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Elecciones y vigilancia de Estado

Antes como después, en época electoral los gobiernos salientes se valen de mecanismos, al menos ilegítimos, para mantener bajo vigilancia sus potenciales sucesores.

Por Silveria Miranda

La democracia representativa en Guatemala está inmersa en su noveno proceso electoral. Como sentada en el patio de butacas de un teatro en ruinas, la ciudadanía juega el rol de espectador de una pésima comedia con pretensiones moralizantes. Los actores hacen de candidatos a puestos de elección pública. En el foso de músicos están sentados quienes con sus notas influyen en el proceso encauzándolo hacia el 16 de junio; caben acá financistas, autoridades judiciales y electorales, actores internacionales, fuerzas de seguridad, etc.

Son ejemplos de escenas que conforman este espectáculo público las inscripciones en entredicho–Semilla/Aldana y Valor/Ríos–, viajes a la sede de la OEA para quejarse de la CICIG y la intención de desvirtuar leyes –UNE/Torres–, muertes violentas dentro de sus filas –MLP–, capturas por vínculos con el narcotráfico –UCN/Estrada–, candidatos que consideran injusto que criminales de guerra juzgados y condenados estén presos –FCN/Galdámez–, y discursos que no pueden entenderse si no es situándonos en el plano ideológico –Podemos/Arzú (Junior No. 1)–.

Pensando en estas cuestiones estaba, cuando decidí retomar una investigación en el Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN). Revisando algunos documentos, encontré un oficio que me hizo pensar en otro aspecto menos visible de esta pésima comedia: la vigilancia que desde el Estado ha de estar ejerciéndose sobre oponentes políticos, defensores de Derechos Humanos, activistas…

Contextualizando: el 5 de marzo de 1978 se celebraron en Guatemala Elecciones Generales. Resultó victoriosa la dupla general Romeo Lucas García y doctor Francisco Villagrán Kramer, postulados por la coalición partidaria PID, PR y CAO.[1] El Presidente y Vicepresidente salientes –general Laugerud García y Mario Sandoval Alarcón–, habían sido postulados en su momento por la coalición PID y MLN.[2]

Por medio del documento de archivo sabemos que el 28 de noviembre de 1977, mediante el Oficio Nro.-047/-Ref.Mdc.-, René Aguilar Prado, Jefe del Comando Seis, informó al Director General de la Policía Nacional –General Chupina Barahona– los resultados de un trabajo de vigilancia realizado.

El 27 de noviembre fueron nombrados los agentes de esta Sección (…) para que en forma estratégica investigaran la forma en que se iva (sic) a desarrollar la convención por parte del partido P.R.

Los agentes informaron que en la convención se presentó al candidato a la presidencia General de Brigada FERNANDO ROMEO LUCAS GARCÍA y para la vicepresidencia al Dóctor (sic) FRANCISCO VILLAGRAN (sic) KRAMER; acudió tambien (sic) a la convención el presidente del PID., Licenciado Donaldo Alvarez (sic) Ruíz, así como también el Secretario General del P.R., Licenciado Jorge García Granados (…)[3]

Las fuerzas de seguridad ejercían vigilancia sobre los candidatos que resultarían sentándose en la silla presidencial –y vicepresidencial– unos meses más tarde.

El 6 de agosto de 2018, el medio de comunicación Nómada reprodujo en Internet tres artículos de investigación de los periodistas de Nuestro Diario Ángel Sas y Coralia Orantes. Estos versan “sobre el espionaje ilegal de los gobiernos de Otto Pérez Molina, Alejandro Maldonado y Jimmy Morales”. Comparto la opinión de Edgar Gutiérrez sobre la calidad de la trilogía periodística (I, II y III), y nos parece acertado plantear al gobierno de Jimmy Morales como una continuidad “grotescamente degradada” del gobierno del general Otto Pérez Molina; es así, al menos en el plano de la experiencia sobre la gestión de la información que genera el sistema de inteligencia estatal.

Los artículos de Sas y Orantes evidencian millonarios gastos en equipo de cómputo –software y hardware por más de Q90 millones– utilizado para vigilar a opositores políticos, empresarios, periodistas, activistas de Derechos Humanos y hasta diplomáticos. Los periodistas muestran la contratación de personal –centenares de personas– para estas actividades y nos hablan de negociaciones que involucran instancias del Estado[4] y <un traficante de armas de nacionalidad israelí>.

Edgar Gutiérrez indica: “Si los del PP habían pasado cursos superiores de estado mayor, los de ahora son literalmente la Tropa Loca patéticamente disfrazada. [Quienes] Heredaron los aparatos de espionaje y (…) están haciendo un uso torpe de su poder.”

Yo, en mi rol de espectadora, pero informada de la importancia que ha tenido el sistema de inteligencia del Estado en las últimas cuatro décadas de la historia de Guatemala, escribo y propongo vínculos entre el pasado y el presente.

[1] Partido Institucional Democrático, Partido Revolucionario. CAO no era partido, solo un movimiento. Al convertirse en partido político, después de las elecciones de 1978, se denominó Central Auténtica Nacionalista, CAN

[2] Movimiento de Liberación Nacional.

[3] GT PN 24-09-02 S001, CUIT: 0007-6957882

[4] Dirección General de Inteligencia Civil (Digici), Policía Nacional Civil (PNC) y de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIE) e Industria Militar.

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