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Defensa de la tierra, verdad incómoda para los grupos de poder

Las y los defensores del derecho a la tierra nunca se han visto tan afectados por la represión como en 2014.

Por Gary Estrada

Recientemente acaba de ser publicado el informe «No tenemos miedo» Defensores del derecho a la tierra: atacados por enfrentarse al desarrollo desenfrenado, del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, elaborado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMTC).

En él se aborda el acceso a la tierra como un derecho humano integral, por el cual se desprenden una serie de derechos fundamentales tales como el derecho a una vivienda adecuada, a la alimentación y al agua, el derecho a un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, o el derecho a la autodeterminación. Esos derechos dependen directamente del acceso a la tierra, por lo que sin su acceso no se podrán ejercer.

El informe, al igual que la Declaración sobre Defensores de Naciones Unidas, establece que “[e]l término defensores de derechos humanos se refiere a cualquier persona, grupo o institución que, de conformidad con los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, actúa en favor de personas o grupos por la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, bien individualmente, bien en asociación con otros.” En tal sentido, las y los defensores del derecho a la tierra forman un grupo heterogéneo que incluye a usuarios de la tierra que se han visto afectados por las prácticas o las políticas que han tenido un impacto negativo en el acceso a la tierra y que se han comprometido con la promoción y la protección del derecho a la tierra de grupos más amplios.

El informe hace hincapié en la desigualdad en la que se encuentran los defensores frente a políticas y empresas que, de manera avasalladora, acaparan la tierra vedando el derecho de grandes mayorías a su acceso y, con ello, generando desigualdad y violencia. El documento también recopila experiencias de cómo “se han enfrentado a múltiples violaciones de derechos humanos, entre las que se encuentran las formas más extremas de intimidación y represalias como las amenazas y la violencia, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, las campañas de calumnias, la vigilancia ilegal, el hostigamiento judicial y las detenciones arbitrarias, a pesar de que sus acciones no solamente son legítimas sino que además están protegidas por la normativa internacional de los derechos humanos”. Además, las particularidades étnicas, sociales y de género son factores que pueden incrementar la vulnerabilidad de los defensores del derecho a la tierra.

FIDH y OMCT, de manera atinada, relacionan la defensa de la tierra con la defensa al medio ambiente por ser inseparables. Por ejemplo, a nivel internacional, las redes de pueblos indígenas luchan porque las políticas medioambientales (documentos de la ONU como el Convenio sobre la diversidad biológica, la Convención sobre el cambio climático, etc.) reconozcan y respeten sus conocimientos y recursos, incluyendo la tierra, y, a menudo, han subrayado que la tierra, el medio ambiente, la cultura y la espiritualidad son elementos conectados entre sí.

“Los estragos que sufren ellos [las y los defensores de la tierra] y sus familias y comunidades (asesinatos, desapariciones forzadas, hostigamiento y criminalización) son sobrecogedores. Están atrapados en el fuego cruzado entre los usuarios de la tierra pobres que luchan por el respeto de sus derechos humanos básicos y los poderosos actores económicos que luchan por conseguir jugosos beneficios, por lo que representan uno de los grupos de defensores de derechos humanos en situación de mayor vulnerabilidad”, expresa el informe.

Al efecto el informe concluye en cuatro retos fundamentales en la protección de las y los defensores del acceso a la tierra:

1. Acabar con el aislamiento
La defensa de la tierra se ha asociado a espacios lejanos de las urbes y de los tomadores de decisión. Sin embargo, es de suma importancia dimensionar este espacio como un espacio de acercamiento que involucra a una mayoría significante para los países.

2. Abordar la cuestión de la impunidad
Un mal endémico ha sido la falta de acceso a la justicia que de parte de los Estados se ha desarrollado en contra de los defensores de la tierra. Esto no sólo aplica hacia los tribunales sino también al proceso de construcción de leyes criminalizantes que lejos de solucionar los conflictos generan una polarización que ataca a las y los defensores.

3. Cambiar el paradigma de desarrollo
Existe una contradicción en el modelo de desarrollo. Luego del 2015, según declaraciones del Secretario General de la ONU, debe iniciarse un nuevo modelo de desarrollo, que profundice un modelo económico más justo y, sobre todo, que acerque a un avance integral en materia de derechos humanos dado que en el actual contexto sólo contribuye a generar más desigualdad en el proceso de atención los defensores de la tierra.

4. Un marco legal más fuerte para el derecho a la tierra
Un marco normativo que permita un acceso a la tierra, a la protección adecuada de los defensores y sobre todo un modelo que permita el ejercicio de los distintos derechos frente a represalias y vulneraciones a las cuales se ven afectos los y las defensoras de la tierra.

Este informe viene a describir la situación global que los defensores de la tierra, pueblos indígenas y movimientos sociales exigen de manera reiterada, la inequidad social erosiona una construcción democrática, ésta se refleja en la realidad apabullante en la que la tierra más que un derecho parece un idílico inalcanzable. Por tal motivo la generación de políticas públicas que abarquen de manera integral y profunda las desigualdades sociales y generen un acceso digno a la tierra para ejercer una serie de derechos dependientes de la misma es fundamental.

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