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¿Es Guatemala un narco-Estado?

La reciente noticia de la captura del candidato presidencial Mario Estrada en Miami, por delitos ligados al trasiego de drogas y al sicariato, hace imperativo que en Guatemala se reflexione como nunca antes sobre el grado de compenetración existente entre la política, la economía y el narcotráfico.

Existen elementos objetivos para determinar cuándo un Estado se ha convertido en un narco-Estado. El nivel de cooptación de las instituciones públicas es, acaso, el indicador más importante. Esto ocurre cuando, por ejemplo, presidentes, ministros, diputados, alcaldes, militares, policías, jueces, fiscales, periodistas, abogados, etc., trabajan abierta o veladamente para los diferentes carteles de la droga que operan dentro del territorio de un país determinado.

Así, los cargamentos de droga atraviesan los territorios nacionales de manera segura, de frontera a frontera, por tierra, aire o mar. Además, los capos gozan de protección especial por parte de las autoridades locales y nacionales y sus crímenes son institucionalmente negados o no investigados por parte del sistema de justicia. Y dicha protección se da no solamente en términos de respaldo legal, sino incluso en la puesta de servicio de los recursos públicos para ofrecerles seguridad.

También es un elemento objetivo de control del narcotráfico cuando existen territorios rurales o urbanos donde no hay más autoridad que la de los ejércitos privados de sicarios, entrenados y armados por las fuerzas de seguridad.

Finalmente, la cooptación de un Estado en este sentido se hace visible cuando los responsables de prevenir, investigar y perseguir penalmente el narcotráfico orientan la acción estatal en esta materia a fustigar al narcomenudeo para hacer pensar que existe una política al respecto.

Sin embargo, también hay factores subjetivos que caracterizan a un narco Estado. En general, se trata del grado de penetración de la cultura narco en la vida sociocultural del país, de sus élites y de las masas. La narcocultura, en este sentido, es más que la viralización de las narconovelas en la televisión nacional y la proliferación de la música de narco en las radios del país; es también la suntuosidad de unos pocos en un contexto de pobreza y pobreza extrema de muchos y la imposición de valores tradicionales como la religión y la familia en evidentes contextos de violencia institucional generalizada.

Se trata de grandes fiestas en las que participan gobernantes y terratenientes, edecanes, con finos licores y grandes viandas; de desfiles hípicos en los que los hijos de los ricos recorren las calles exhibiendo caballos pura sangre, armas de alto calibre, helicópteros, autos lujosos, guardaespaldas y joyas de oro. Se trata también de hombres en autos agrícolas del año disparando en parques centrales bajo las propias narices de la policía o en bares donde se comercian sexualmente niños, niñas y mujeres; de complejos habitacionales en zonas residenciales, con seguridad privada, para ricos y de la proliferación de centros turísticos o comerciales, restaurantes y hoteles lujosos dedicados al lavado de dinero y a la satisfacción de las clases medias y altas; de jóvenes que desean llevar una vida ostentosa como la anteriormente descrita sin esfuerzo alguno y que se desviven por obtener la gracia de los poderosos; de eventos de belleza financiados “generosamente” por algún buen y desinteresado ciudadano; de leyes que exoneran impuestos a ganaderos y hacendados; de sacerdotes y pastores que bendicen públicamente al que mayor aportación hace para las fiestas religiosas o para el mantenimiento de los Hogares de Dios; de altos índices de violencia homicida, como sucede en las regiones fronterizas y donde hay puertos y aeropuertos; de intimidación a periodistas independientes; de compadrazgos en la distribución de cargos públicos; de cooptación de abogados que sueñan con “defender” narcos para volverse millonarios; de lugares donde los servicios básicos no los presta el Estado, sino el “benefactor” de la localidad.

Un narco-Estado, pues, es una comunidad de relaciones en donde el narcotráfico, el latifundismo y el lavado de dinero de los sectores comerciales y financieros son apenas tres esferas de un mismo proceso de acumulación de capitales, favorecidos por la legitimación que la riqueza genera en los desposeídos, quienes, además, cada cuatro años votan por sus candidatos en los partidos políticos de derecha.

En vista de todo lo anterior y retomando lo relativo a la noticia citada al inicio de este artículo, la captura de Mario Estrada, y al conocimiento público que se hizo de que este sostenía cordiales reuniones con el presidente Morales y miembros de su gabinete, diputados, etc., es pertinente preguntarse: ¿es Guatemala un narco-Estado?

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