ECOLOGÍA POLÍTICA Y PUEBLOS INDÍGENAS

Carlos Loarca: "si los pueblos tienen derecho a la cultura, tienen derecho a la consulta"

Compartimos una entrevista con Carlos Loarca, de Plurijur, sobre las consultas comunitarias y su relación con el Estado, el racismo, las empresas y mucho más.



Por Nina Rojas y Víctor Quilaqueo

En el marco de las actividades del Voluntariado de Investigación de CEPPAS, hemos organizado un ciclo de investigación que aborda varias temáticas, una de ellas es el análisis de los procesos de consulta previa y consultas comunitarias en Guatemala.

En este contexto hemos podido contar con la valiosa colaboración de la Asociación Pluriculturalidad Jurídica de Guatemala (Plurijur) quienes por su trabajo territorial en el conflicto provocado por la Mina Marlin en San Marcos, conocen desde hace una década la situación que viven las comunidades mayas afectadas por la megaminería y las salvaguardas con que las cuentan a la hora de defender la integridad de los territorios.

Conversamos con Carlos Loarca, abogado y director de Plurijur, quien nos compartió un complejo diagnóstico sobre los derechos que asisten a los pueblos indígenas y su relación con el Estado y las industrias extractivas. Para quienes siguen la temática a nivel nacional, internacional o regional, evidentemente el panorama no es muy alentador, pero sus palabras entregan claves precisas para conocer mejor el fenómeno

Nos podrías contar ¿Qué podemos entender por consulta comunitaria y consulta previa? si es que hay alguna diferencia
En mi opinión no hay diferencia. Es decir, no se puede hacer una consulta si no es previa, Pero en términos jurídicos cuando se dice que es previa, no puede ser de otra forma. Lo que sucede es que el Estado de Guatemala y las Cortes lo han confundido precisamente para evitar que la consulta se lleve a cabo y sobre todo evitar la consecuencia jurídica que es el consentimiento. Ahora el asunto es la particularidad desde donde se hacen las consultas, por ejemplo, en las consultas comunitarias es una cuestión ancestral.

En realidad, la consulta comunitaria es algo muy profundo. Entonces la Corte Interamericana ha sido muy clara al decir, realizar la consulta es una cuestión de supervivencia cultural.

¿Por qué se habla de consulta previa por una parte y consulta comunitaria por otra, si en esencia es el ejercicio de ser consultado? ¿Consideras que es válido hacer la diferencia?
Es necesaria en el sentido de que culturalmente hay principios ancestrales en las consultas comunitarias y al referirse a consulta previa se hace ya en términos propiamente jurídicos, donde dice que la consulta debe ser previa, entonces remarca lo previo para recordar el consentimiento, pero en realidad son consultas de buena fe y las comunidades así lo plantean en sus reglamentos.

¿Cómo es el interés de parte del Estado, la participación que ha jugado en el tema de consulta comunitaria o previa?
En mi opinión tiene que ver con la polarización que existe que es en términos de clases sociales. Es decir, las clases sociales dominantes representadas específicamente por el CACIF y su pequeña burguesía de servidumbre que es la burocracia del gobierno, es la que interviene a través del Estado. Lo que está haciendo el CACIF o la clase dominante es utilizar al Estado como su administrador en el país, de sus privilegios económicos. Entonces, ¿cuál es el interés con las comunidades en términos consultivos? el de explotación. Lo que quieren es facilitar la extracción para profundizar la dependencia al sistema. Es una cuestión de clases sociales, por eso esto no se va a resolver.

Y en este componente de clase que estás pensando la consulta, dentro de la estructura del Estado, ¿hay alguna posibilidad que las clases populares se vean representadas?
Ninguna. Es decir, este es un Estado que ante las clases populares está absolutamente deslegitimado en términos históricos. Cuando uno ve los pilares de la economía del país, con sistemas vigentes todavía del minilatifundio y toda esa sobre explotación que existe, no hay ningún tipo de legitimación. Hay una gran complejidad para evitar la consulta porque no es posible que la clase social que es la hegemónica en el modelo económico lo llegue a hacer, creo que no hay forma que se vea reflejado.

¿Por qué el Estado ha promovido de manera ineficiente la institucionalización de la consulta?,¿Por qué ha habido interés?, talvez no avances, pero sí interés.
Los avances que ha habido son realmente a nivel internacional porque incluso cuando han venido a casos concretos en Guatemala, la ideología dominante no permite, interpreta y retoma todo lo que va a sus intereses y es lo que vierte en sus sentencias la Corte de Constitucionalidad. Entonces hay muy pocos avances en ese sentido.

