El 18 de junio, la Junta Directiva del Congreso debe convocar al pleno de diputados para elegir a los magistrados que conformarán la Corte Suprema de Justicia y a los magistrados que conformarán la Corte de Apelaciones, para el periodo 2019-2024. La elección debe realizarse a más tardar el 23 de junio.
Los anteriores plazos fueron señalados mediante Sentencia de Amparo de la Corte de Constitucionalidad, dentro del expediente 1169-2020, emitida el 6 de mayo de 2020. Este proceso se llevó a cabo ante la amenaza cierta e inminente de que los congresistas eligieran a profesionales no idóneos para el cargo, luego de que la fiscalía detectó que personas ligadas al trabajo de las comisiones de postulación[1] estaban sosteniendo asiduas reuniones en torno a Gustavo Alejos[2].
Ante la gravedad de la situación generada por la denuncia pública de esta red ligada a Alejos, la CC ordenó:
- Al Ministerio Público: presentarle un informe circunstanciado al Congreso, en donde le indique si los abogados que conforman las nóminas de aspirantes a magistrados, elaboradas por las respectivas comisiones de postulación, aparecen vinculados a hechos y actos de manipulación e influencia indebida durante el proceso. Dicho informe fue entregado al Organismo Legislativo el 28 de mayo de 2020.
- A los diputados: analizar exhaustivamente el informe para determinar individualmente si las personas por quienes deberán elegir aparecen vinculadas a procesos de investigación relacionados con la manipulación e influencia de las comisiones de postulación; si este fuera el caso, deben determinar si dicha vinculación compromete su idoneidad y honorabilidad como futuros magistrados o no. Para este ejercicio intelectual, a los diputados se les otorgó un plazo de 20 días, el cual vence el 17 de junio de 2020.
Como se indicó, a más tardar el 23 de junio de 2020, los diputados deberán estar eligiendo magistrados. Sin embargo, como impacto directo del descubrimiento de la Red Ilícita de Alejos y por orden de la Corte de Constitucionalidad, dicho acto debe atender de forma muy particular a los principios de máxima transparencia y máxima publicidad. En la práctica, ello quiere decir que cada diputado deberá emitir su voto favorable o desfavorable para cada uno de los aspirantes, indicando concretamente:
- Si como resultado de su análisis del informe producido por el Ministerio Público considera que el aspirante está vinculado a la red de Alejos y, en su caso, si ello compromete su idoneidad para ser magistrado de justicia o no.
- Si considera que el aspirante a magistrado es una persona honorable o no, y el fundamento de su estimación.
- Si considera que la persona elegible llena los suficientes requisitos de méritos profesionales, académicos y humanos para ocupar el cargo al que aspira y el fundamento de su consideración.
Es importante concluir este análisis con dos ideas finales. La primera es que existen diputados que no son aptos para elegir magistrados porque tienen evidentes conflictos de interés en el proceso. Ejemplo de ello son los diputados que se reunieron con Gustavo Alejos, los que tienen sendos señalamientos de haber participado en graves actos de corrupción y los que pertenecen a estructuras partidarias claramente atravesadas por el crimen organizado y el narcotráfico (como es el caso de la UCN).
La segunda es que existe bastante atención social sobre este proceso de elección de cortes porque la experiencia indica que cuando ello es viciado (como sucedió en 2009 y 2014), en las diferentes cámaras y salas del Organismo Judicial aparecen magistrados dispuestos a vender sus resoluciones judiciales y a proteger a sus patrocinadores, a costa de la ley y la justicia.
El Presidente de la República y otros actores han declarado expresamente que les gustaría que las actuales cortes se mantengan en sus puestos mientras se impulsa una incierta reforma constitucional al sector justicia. Si ello se concretara, claramente implicaría una maniobra para eludir la votación en los términos planteados por la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, por lo que se estaría a la puerta de la desobediencia de una orden judicial.
[1] En esta categoría caben: miembros de las comisiones de postulación, aspirantes a magistrados, diputados que eventualmente elegirán a los magistrados y otros.
[2] Alejos es un personaje conocido en el ámbito nacional por haber financiado lícita e ilícitamente la campaña electoral de diversos partidos políticos. Luego, al resultar ganadores dichos partidos, los funcionarios públicos lo beneficiaron millonariamente, adjudicándole onerosísimos contratos con el Estado. También es conocido como operador de cortes, es decir como personaje clave en la elaboración de listados de abogados que compran sus puestos como magistrados y/o que de resultar electos garantizan impunidad a políticos, empresarios, naroctraficantes y otros. Actualmente, está ligado a media docena de casos por actos de gran corrupción.
