El reto del coronavirus

El avance del COVID-19 es una realidad a la que deben hacer frente todas las sociedades del mundo.

Luego de conocer los trágicos efectos de esta pandemia en lugares como Italia, China o Irán, los demás pueblos deben prepararse para afrontarla con todas las disposiciones técnicas en materia de salud pública que se requieran y, también, en materia económica y social. Los gobernantes deben privilegiar la protección de la vida de las personas por sobre cualquier otro objetivo y la ciudadanía debe actuar responsable y solidariamente.

En situaciones críticas como la presente, se necesitan liderazgos enérgicos y eficientes, pero, sobre todo, convencidos humanistas que sepan utilizar todos los recursos de las naciones a favor de los habitantes. En estos casos, las voces de los privilegiados de siempre deben acallarse unos instantes para hacer oír las voces de los vulnerables, los desprotegidos por la privatización de los sistemas de salud y seguridad social, los que no pueden acceder a los contados empleos formales dignos, los que no alcanzan a acceder a agua potable o luz eléctrica.

Es por ello que cabe la pregunta: ¿cómo se está afrontando esta crisis humanitaria en Guatemala? Al ponderar una respuesta, surge la inquietud de si las autoridades tienen consciencia de la trascendencia de la situación para la mayoría de los pobladores. Y la pregunta inicial se vuelve más compleja: ¿en función de qué objetivos están planificando la contención del virus y la satisfacción de las necesidades de las personas que mayor auxilio demandan ahora y en los momentos inmediatamente posteriores a lo peor de la espiral de la crisis en que estamos?

Para responder a dichas preguntas, es necesario reconocer la naturaleza clasista y racista del Estado de Guatemala que en condiciones “normales”, lejos de preocuparse por contener la desnutrición, el analfabetismo o la violencia contra la mujer, constituye un comité de gestión de las ganancias de los grandes empresarios y de sus empleados de confianza. Sobre esta naturaleza hay poco que ahondar, pues para el efecto existen infinidad de datos que señalan que el país es un paraíso de privilegios e impunidad para unos pocos y una pesadilla para la mayoría.

En este sentido, le ha correspondido conducir el poder público a Alejandro Giammattei, un hombre de carácter autoritario e irascible que antes de la situación en que nos encontramos ya había demostrado su locura por el poder al buscar la presidencia durante 20 años y, al obtenerla, planificar un gobierno basado en estados de excepción. En este sentido, la excepcionalidad que requiere la pandemia le ha quedado como anillo al dedo para ser el centralizador de la verdad oficial, el que se refiere a sus súbditos cuándo y cómo quiere, el que desprecia a periodistas y que constantemente recalca que la potestad para restringir los derechos es completamente «suya».

En tiempos en que una serie de gobiernos, colegiados o no, actúan muy claramente anteponiendo la protección y salvaguarda de los y las ciudadanas de sus respectivas naciones a intereses partidario-ideológicas, proyectos políticos, de ley, de infraestructura y demás, el gobierno guatemalteco solo aparenta yendo en esta misma línea. Mientras gobiernos alrededor del mundo, aun aquellos que han estado bajo lluvias de críticas internas durante los últimos meses, ponen a disposición enormes recursos financieros para echar la mano a pequeñas y medianas empresas, desempleados, padres que deben quedar en casa porque sus hijos e hijas no pueden ir a estudiar, y todo en el sentido de que lo material puede volver a hacerse mas no así la vida, en Guatemala, la sobrevivencia económica se deja en manos de las partes –patronos y trabajadores- para que se pongan de acuerdo, demostrando así campantemente una ignorancia intencional de la historia.

Al contrario, el presidente ha impulsado una ampliación al presupuesto general de la nación, solo que para fines distintos a la mitigación de los efectos de la crisis sanitaria ni para poner a tope el sistema de salud pública que lleva años de degenerar y perderse en politiquería promovida por ministros, viceministros y demás puestos clave a través de la corrupción y los negocios tendientes a favorecer los intereses de individuos en vez de la población.

La precaria infraestructura de salud pública en Guatemala tiene una gran oportunidad –tristemente- en esta crisis viral. La ampliación presupuestaria, a partir del estado de calamidad, podría solventar tantas carencias, primordialmente en función de enfrentar el fenómeno del coronavirus y, a la vez, para enmendar las negligencias toleradas durante tantos años, que impiden ofrecer a la población un sistema de salud funcional y accesible. Lamentablemente, nada de esto. En su lugar, se procede a la privatización del desastre: Se erigen hospitales de campo –el primero en el Parque de la Industria de la capital, otros seguirán en distintas partes del país- a partir, principalmente, de donaciones en efectivo y materiales de parte de las empresas de siempre quienes luego tendrán a sus pies a gobernantes y gobernados por su altruistísima actitud; y que cuentan con el beneficio de que sus logos, imágenes y eslóganes estarán omnipresentes en las noticias  y conferencias de prensa correspondientes. Y esto que no se trata de un evento deportivo ni de festival playero alguno, sino de salvar vidas y prevenir el esparcimiento de una enfermedad altamente contagiosa y mortal para determinados sectores de la población.

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