¿En qué nos afecta la elección del próximo/a Fiscal General? (3)

¿Qué delitos perseguirá el próximo Fiscal General? ¿Perseguirá el narcotráfico y corrupción o rateros de esquina y consumo de marihuana? Es una elección clave.

Como se ha venido indicando en varios artículos, el MP es una institución muy poderosa porque sus decisiones pueden afectar la vida, libertad y propiedad de las personas. Sin embargo, depende de los tres poderes del Estado:

– El Congreso crea, modifica o elimina los delitos que puede perseguir y prestablece el tipo de respuestas que puede ofrecer a la población.
– El Presidente, además de nombrar al Fiscal General, es quien asigna presupuesto y controla a los agentes de policía que auxilian en tareas de investigación, detención y resguardo de posibles implicados en delitos.
– El Organismo Judicial le da la razón, validando o no sus peticiones y argumentos a través de resoluciones y sentencias.

Es por lo anterior que es fundamental que sea un ente independiente, técnicamente preparado y éticamente apto para ejercer el poder que la Constitución y las leyes le asignan. De lo contrario, se convierte en un mero instrumento de los gobernantes de turno para cuidar a sus amigos y financistas y atacar a su competencia, como ocurrió durante sus primeros 25 años de existencia (1994-2009).

La política criminal del Ministerio Público

Cientos de miles de casos ingresan anualmente como noticias o denuncias al Ministerio Público. Algunos son muy graves (como un asesinato o una violación) y otros no tanto (como el robo de una billetera en una cola del Transmetro o una amenazada devenida de una riña entre dos vecinos). Sin embargo, graves o no, la obligación de la institución es darle una respuesta a todos y cada uno de ellos, por lo que necesita organizar idóneamente sus limitados recursos para lograrlo.

Esta posibilidad y necesidad de organización para dar respuesta a todos los casos que se le plantean constituye el centro de la política criminal de la fiscalía. Un Fiscal General debe conocer qué recursos materiales y humanos posee y la cantidad y calidad de delitos que se cometen para decidir:

– ¿En cuáles fenómenos criminales va a concentrar más recursos o personal más especializado debido a la mayor capacidad de daño que generan a la población en general? (Narcotráfico, Corrupción, Extorsión, Violencia Sexual, etc.).
– ¿Qué delitos no tan graves pueden ser analizados globalmente para darles una respuesta satisfactoria genérica? (Robo de celulares en una avenida del país, asalto a buses urbanos en una zona determinada, daños a la propiedad en un sector específico, etc.).

Además de ello, con base en las leyes que lo rigen, debe instruir a su personal sobre qué delitos debe investigar para buscar una sentencia condenatoria y qué delitos en cambio puede tratar de resolver en forma rápida, si es posible por mecanismos simplificadores e incluso por la vía de la conciliación. En todo caso, en este mismo sentido, debe decidir también qué delitos son tan difíciles de probar que intentar hacerlo es una pérdida de tiempo por lo que es mejor pedir la clausura provisional e incluso su cierre definitivo o archivo.

Diferentes Fiscales Generales, diferentes políticas criminales

Lo anterior es válido para cualquier Fiscal General. Como ya se mencionó dos veces en este artículo, los recursos son pocos y los casos a resolver son muchos. Un aspirante a fiscal que ofrezca resolverlo todo no hace más que pura propaganda política y en el supuesto caso de que un buen intencionado lo intentara, no haría más que hacer colapsar a la institución porque entonces no resolvería ni delitos graves ni menos graves.

Esta situación puede observarse en el tiempo cercano. Así, por ejemplo, discursivamente, antes de 2010 los fiscales generales se mofaban de que resolverían todos los delitos, pero en la práctica eran administraciones muy inútiles. A lo sumo, los fiscales de Juan Luis Florido para atrás lograban resolver 2 de cada 100 casos. A ello debe sumársele que muchos de esos casos frustrados fracasaban intencionalmente, porque los jefes del MP y sus allegados exprofesamente escondían pruebas o robaban expedientes para estancarlos, a cambio de coimas o por órdenes del crimen organizado.

Con la llegada de la Dra. Claudia Paz y Paz a esta institución, la situación cambió. Uno de sus primeros actos de política criminal fue determinar que 80% de sus recursos se centrarían en el asesinato, violación sexual, extorsión, secuestro y otros, en tanto que para el restante cúmulo de delitos dedicaría el 20% de recursos, pero maximizando el método de trabajo para abordarlos.

Para efectos prácticos, esta maximización de métodos de trabajo consistió en una reingeniería del modelo de gestión, es decir la línea que va desde la recepción de una denuncia hasta alcanzar una salida positiva. A las personas con mejor empatía se les debía asignar a tareas de trato con las personas para buscar salidas alternativas, a los más sagaces se les enviaría a investigar y a los más elocuentes al litigio.

Gracias a las anteriores decisiones político criminales, el Ministerio Público por primera vez aumentó su capacidad de respuesta, llegando en promedio a 78%. Además, resolvió casos de alto impacto que elevaron la moral de los fiscales porque sintieron por primera vez que podían ser útiles para la sociedad.

Con la transición de fiscalía en 2014, Thelma Aldana sostuvo el mismo esquema de trabajo, aunque no lo profundizó. Sin embargo, tomó la decisión de enfocarse en los casos de criminalidad de cuello blanco o delitos político-económicos, campo en el que ha obtenido muy buenos resultados en términos de investigación penal. El análisis de su eficacia en otras materias es un estudio que se está pendiente de realizar.

¿Por qué nos afecta entonces la elección de un nuevo fiscal?

De lo anteriormente dicho se extrae que la próxima persona que dirija el MP podrá decidir si prefiere dedicarse a investigar a 1,000 ladrones de celulares y carteras en las pasarelas del país o si continúa con la línea de investigar al narcotráfico y a los grandes saqueadores del erario. Puede también decidir si los procesos por violaciones graves a los Derechos Humanos serán engavetadas maliciosamente y en cambio se redoblarán esfuerzos por perseguir a mujeres y hombres que defienden los recursos tierra y agua dentro de las comunidades. Puede decidir también si prefiere llegar hasta las últimas consecuencias contra una persona que compra una ínfima cantidad de marihuana para el consumo o si les aplica criterio de oportunidad y se dirige mejor contra los capos que pasan kilos de cocaína de oriente a occidente del país.

Aunque la criminalización de los defensores del territorio nunca ha disminuido, bajo el perfil de un fiscal general que trabaja o aspira trabajar para las hidroeléctricas o mineras puede ascender exponencialmente en cantidad y brutalidad. El mismo riesgo corren los juicios de justicia transicional porque un abogado egresado de un instituto militar por complicidad gremial cerrará los importantes casos de delitos de lesa humanidad que actualmente avanzan en sus investigaciones e incluso invocará argumentos tales como la ley de amnistía. Ya no se diga lo que pasaría si un fiscal general fuera empleado o parte directa de los ex partidos políticos Lider y Partido Patriota, pues seguramente corrompería la prueba que la CICIG planea e intencionalmente perdería todos los casos por corrupción que se siguen.

Deja un comentario