Comisiones de postulación: filtros que no filtran

La mayoría de miembros de las comisiones de postulación para magistrados desprecian los cuestionamientos éticos emitidos por la ciudadanía. Esto refleja mala voluntad política y poca capacidad intelectual para comprender el rol de la ética en la selección de funcionarios públicos.

En Guatemala, los 13 magistrados titulares de la Corte Suprema de Justicia y los 135 magistrados titulares de la Corte de Apelaciones permanecen cinco años en sus puestos. Son electos y nombrados por el Pleno del Congreso de la República, a partir de dos nóminas elaboradas por igual número de comisiones de postulación.[1] Estas se componen por decanos de las Facultades de Derecho del país, magistrados en funciones y representantes del Colegio de Abogados.

Las comisiones de postulación fueron concebidas como filtros para:

  1. Recibir los expedientes de los aspirantes que cumplan con los requisitos formales mínimos para aspirar a ser magistrados.[2]
  2. Generar los mecanismos necesarios para elegir a los prospectos más capaces, idóneos y honrados.[3]

Sin embargo, las comisiones no están funcionando para tal fin. Entre otras causas, es importante señalar:

  1. Se han convertido en mecanismos de legitimación de negociaciones secretas e ilegales. Estos benefician a abogadas y abogados ligados a las estructuras del crimen organizado.
  2. Han eludido su obligación de debatir pública y transparentemente el perfil ideal de los futuros magistrados y el cumplimiento de cada aspirante con el mismo.

Esta situación se refleja en el actual proceso de elección de magistrados de Corte de Apelaciones, presidida por el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Murphy Paiz. En el mismo, se recibieron 94 cuestionamientos éticos o de capacidad, dirigidos contra 78 aspirantes y, como de costumbre, se rechazaron todos bajo el artilugio de que los comisionados no pueden pronunciarse sobre la honorabilidad de un abogado porque incurrirían en ilegalidades. Como ya se dijo, con esta actitud de malicia y negligencia, los comisionados eluden sus responsabilidades cívicas y legales.

La propia Comisión, por votación, estableció un mínimo de 25 votos (de un total de 37 votos posibles) para aceptar un señalamiento. Es decir, se requiere de la voluntad de prácticamente todos los presentes (el quórum promedio es de 32 votantes) para considerar un señalamiento ético como efectivo. Además, los comisionados no están obligados a razonar su decisión.

A partir del 31 de enero y hasta el miércoles 7 de febrero, se abre un nuevo periodo para que la sociedad civil pueda emitir señalamientos contra los más de 230 aspirantes a magistrados de Corte Suprema de Justicia. Ante esta situación, surge la siguiente pregunta: ¿para qué serviría el esfuerzo de presentarse a señalar a un aspirante como persona no idónea, si los comisionados desechan los argumentos ciudadanos?

Según los miembros de las Comisiones, para aceptar un señalamiento, este debe sustentarse en un documento oficial que refleje la responsabilidad por el acto señalado. Para ello, empero, no es necesario el concurso ciudadano, pues se pide esa información de oficio a las instituciones del sistema de justicia y demás controles del Estado.

Aunque algunos comisionados han escuchado con atención los señalamientos y han aceptado su validez, son pocos por lo que su postura no impacta en los debates. En conclusión, da la impresión que la mayoría de comisionados carece de la comprensión del significado de «lo ético» y de su importancia para fortalecer el Estado de Derecho en Guatemala.

Bajo lógicas como la anterior, se están desarrollando los procesos de elección de magistrados para las altas cortes, a los que se suma próximamente elección de magistrados para el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué se puede esperar de dicho proceso?

[1]Comisión de Postulación para la elaboración de nómina de aspirantes a Corte Suprema de Justicia y Comisión de Postulación para la elaboración de nómina de aspirantes a Corte de Apelaciones.

[2]Los requisitos generales son: ser guatemalteco de origen, abogado colegiado activo, de reconocida honorabilidad y estar en el goce de sus derechos. Los requisitos para ser magistrado de Corte Suprema de Justicia son: haber sido magistrado de sala de apelaciones por al menos un periodo o tener más de 10 años de ejercicio profesional; para ser magistrado de sala de apelaciones se requiere haber sido juez de instancia o tener más de 5 años de ejercicio profesional.

[3]Artículo 113 de la Constitución Política de la República.


Fotografìa de Juan Pablo Muñoz

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