Menú Cerrar

El Death Squad Dossier (II)

El 20 de mayo de 1999 la ONG National Security Archive dio a conocer un «registro militar interno» que revelaba «el destino de 183 desaparecidos», afirmándose que era «el único documento conocido de su tipo».

Por: Rolando Orantes

Tras revisar los documentos de la época queda claro que los responsables de los secuestros fueron miembros de El Archivo, el reconocido “escuadrón de la muerte” conformado por desconocidos vestidos de civil, que en años anteriores recibiera el nombre de La Regional y que no era sino la unidad de inteligencia del Estado Mayor Presidencial.[1] Es fácil demostrar que recibían, además, el apoyo del Quinto Cuerpo o Batallón de Reacción y Operaciones Especiales, estructura policial contrainsurgente creada durante el gobierno de Ríos Montt, de formación militar y que actuaba en público vistiendo sus uniformes azules de combate.

El Diario es un guion del horror. Una oficina con gritos de fondo, una máquina desvencijada, fotos arrancadas de los documentos de identidad o fotocopiadas. Allan Gatica tomó cianuro y lo fotografiaron muerto. Dijeron que «debido a su poca constitución física, le falló el corazón». Su compañero Sergio Vinicio Samayoa Morales, herido en la cabeza, fue rescatado por paramédicos y llevado al Hospital Roosevelt, de donde oficiales vestidos de civil lo secuestraron en medio de un violento despliegue. Algún funcionario de la Embajada comparó el suceso con la famosa escena de El Padrino. Según el Diario «se coordinó con la D.I. para su recuperación, lo que fue efectivo». Apareció, con evidentes muestras de su paso por la sala de urgencias, tirado en alguna calle de la ciudad. Prácticamente toda su familia había sido asesinada en los años previos por las fuerzas de seguridad. Cuando, el 8 de marzo, los militares secuestraron a Luz Haydee Méndez Calderón, los vecinos, alarmados ante la presencia de hombres armados que literalmente habían tomado la casa, llamaron a la policía. Les respondieron que no se preocuparan, que se trataba de un operativo de las fuerzas de seguridad.

La mayoría de los capturados tenían un destino común: 300. A uno de los dirigentes del PGT-PC asesinado en las calles de la ciudad, «se lo llevó Pancho». López Aguilar apareció destrozado y quemado por la electricidad en la avenida de Las Américas. Otro dirigente guerrillero escapó saltando la barda de una embajada, inventándose un contacto mientras daba evasivas y decía no conocer a un compañero horrorosamente torturado, «un tipo bien preparado con una mentalidad revolucionaria notable» según sus secuestradores, llamado Silvio Matricardi, quien, asesinado tras intentar escapar, fue arrojado a la orilla de una carretera, «con trozos de músculo literalmente arrancados por el flagelo», según dijo la prensa.

Algunos sobrevivientes calculan haber sido llevados a las instalaciones de la Escuela Politécnica o la Guardia de Honor. Otros creen haber estado en casas particulares, pero recuerdan el sonido de los clarines al amanecer. Pese a las evidencias, la negación oficial continúa hasta hoy, necia y constante. No importa que tras el descubrimiento fortuito del Archivo Histórico de la Policía Nacional se descubrieran numerosos documentos en los que se narran historias idénticas a las de las denuncias, o que hace algunos años aparecieran los cuerpos de seis personas nombradas en el Diario en un destacamento militar en Comalapa. En 2008, los funcionarios gubernamentales sugirieron en una audiencia ante la CIDH que el documento podía haber sido fabricado por las organizaciones de derechos humanos.

El hermano de Manolo había sido fichado en 1976, detenido durante una acción de propaganda armada en un asentamiento popular. Un par de años después moriría durante un enfrentamiento en el que participaron docenas de agentes y un helicóptero. Manolo murió el 28 de noviembre de 1983 a inmediaciones del Congreso, a una hora en la que el centro de la ciudad suele estar nutridamente transitado. Una docena de transeúntes resultó herida y murió un señor que esperaba haciendo fila junto a su familia en las oficinas de migración. Los militares, luego de disparar indiscriminadamente ráfagas de Galil por varias cuadras, pasaron una de las páneles que utilizaban durante los secuestros para destruirle el cráneo a Manolo.

Durante el tiroteo, su compañero, Omar, destruyó el parabrisas de uno de los vehículos utilizados por los secuestradores y varias horas más tarde, tras conseguir escapar y siendo perseguido en la zona 12, hirió a varios agentes de seguridad. Finalmente resultó herido y fue trasladado, según el mismo Diario y documentos policiales, al Hospital del Segundo Cuerpo. Nunca apareció. Internamente, la policía reportó que durante su captura participaron elementos de inteligencia y miembros policiales. A la prensa declararon únicamente el hallazgo de folletos, pelucas, brazaletes y algunas pistolas. La policía le calculó unos 19 años.

El Diario nos demuestra que las acciones de contrainsurgencia no fueron obra de agentes que actuaban en sus horas libres, ni de elementos descontrolados de la ultraderecha. No se trata tampoco de si los muertos pertenecían o no a organizaciones clandestinas. Pero sus captores y torturadores eran agentes estatales que infringían deliberadamente la ley que decían defender y en formas que en cualquier época y lugar atentan contra la dignidad humana. Mientras los responsables gozan de una vida acomodada y sin preocupaciones, los familiares de los desaparecidos siguen esperando, tras tantos años, que lleguen la verdad y la justicia.

[1] Sus nombres completos fueron Archivo General y Servicios de Apoyo y, previamente, Centro Regional de Telecomunicaciones, oficina fundada con el auspicio de la USAID en 1965.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *