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CEPPAS participó en las audiencias públicas por la reforma a la Ley de Minería

Compartimos las observaciones y comentarios a las reformas propuestas al decreto 48-97 del Congreso de la República.

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El Estado de Guatemala debe proteger a sus ciudadanos y ciudadanas de los impactos perjudiciales de los proyectos minería a gran escala explotados el territorio nacional. Dichos impactos no se reducen únicamente a riesgos ambientales sino también
sociales y de epidemiológicos.

Las corporaciones mineras a nivel trasnacional están concentradas en pocas manos (la industria minera posee los índices de concentración más altos de todos los sectores económicos). Esto las constituye en actores con inmenso poder de incidencia sobre el mercado y sobre los gobiernos y comunidades. Los casos de abuso y violaciones a los derechos humanos por parte de las empresas mineras son abundantes en todo el mundo.

Por lo que el modelo de desarrollo económico no debe partir de la función extractiva, sino de la búsqueda de consensos sociales que integren a los bienes de la naturaleza, a los pueblos y no a pocas empresas con beneficios exhorbitantes, que poco dejan a la construcción democrática.

Existen varios mitos alrededor de la industria de la minería a gran escala, sobre todo en su carácter de dinamizadores del desarrollo local, la generación de empleo, el impacto positivo en los indicadores económicos nacionales, etc.

Es necesario recordar que la minería a gran escala demanda la utilización de grandes caudales de agua y frecuentemente contamina las cuencas acuíferas con metales pesados y químicos como el cianuro, poniendo en riesgo la salud de las poblaciones aledañas. Casos como la mina San Cristóbal (Bolivia), Yanacocha (Perú), la mina María (México) y otros más de 200 casos de conflictos mineros en América Latina lo constatan.

Las comunidades indígenas están respaldadas por convenios internacionales que resguardan de manera vinculante su derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado como requisito para el desarrollo de proyectos extractivos. El Estado de Guatemala debe ser garante del cumplimiento de dicho derecho.

La construcción de una sociedad pacífica y democrática, solo será posible en la
medida que se legisle y construyan lineamientos de acción política a partir del total
respeto de la persona y la inclusión de manera igualitaria a todos los pueblos que
conforman el país.

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