ESTUDIOS SOBRE EL PODER

Alianza Anti Reformas - Alianza Pro Impunidad

Somos testigos de una alianza en contra de las reformas a la Constitución, lo que no es otra cosa que una alianza en favor de la impunidad. ¿Es momento de hacer algo?

Esta tríada de pro corruptela (empresarios, pro militares y partidos políticos) funciona orquestadamente y tienen como principales caras visibles a personajes nefastos.

LA ALIANZA DEL PODER Y LA IMPUNIDAD
El empresariado organizado, los políticos vinculados a los casos de corrupción que actualmente se investigan y los familiares de los militares acusados de graves violaciones a los Derechos Humanos en Guatemala han sellado una vez más un pacto de impunidad.

Su propósito es detener el proceso de reformas constitucionales o en todo caso volverlo tan débil de contenido que no valga la pena defenderlo como proyecto de mejora para el país.

Para el efecto, han sacado todo su arsenal: costosas campañas comunicativas, alineación discursiva de sus no muy lúcidos líderes de opinión y estratagemas legislativas para empantanar el proceso.

LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES
Durante 2016, en múltiples mesas se discutió una propuesta de reformas constitucionales en materia de justicia. La convocatoria y asistencia a las mismas fue plural, amplia y abierta. En las mismas participaron los sectores empresariales, incluyendo a muchos de sus cuadros técnicos. Sin embargo, el resultado final no lo quisieron avalar y lejos de eso, le iniciaron una campaña mediática multimillonaria para desprestigiarla.

Aunque en declaraciones públicas los empresarios organizados dicen que sí avalan la modernización de la justicia, en la práctica sostienen lo contrario. Por ejemplo, a inicios de este año, cuando se empezó a discutir lo relativo al reconocimiento del Pluralismo Jurídico, erogaron incontables recursos para inundar a los radioescuchas de todas las emisoras con una serie de anuncios maliciosos que transmitían el mensaje racista de que “todos somos iguales” y que por lo tanto no había razón para otorgar “fuero especial” a los indígenas. Le aseguraron cínicamente a la población que era ello únicamente a lo que se oponían.

Hoy, nuevamente los vemos salir en público para criticar la creación de un Consejo de Administración Judicial, el cual vendría a suplir el mecanismo de Comisiones de Postulación para elegir a los magistrados de la República. Dicho Consejo, además, implica que los magistrados electos se puedan dedicar con absoluta exclusividad a conocer y resolver los casos que se someten a su conocimiento. El argumento, en esta oportunidad es que un Consejo de tal naturaleza constituye un “súper” poder, lo cual —afirman— hay que evitar.

PACTOS DE CORRUPCIÓN
En su cruzada en contra de cualquier tipo de cambio a las estructuras (jurídicas, políticas o económicas del país) del país, toda vez ellos no las controlen, se han aliado a los sectores más reaccionarios de la sociedad guatemalteca: a los veteranos militares, que desde hace algunos lustros han fundado organizaciones de dudoso financiamiento, tendentes a promover la impunidad de sus miembros, frente a los diferentes casos de justicia transicional que en Guatemala se están verificando.

La tríada de enemigos jurados de la Independencia Judicial está compuesta por los partidos políticos que se han visto afectados por los casos penales que actualmente litigan la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público. Cabe resaltar que al menos uno de cada seis diputados del actual Congreso de la República está vinculado a crímenes de corrupción, discriminación u otros, sin contar con la avalancha que amenaza al sector político el escándalo internacional de Oderbretch y otros asuntos locales relacionados con obtención de préstamos u otorgamiento de licencias de todo tipo a empresas nacionales y extranjeras.

Desafortunadamente, la propuesta de Reformas Constitucionales tiene que discutirse en la actual legislatura, repleta de diputados oscuros y mediocres. Oscuros porque obtuvieron sus curules directamente para garantizarse impunidad y seguir haciendo robos al Estado y mediocres porque la gran mayoría de ellos no entiende de debate legislativo ni de los aspectos sustantivos a las que las propuestas de leyes que conocen se refieren.

Actualmente, esta tríada de pro corruptela (empresarios, pro militares y partidos políticos) funciona orquestadamente y tienen como principales caras visibles a personajes nefastos como Zury Ríos (la hija del General Ríos Montt, condenado por genocidio contra el pueblo ixil en 2012) o Ricardo Méndez Ruiz (hijo de otro alto mando del Ejército de Guatemala que murió antes de enfrentar la justicia por graves violaciones a los Derechos Humanos en el pasado reciente, quien se dedica a tiempo completo a fomentar mensajes de odio en contra de todos los sectores que amenazan el privilegio de la impunidad de la cual gozan él y los suyos).

Dichos personajes y algunas “lumbreras” del fascismo guatemalteco más, se están dado a la tarea de convencer a algunos sectores de la población de que aprobar reformas constitucionales es un paso hacia el comunismo, discurso que pega bastante bien en una población analfabeta políticamente hablando y temerosa después de 4 décadas de guerra psicológica, física y social encarada por los militares.

LO QUE NOS QUEDA
Finalmente cabe señalar que hoy, 3 de mayo, debió darse la discusión del artículo 7 del paquete de reformas constitucionales, creación del Consejo de Administración Judicial, como se indicó. Sin embargo, no se logró quórum dentro del Congreso de la República, porque los legisladores tienen miedo de aprobar las reformas, toda vez que la ultra derecha los está presionando para lo contrario y porque los empresarios les hicieron llegar su mensaje anti reformas clara y contundentemente.

El próximo miércoles, se reiniciará el debate (si es que hay quórum), pero mientras tanto los centros de redes sociales del empresariado no paran de generar productos sonoros e imágenes para confundir a la población. Ninguno de ellos hace referencia a aspectos técnicos sobre las razones de la inconveniencia de los cambios que se plantean, sino que apelan a la ignorancia, al odio y a un nacionalismo barato que supone que intentar nuevos modelos de administración de justicia no puede ser obra de, por y para los guatemaltecos.

Última modificación: 11 de julio de 2017 a las 19:07
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