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Visita a campamento de resistencia comunitaria contra la mina Marlin, San Miguel Ixtahuacán.

¿Cuál sería la manera ideal en que deben realizarse las consultas?,¿qué te parece la Guía Operativa desarrollada por el Ministerio del Trabajo durante este año?
Ya hubo una experiencia en el tiempo de Álvaro Colom que hizo lo mismo. Lo que hizo es que el reglamento lo consultó con las ventanillas indígenas en el gobierno, es decir el Estado se consultó a sí mismo, cuando la consulta es con los pueblos indígenas y la representación de los pueblos en el gobierno no lo legitima a que se consulte a sí mismo el reglamento, por eso fue declarado inconstitucional y el gobierno ahora lo está haciendo como una guía. La Guía lo único que está tratando de hacer, en términos de ideología dominante, es justificar ante los organismos internacionales que les están pidiendo explicaciones.

¿Qué te parece la idea de que la consulta no necesita reglamentación porque ya está reglamentada en el convenio 169 de la OIT?
Es muy importante porque algunas veces se ha hablado de una ley marco de la consulta, pero la ley marco es el Convenio, porque está regulada y especificada a través de una serie de artículos y de un organismo legítimo. Ahora como reglamento yo no estoy de acuerdo, pero sí creo que debería de haber una ley.

Y lo que habría que hacer es un proyecto de ley y establecer cuál sería el mecanismo de consulta ya que se necesita tener un órgano independiente y autónomo, este órgano debe estar compuesto por los pueblos indígenas, por el Estado. El Relator hizo algunas propuestas sobre todo cuando estuvo abordando la consulta en Chile, ahí es donde él dice “este organismo sería autónomo y no podrían influir ni las empresas, ni las comunidades, ni el Estado. Y este se encargaría de sistematizar las consultas, de llevarlas a cabo”. Una ley tendría que hacer un planteamiento en esos términos, que no lo haga el gobierno porque el gobierno no va a ser nunca imparcial para consultar sus propias decisiones.

¿Estaremos en condiciones en este momento con el Congreso y coyuntura actual de realizar este debate?
Yo creo que las condiciones las dan los pueblos. Los pueblos están preparados siempre, las mujeres están preparadas, los jóvenes están preparados. Entonces yo creo que hay que dar la discusión, dar la batalla y dar los espacios. Hay que llevar la discusión hacia precisamente los pueblos y yo creo que estamos preparados y preparadas siempre.

Los pueblos están preparados siempre, las mujeres están preparadas, los jóvenes están preparados. Entonces yo creo que hay que dar la discusión, dar la batalla y dar los espacios.

Ahora, ¿cómo se relaciona la participación los pueblos indígenas con la legitimidad del Estado, existe algún reconocimiento de los pueblos indígenas hacia el Estado o autoridades?
Históricamente desde el momento de la colonización, siempre ha habido una relación de subordinación hacia los pueblos, entonces los pueblos siempre han tenido esta relación de estar resistiendo contra el Estado. Entonces el Estado se construyó bajo esos términos, entre los dos contrarios, esos dos contrarios que históricamente han estado en disputa y que no han encontrado ese equilibrio para llegar a acuerdos, como debiera ser la consulta. Entonces regresando a la legitimidad no existe ninguna, más que la legitimidad que existe de los pueblos de exigir el respeto de sus derechos fundamentales y constitucionales, ahí hay una legitimación hacia el Estado porque es más de carácter unilateral. Es muy compleja esta situación.

Podríamos hablar un poco del derecho al desarrollo y el derecho que tienen los pueblos indígenas a ser beneficiarios de los proyectos que se llegaran a implementar.
El derecho al desarrollo tiene que ver esencialmente en términos culturales porque debe corresponder a la naturaleza de cada pueblo en el mundo, deviene del derecho a la libre determinación. La libre determinación dice que cada pueblo debe determinar su condición política, sus autoridades, sus sistemas y el desarrollo que quiere tener. Esto quiere decir que tienen su propio modelo y sobre la base de ese modelo tendría que ser la consulta y no a la inversa, que es el concepto de desarrollo occidentalizado de la explotación en términos capitalistas.

