Embarazo adolescente: ¿Qué pasa después?

Continuación de nuestra serie dedicada a examinar el embarazo adolescente desde una perspectiva de derechos. En este texto presentamos 3 consecuencias

Por CEPPAS GT

Lo cierto es que pasan muchas cosas. Todas ellas desfavorables para el futuro de las niñas y adolescentes víctimas de esa maternidad forzada. Como vimos en el artículo anterior derivado de la persistencia del sistema patriarcal y la falta de educación integral en sexualidad se puede concluir que estos son casos donde la maternidad es impuesta desde muy temprana edad. En esta entrega analizaremos 3 de las principales consecuencias que enfrentan hoy en día miles de mujeres.

1. Niñas teniendo niños
Frase tomada de la exposición fotográfica de Linda Forsell que retrata las vidas de estas niñas que las convierten en madres. Diversos estudios internacionales establecen que antes de los 20 años una mujer no está preparada física o mentalmente para afrontar las exigencias que requiere un embarazo, corren el doble de riesgo de morir durante el embarazo o parto debido a su corta edad. Según datos de la OMS, “…En los países de ingresos bajos y medianos, los bebés de madres menores de 20 años se enfrentan a un riesgo un 50% superior de mortalidad prenatal o de morir en las primeras semanas de vida que los bebés de mujeres de 20 a 29 años.

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En el caso de Guatemala, según datos del OSAR que ya hemos indicado en los artículos anteriores, entre enero y agosto de 2015 se registraron 4,431 embarazos en niñas de 10 a 14 años de edad. Esto presenta graves complicaciones para la niña pues según opiniones de expertos no tiene la madurez corporal necesaria para soportar adecuadamente la carga que representa un parto en esas condiciones.

Además, la corta edad de las madres representa un obstáculo adicional para los bebes pues no son capaces de brindarles los nutrientes esenciales para su adecuado desarrollo. Según un informe de UNICEF sobre desnutrición infantil el embarazo y los primeros 1,000 días del bebe son críticos para su desarrollo “…En esta etapa es cuando se produce el desarrollo básico del niño, por lo que la falta de atención adecuada afectará a la salud y el desarrollo intelectual del niño el resto de su vida”. En Guatemala dadas las condiciones de pobreza y extrema pobreza en que vive gran cantidad de la población dicha expectativa de los mil días no es cumplida y el Estado no brinda alternativas viables para suplir esas necesidades.

2. Se trunca el proyecto de vida
Un embarazo a temprana edad supone que las niñas y adolescentes renuncien al proyecto de vida que alguna vez se pudieron haber planteado. Al no tener independencia económica o madurez sicológica dependen casi enteramente de las decisiones de sus padres y/o del nuevo cónyuge y/o de la suegra. En su gran mayoría las niñas son retiradas de la escuela para que atiendan a sus hijos, relegándolas a las tareas del hogar. Esto provoca que posteriormente no podrán acceder a trabajos calificados lo que incidirá directamente en la remuneración que reciban por el mismo y la capacidad que tengan de independizarse de sus hogares.

Respecto de su salud mental —que incide directamente en la posibilidad de (re)construir ese proyecto de vida—, muchas de ellas debido a ser víctimas de violencia sexual en el embarazo generan cuadros de depresión, temor, tristeza, enojo, culpa, pensamientos recurrentes sobre la situación vivida, intranquilidad, miedo y vergüenza. Esta situación las imposibilita para construir un futuro, sin la menor consideración se las ha privado de su futuro; y colateralmente, a los hijos se les está condenando a una situación similar. Las niñas se encuentran en una situación que no terminan de entender y de la cual no pueden escapar.

Nuevamente, los esfuerzos del Estado han sido insuficientes en brindar condiciones materiales que les permitan a las niñas acceder a condiciones que les permitan reconstruir sus vidas en condiciones de dignidad y con pleno respeto a sus derechos. Varios estudios han mostrado barreras de acceso a los servicios, como asignación presupuestaria insuficiente, baja calidad de atención, reducida capacidad resolutiva de los problemas que enfrentan las mujeres, actitudes (estigma, discriminación), mecanismos institucionales deficientes o que comprometen la seguridad de las víctimas, limitado acceso a la justicia, concentración de los servicios en zonas urbanas, altos costos de la atención, entre otros. Los planes y proyectos que se han implementado no han impedido, en primer lugar la alta incidencia de embarazos adolescentes; y en segundo lugar, brindar una atención adecuados a esas niñas víctimas de una maternidad forzada.

3. Perpetuación de círculos de la violencia y de la pobreza
La persistencia del sistema patriarcal que fue mencionado en el artículo anterior como causa de los embarazos adolescentes, se convierte a su vez en consecuencia, permitiendo así la perpetuación del ciclo de la violencia hacia las mujeres. Las estadísticas demuestran que casi la totalidad de las violaciones sufridas por las niñas menores de 14 años son perpetradas por familiares o personas cercanas a la familia, con el agravante que en muchos casos los embarazos son ocultados y los agresores protegidos, dejando a las niñas víctimas en estado de indefensión.

Debido a que las niñas permanecen dentro del dominio paterno es muy difícil identificar a tiempo situaciones que pueden desencadenar en violencia. Cuando los casos llegan al sistema de salud muchas veces es demasiado tarde para aplicar medidas preventivas, puesto que las niñas llegan con el embarazo avanzado o bien ya presentando complicaciones tales como preeclampsia, anemia, infección del tracto urinario, complicaciones del parto, problemas del crecimiento intrauterino, parto prematuro y recién nacido de bajo peso.

El sistema de justicia presenta cifras alarmantes en cuanto a su efectividad para perseguir delitos sexuales, situación que también permite que el ciclo de violencia en contra de las mujeres se perpetúe. De acuerdo con estadísticas oficiales de 21 mil 232 violaciones sexuales, solo se lograron 1 mil 275 sentencias, lo cuál pone en evidencia el enorme problema que tiene el Estado para castigar este tipo de delitos. Aun si tomamos en cuenta los 4,431 casos de embarazos en niñas menores de 14 años, que por mandato legal se deben considerar como violaciones sexuales, no se evidencian avances significativos en las condenas logradas por estos delitos.

Frente a estos escenarios de violencia machista se suma otra variable: la perpetuación del círculo de la pobreza. Una niña que ha sido violentada, que se le ha truncado su proyecto de vida, que no se le ha permitido educarse, que no se le han brindado condiciones para que crezca de manera integral y con pleno respeto de sus derechos, difícilmente puede brindar a su hijo condiciones distintas a las que a ella le han tocado vivir. Esta situación multiplicada por los miles de casos que ocurren anualmente, se convierte en una espiral descendente donde en lugar de brindar un mejor futuro a las siguientes generaciones, sólo las estamos condenando a una vida de exclusión y violencia estructural cada vez más agudas.

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