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El monstruo tiene la llave de su propia jaula -o por qué Peña Nieto debería haber conocido a Einstein-

México aprobó una nueva ley de telecomunicaciones altamente restrictiva. ¿Por qué deberíamos preocuparnos en otros países?

La creencia popular dice, con bastante sustento empírico, que el grupo Televisa pone a los presidentes en México. Peña Nieto, con cada uno de sus cabellos correctamente peinados y su esposa y vida de telenovelas, no es la excepción. Pero aquello no es gratuito.

Tal vez el actual presidente tendría que haberse cruzado en algún cóctel elegante con Albert Einstein para que el físico le pudiera decir, como escribió en “¿Por qué el socialismo?”, que el poder del capital no puede ser controlado por la democracia “porque los miembros de los cuerpos legislativos son seleccionados por los partidos políticos, financiados en gran parte o influidos de otra manera por los capitalistas privados”. Aunque probablemente ya lo sepa, y no le importe, total los favores se devuelven con otros favores.

El pacto partidario de reforma del Estado

A fines de 2012, los tres partidos históricos de México —PRI, PAN y PRD– firmaron un acuerdo político denominado Pacto por México el cual incluía una serie de reformas constitucionales con el objetivo de, al menos en el papel, fortalecer al Estado, ampliar derechos y fomentar la participación ciudadana en el diseño y la ejecución de políticas públicas.

Uno de los puntos clave del pacto fue la reforma de telecomunicaciones. La iniciativa, urgente y necesaria, estableció un marco general para la nueva política pública en la materia. Estas reformas estaban organizadas en 12 puntos que iban desde la garantía del derecho al libre acceso a la información, hasta temas de inversión extranjera, Televisión Digital Terrestre, infraestructura y política de inclusión digital. Se puede descargar el documento de la iniciativa de reforma aquí.

Del pacto a la legislación hay un trecho

Esta iniciativa requería la aprobación de legislación secundaria (así llamadas las leyes específicas ya que la ley primaria es la Constitución) que adaptara el marco jurídico a los nuevos requerimientos constitucionales. Y aquí es donde comenzó la debacle: el pago de favores electorales, las jugadas financieras de Slim para evitar ser proveedor preponderante en el sector de telecomunicaciones, esquivar las obligaciones correspondientes y poder acceder a la oferta de servicios en otros sectores, cuotas excesivas de publicidad y la aprobación de mecanismos que terminan favoreciendo los intereses de los grupos dominantes de siempre.

Gran casualidad, la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano fueron aprobadas por la cámara de diputados —sin ninguna modificación (¡ni una!) al paquete aprobado por Senadores- el miércoles 9 de julio, día en que todos los ojos estaban puestos en la semifinal del Mundial de fútbol.

Contradicciones de papel

El amplio cuerpo documental con el que cuenta la presente ley tiene aspectos positivos y que cumplen con estándares internacionales en materia de respeto a los derechos a la comunicación. Por ejemplo, el artículo 145 explicita que los concesionarios que presenten servicios de Internet deberán sujetarse a los lineamientos de libre elección, no discriminación, privacidad, transparencia y calidad.

Sin embargo, para el asombro de unos y la resignación e indignación de tantos otros, muchos de los artículos de la legislación complementaria van en contra del espíritu de la reforma de telecomunicaciones propuesta en el Pacto por México que expresaba un interés de ampliación de derechos.

La flamante ley es tan amplia que necesitaríamos varias páginas para poder analizar cada uno de los puntos conflictivos como son las competencias del Instituto Federal de Telecomunicaciones, las responsabilidades de los actores preponderantes del sector o las cuotas de publicidad para radio y televisión. Para más detalle, se puede acceder al texto aprobado de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aquí y se pueden visitar los artículos publicados por Zocalo, AMARC, El Financiero o Animal Político.

Telecomunicaciones, privacidad y participación política

Uno de los aspectos que generó mayores críticas por parte del espectro de organizaciones sociales de defensa de los derechos humanos en México y la región fue el título octavo de la Ley, denominado “De la colaboración con la Justicia”. En él se detallan los mecanismos a través de los cuales los proveedores de servicios de telecomunicaciones tienen que colaborar en materia de seguridad y justicia, a riesgo de ser sancionados con multas. Aquí es cuando el terreno se pone escabroso. ¿Cuáles son los límites para la garantía de los derechos a la comunicación, la libertad de expresión, la reunión o el acceso a la cultura?

La piratería y el terrorismo son catalogados por los Estados —y sus grandes aliados, los grandes capitales- como los peores males de nuestros tiempos. Hay que hacer lo imposible para combatirlos y garantizar la seguridad nacional aunque para hacerlo haya que pasar por alto algunos —”algunitos”- derechos ciudadanos.

Si bien la Ley estipula que las comunicaciones privadas son inviolables, el artículo 190 determina que los concesionarios de telecomunicaciones deben colaborar con la justicia de las siguientes maneras:

  • con geolocalización de dispositivos móviles en tiempo real (inciso I);
  • con la conservación de un registro y control de comunicaciones realizadas desde cualquier línea estableciendo: nombre y domicilio del suscriptor; tipo de comunicación y servicios empleados; datos para rastrear el origen y destino de las comunicaciones; fecha, hora y duración de las comunicaciones; y, posicionamiento geográfico durante las comunicaciones. Los datos deberán conservarse por un plazo de doce meses en un sistema que permita la consulta en tiempo real y luego doce meses más en sistemas de archivo que permitan la consulta en 48 horas (inciso 2);
  • con la creación de un área específica que pueda atender los pedidos de información por parte de las autoridades competentes, 24 horas al día los 365 días del año (inciso IV); y,
  • con la realización de investigaciones para llegar a soluciones tecnológicas que permitan inhibir y compartir la utilización de dispositivos de telecomunicaciones en caso comisión de delitos o de amenaza a la seguridad nacional (inciso XII).

Y como la tendencia de consumo de Internet a través de dispositivos móviles va en aumento, los registros y el control de las comunicaciones no son solamente sobre las comunicaciones telefónicas sino, también, sobre nuestros consumos en Internet.

Este artículo, con todos sus incisos, es uno de los tantos intentos que los Estados hacen por legislar las comunicaciones, tanto masivas como interpersonales. Pero no lo hace bajo una lógica de protección de la privacidad y garantía de la libertad de expresión sino de control y persecución, con la excusa de garantizar el orden y la seguridad nacional.

De esta manera, se contradice la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobada el 18 de diciembre de 2013 sobre el derecho a la privacidad en la era digital la cual exhorta a los Estados a que “[e]xaminen sus procedimientos, prácticas y legislación relativos a la vigilancia y la interceptación de las comunicaciones y la recopilación de datos personales, incluidas la vigilancia, interceptación y recopilación a gran escala, con miras a afianzar el derecho a la privacidad, velando por que se dé cumplimiento pleno y efectivo de todas sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos; (…)”. Y otros tantos estándares internacionales más.

Impacto regional

Ahora, por qué debería importarnos esto a los que vivimos en otros países, se preguntarán el resto de los latinoamericanos que no estamos en México. En primer lugar, por un interés general de que se garanticen a nivel regional los derechos fundamentales de la ciudadanía. Pero, por sobre todo, porque este tipo de legislaciones significan el avance de una tendencia impulsada por por los países centrales —Estados Unidos a la vanguardia- de tener un control minucioso sobre las comunicaciones mediadas.

La libertad de expresión libre de vigilancia por parte de los Estados y las empresas representa un elemento clave para la para garantizar entornos que favorezcan el desarrollo de aquellos procesos de participación política necesarios para la profundización de nuestras democracias.

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