunidad.

Es importante terminar este primer artículo de una serie de reflexiones respecto de las elecciones a Fiscal General, indicando que aunque en algunas materias han habido avances, los cuales son importantes pero extremadamente frágiles, en la lógica institucional se ha mantenido también un fuerte componente de criminalización a la pobreza y a defensores y defensoras del territorio. De allí que líderes y liderezas comunitarias puedan ver en el MP más que a un aliado a un enemigo que se plega o que es inerme ante los intereses de las industrias de la muerte, también conocidas como industrias extractivas.

¿Qué es la política criminal del Estado y qué hace un Fiscal General?

Para entender qué hace un Fiscal General, debe conocerse primero qué es la política criminal de un Estado. En términos simples, es el conjunto de directrices y acciones que en teoría y en la práctica, en la formalidad y en la informalidad, a luz pública y en la clandestinidad, adopta un Estado para administrar el poder punitivo, esto es la capacidad de usar la fuerza en contra de las personas que cometen acciones que en una época y lugar determinados se consideran prohibidas.

A nivel formal, los límites de la política criminal del Estado recaen en los convenios y tratados internacionales de Derechos Humanos firmados por Guatemala y en la Constitución Política de la República. A esta dupla se le denomina bloque de constitucionalidad y contiene los parámetros que toda sociedad que aspira a la democracia debe contemplar para castigar los delitos, en un marco de respeto a la persona humana, tanto del victimario como de la víctima.

Corresponde al Congreso de la República definir qué conductas exactamente están prohibidas y cuáles serán las sanciones correspondientes en caso de que efectúen. Claramente, la definición de cuántas y cuáles conductas se prohibirán obedece a intereses políticos puesto que los congresistas provienen de partidos políticos que además de obedecer a sus financistas, tienden a congraciarse con su caudal electoral. Actualmente, en el país hay aproximadamente 330 delitos y unas 60 faltas que pueden ser perseguidas penalmente.

Una vez definidas las conductas prohibidas, el Estado crea los mecanismos para prevenir o reaccionar frente al quebrantamiento de las normas penales. Principalmente, esta actividad le corresponde al Ejecutivo, quien dispone, por ejemplo, de las fuerzas de seguridad para determinar cuántos agentes tendrá a su disposición, qué tan preparados estarán y a qué fenómenos responderán. Evidentemente, esta decisión es puramente política porque un gobierno comprometido con el narcotráfico no perseguirá el trasiego de drogas (o lo hará parcialmente) y uno que permita y promueva la corrupción no pondrá controles efectivos a las aduanas.

El agente de policía, en particular, es muy importante, porque aunque tenga una orientación político criminal oficial, basada en la Constitución y en las leyes, en la práctica puede estar orientado al cumplimiento de órdenes extraoficiales, como tantas se ha visto dentro de la Policía, que posee escuadrones de la muerte avalados por las autoridades superiores. Además, puede dejarse llevar por sus propios prejuicios, por lo que se sentirá más tentado a detener a personas pobres, homosexuales o indígenas que a hombres rubios y en autos de lujo.

En todo caso, una vez que se ha cometido un delito, la noticia puede ingresar al sistema de justicia penal para que subsiga una respuesta, la cual puede ser de eficacia o de impunidad. Aquí entra a funcionar el Ministerio Público, como responsable de la política de persecución penal, cuya conducción le corresponde al Fiscal General.

La política de persecución penal no es otra cosa que el conjunto de disposiciones políticas, técnicas y administrativas que determinarán cómo la institución actuará frente a la comisión de los delitos que llegan a su conocimiento, para darles una respuesta. Su formulación debe tomar en cuenta tres elementos: tipos de delitos que se conocen (análisis de fenómenos y redes criminales), tipos de respuestas que se pretenden dar (métodos de trabajo y análisis legal) y cantidad y calidad de recursos con que se cuenta (personales, materiales y financieros).

Como se dijo, en el país son prohibidas unas 390 conductas (delitos y faltas). Del total de los hechos delictivos que se cometen, probablemente sólo 20% llegue a conocimiento del Ministerio Público; al restante 80% se denomina cifra negra.

La institución debe dar respuesta a todos los delitos que conoce (que ronda los 400,000 nuevos casos anuales, más los que se arrastra de años anteriores). Sin embargo, atender efectivamente al 100% es imposible no solamente en el país sino en todo el mundo. Por ello, es indispensable que se prioricen los casos más graves y urgentes, asignándoles más recursos institucionales, para que los demás sean atendidos conforme a las posibilidades y necesidades materiales del país. Esta organización del tipo de respuestas que se quieren dar es la principal labor del jefe/jefa del Ministerio Público.

Última modificación: 24 de enero de 2018 a las 12:50
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