Un tema que se toca es que la consulta no se agota en un procedimiento, sino que es un derecho que se vincula con otros derechos conexos, ¿Cómo lo vemos en el contexto de Guatemala, con qué otros derechos se conectan? ¿Cuáles son los campos de acción vinculados a la consulta previa y consulta comunitaria?
La Corte de Constitucionalidad lo aborda en términos más amplios y se va acercando a lo que internacionalmente se reconoce. Vemos que en todas las sentencias sobre consulta la Corte no siempre reconoce el derecho de propiedad indígena y es un presupuesto fundamental previo a analizar lo de la consulta. Lo mismo en términos culturales, si los pueblos tienen derecho a la cultura, tienen derecho a la consulta. Pero cuando la corte va al análisis del caso no cita mayores elementos de carácter cultural de las comunidades porque no tiene ningún estudio, ni ningún peritaje, lo mismo en términos del derecho a un ambiente sano.

Entonces no se trata de buscar nuevos derechos, de lo que trata es que esos derechos se materialicen en cuanto a los pueblos y eso es lo que la Corte no hace, lo deja en términos superficiales porque eso le permite resolver las sentencias a favor de las empresas y garantizar la explotación.

Cuando uno estudia temas de consulta previa, ¿Cuán importante crees que es el papel de las Cortes? ¿Hay que darle mucha o poca importancia?, ¿Cómo lo has visto en este tiempo?
Creo que no es lo principal. La Corte se está yendo por cuestiones formales. Entonces yo creo que hay que involucrarnos más con las comunidades, debemos realmente tomar conciencia de que en Guatemala hay un modo de producción colonial con un sistema capitalista dependiente y que eso tiene sus propias características y que eso nos implica una posición política para trabajar para las comunidades y por las comunidades y a partir de allí generar movimientos de resistencia, porque el problema no es eminentemente jurídico, sobre todo es materia de crítica a la economía política.

¿Podrías hablarnos de los casos emblemáticos de consulta comunitaria y consulta previa y todo este fenómeno alrededor?
Yo creo que lo vemos en el proceso consultivo municipal del país, que inicia en el occidente con los pueblos, aunque ya la segunda y tercera consulta fue en Río Hondo en el oriente. Es decir que va paralelo, lo que pasa es que fue más masivo en occidente, se generó un tipo de consulta comunitaria a partir de los pueblos indígenas.

¿Cuándo más o menos?
El proceso comenzó en Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, propiamente consultivo en cuanto a solicitar información fue en el año 2003 cuando comenzó a llegar la maquinaria pesada, en ese año es la primera manifestación en Sipacapa junto con San Miguel Ixtahuacán pidiéndole al presidente de la República que derogue las licencias. Quiere decir que en Guatemala el movimiento de resistencia inicia ahí en ese momento. Y del 2003 al 2005 que se lleva a cabo la consulta sipacapense, fueron dos años en total. Es falso cuando la Corte de Constitucionalidad y los políticos dicen que la consulta comunitaria es solo levantar la mano. Lo que pasa es que con el carácter colonialista y segregacionista no conciben que las comunidades hayan comenzado un proceso de información y que se haya generado una serie de pláticas e intercambios de informaciones con organizaciones que llegaron a dar talleres sobre las consecuencias.

Y este proceso se desarrolla más en el occidente. En el oriente como son pueblos con un mestizaje más amplio, se parte más de las consultas de vecinos conforme al Código Municipal. Pero lo que pasa por términos de hermenéutica jurídica y de integración, es que hay que articular: Convenio 169, Constitución Política, Código Municipal, Ley de Consejos de Desarrollo, de ahí debiera haber un solo procedimiento para las consultas. Entonces en el oriente las consultas son de carácter municipal, ahí vemos dos variantes de las consultas, pero cuando uno va y hace la integración y los mecanismos de participación de información, al final son los mismos tipos de consulta.

¿Cuándo decís oriente a qué consulta te referis, en qué ejemplo estás pensando?
Bueno, en la de Mataquescuintla, en la de Santa Rosa. Entonces son producto de la diversidad de los pueblos en Guatemala y esas variantes al final tienen el mismo objetivo de pronunciarse sobre si otorgan o no el consentimiento.

¿Algo más que quisieras agregar?
Me gustaría referirme al Ministerio de Ambiente en cuanto a los estudios de impacto ambiental. Según el reglamento vigente, las empresas ambientales se inscriben en un registro de consultores ambientales en el Ministerio, la empresa llega y dice quiero este y negocia el precio, entonces soy su cliente y el cliente siempre tiene la razón, va a hacer a mi manera el estudio de impacto. Esto significa que al no ser imparcial es técnicamente incapaz de dar garantía. Lo que quiere decir que el modelo administrativo ambiental favorece a las empresas para que logren la explotación, no hay garantías materiales que se respete el derecho a un ambiente sano.
 

Última modificación: 17 de noviembre de 2017 a las 22:27
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