El agua trae vida y a veces… violencia

La empresa Santa Rita quiere adueñarse del agua de la comunidad Monte Olivo para llevar adelante un proyecto hidroeléctrico.

Por: Gary Estrada

Alta Verapaz es una región q’eqchi’ en donde el modelo de desarrollo impulsado por el Estado —caracterizado por la concentración de la tierra, la ausencia de consulta de las comunidades indígenas para las opciones de desarrollo y la violenta imposición de decisiones estatales— ha generado constantes conflictos sociales.

En este contexto, los piques del conflicto aumentan cuando se genera violencia estatal para imponer políticas públicas incoherentes con un modelo de vida conciliador. Peor aún, cuando el aparato estatal genera complicidad con grandes intereses económicos, se ha caracterizado por cometer delitos tan gravosos como las ejecuciones extrajudiciales.

Monte Olivo, una comunidad situada entre parajes fructíferos de agua y bosques, se encuentra en una constante resistencia pues la ofensiva de la empresa Santa Rita para adueñarse de los ríos para la generación de hidroeléctricas implica desplazamiento forzoso que ya lleva más de dos años.

Sin embargo, los hechos recientes son más preocupantes y denotan el claro interés político que existe por parte del aparato estatal que, valiéndose de sus medios violentos, se pliega a los intereses económicos del sector privado y atenta con la vida misma de las comunidades.

El 14 de agosto las comunidades vivieron de manera violenta el poder punitivo del Estado. Más de 1000 agentes de la Policía Nacional Civil realizaron un desalojo violento para poder llevar a cabo el modelo energético. Resultado de tal violencia se ejecutó extrajudicialmente a tres personas.

El modelo de desarrollo energético que propone este gobierno es sin duda un foco de conflicto social. Éste se agudiza en las comunidades indígenas, quienes conciben desde una perspectiva holística la relación persona, naturaleza y cosmos. La naturaleza es un eje central de la vida y no un bien disponible para explotación.

La ausencia de una política pública integradora que contemple la vida y el respeto a las comunidades indígenas hace que la conflictividad aumente y se generen procesos violentos. Sin la adecuada interpretación de esta cosmovisión de vida propia de los pueblos indígenas se esta impulsarán modelos sin construcción plural e integradora que solo generarán más violencia.

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