El recién estrenado presidente de Guatemala saca las uñas y busca impresionar con medidas autoritarias y represivas. De paso, nuevamente se ciernen sobre la población las nubes de las restricciones de garantías constitucionales.
La mayoría de miembros de las comisiones de postulación para magistrados desprecian los cuestionamientos éticos emitidos por la ciudadanía. Esto refleja mala voluntad política y poca capacidad intelectual para comprender el rol de la ética en la selección de funcionarios públicos.
En los últimos meses hemos presenciado distintas protestas en Ecuador, Chile y Colombia en las que movimientos y organizaciones de la sociedad civil y sectores populares expresan su oposición a decisiones de gobierno.
Resguardados por decenas de policías, los diputados del Congreso de la República promulgaron la Ley de Aceptación de Cargos para beneficiar a las redes político-económicas ilegales que operan en Guatemala.
Es raro leer noticias positivas relacionadas con la actual crisis medioambiental. En este artículo se esbozan algunos aspectos publicados por Clive Thompson sobre el uso de las TIC en la obtención y sistematización de datos para mayor comprensión de cómo enfrentar la problemática.
¿Qué se nos plantea cuando escribimos actualmente? ¿Desde qué circunstancias lo hacemos? ¿Hacia qué horizonte apunta la palabra?
En el Ceppas hemos decidido dedicar este boletín a los estados de excepción. Pues, desde el 5 de septiembre recién pasado, a partir de la imposición de un estado de sitio, la población de 22 municipios en los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Izabal, Petén, Zacapa y El Progreso, ha visto seriamente afectada la cotidianeidad de sus vidas por la masiva presencia y el control ejercido por las fuerzas armadas y de seguridad.
El Decreto Número 7 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley de Orden Público (LOP), entró en vigencia en mayo de 1966, mientras el alto mando militar configuraba al Estado de Guatemala para conducir la guerra contra su propia población.