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Estados de sitio, ¿Vínculos con el pasado?

En el Ceppas hemos decidido dedicar este boletín a los estados de excepción. Pues, desde el 5 de septiembre recién pasado, a partir de la imposición de un estado de sitio, la población de 22 municipios en los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Izabal, Petén, Zacapa y El Progreso, ha visto seriamente afectada la cotidianeidad de sus vidas por la masiva presencia y el control ejercido por las fuerzas armadas y de seguridad.

Por Silveria Miranda

Según el Decreto Gubernativo 1-2019, ratificado posteriormente por el Congreso de la República, se suspendieron los siguientes derechos y garantías constitucionales en el área afectada: “libertad de acción, detención legal, interrogatorio a detenidos o presos, libertad de locomoción, derecho de reunión y manifestación y portación de armas […]”.

La reflexión sobre la aplicación de estados de excepción requiere una mirada hacia el pasado para entender el ejercicio del poder y el uso de la violencia. Así pueden encontrarse claves que permiten identificar las razones para la toma de este tipo de decisiones, las lógicas que las impulsan y sostienen, así como las tácticas y los mecanismos que emplean gobiernos y clases dominantes en contubernio, para controlar a la población y viabilizar el logro de sus intereses políticos y económicos.

En este sentido, se propone revisar algunos elementos relacionados con los estados de excepción implementados por el gobierno de facto del general Efraín Ríos Montt. El estado de sitio fue decretado el 1 de julio de 1982 y, tras sucesivas prórrogas, duró hasta el 23 de marzo de 1983.[1] Posteriormente, se decretó el estado de alarma en junio de este mismo año, marco legal que perduró hasta el derrocamiento de Ríos Montt a manos de su ministro de la defensa en agosto de 1983.

En primer lugar, pareciera que Ríos Montt utilizara el estado de excecpción como norma, pues casi el 70% de lo que tardó su gobierno de facto, rigió un estado de sitio primero y uno de alarma hacia el final de su gestión. Esto es relevante al considerar que el objetivo estratégico del movimiento militar que lo llevó al poder, consistía en la transformación política del Estado guatemalteco en su paso de gobiernos militares autoritarios a gobiernos civiles, pero dentro de una democracia capturada por las fuerzas armadas. Y es allí cuando empieza a encaminarse la apertura de la economía nacional, la privatización de los recursos públicos y la explotación de sus recursos naturales inmersos en la lógica del sistema capitalista global.[2]

El éxito de lo anterior contó con un ropaje de legalidad a nivel interno y externo, pues, aunque el régimen rompió el orden constitucional vigente desde 1965, creó uno ad hoc a través de su Estatuto Fundamental de Gobierno. Además, reconoció la total vigencia de la Ley de Orden Público, Decreto número 7 de la Asamblea Nacional Constituyente (vigente desde mayo de 1966). Estos dos cuerpos legales sirvieron para mantener, en apariencia, las garantías constitucionales habituales de la época, pues en la práctica estaban “legalmente” restringidas.

Finalmente, los decretos reiterativos de estado de sitio (y posteriormente de alarma) deben entenderse en un escenario mayor, alimentado por otras disposiciones legales, y operaciones estratégicas militares para combatir a las organizaciones revolucionarias y viabilizar el proyecto político propio de la cúpula castrense. El mismo día de la promulgación inicial del estado de sitio, también se publicaron dos decretos leyes que complementaban, el primero, la ley de movilización parcial del ejército (Decreto ley número 44-82) y, el segundo, el Decreto Ley 46-82 de los Tribunales de Fuero Especial. Además, este paquete de medidas contrainsurgentes se dio luego de finalizar un período de amnistía dirigida a presuntos y efectivos insurgentes.

Puede entenderse entonces que la estrategia contempló mostrar primero un gobernante magnánimo para luego justificar una política de mano dura que desembocó en genocidio.

Todo lo anterior quedó sintetizado en el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo que enmarcó la estrategia de los militares para vencer a sus enemigos políticos y <<devolver el poder a los civiles>>, controlando el proceso que condujo a la redacción de nuestra actual Constitución Política.

Haciendo un salto en el tiempo y analizando la confusa muerte de dos soldados en aldea Semuy II, El Estor, Izabal, no puede dejar de preguntarse si este hecho realmente plantea un riesgo a la seguridad del Estado, de las dimensiones que justifiquen el estado de sitio recién implementado, o si dicha medida responde más bien a objetivos similares a los nombrados en los párrafos anteriores.

Pues, ante la historia reciente del país y los vínculos del actual gobierno con militares del tiempo de la contrainsurgencia, los argumentos esgrimidos sobre la ingobernabilidad en ciertas regiones y, por ende, la necesidad de decretar estado de sitio, obligan a hacer estos ejercicios de comparación y análisis, especialmente trascendiendo el momento actual y ubicar los hechos en un marco más amplio de la historia del país y los esfuerzos de mantener determinado orden político y económico a toda costa.

Por último, es innegable que la geografía afectada por la decisión gubernamental de decretar estado de sitio coincide con la de sitios apetecidos por el gran capital, de diversas y dubiosas fuentes, para la expansión de proyectos extractivistas. Por ende, una postura crítica ante estas situaciones es un imperativo de carácter ético y demanda su análisis desde una perspectiva en clave de memoria histórica.

[1]El Decreto Ley 45-82 del 1° de julio estableció estado de sitio en todo el territorio nacional. Este fue prorrogado hasta el 23 de marzo de 1983 mediante los siguientes decretos: 61-82, 71-82, 76-82, 91-82, 101-82, 116-82, 4-83 y 17-83. El estado de alarma entró en vigencia mediante Decreto Ley 71-83 del 29 de junio de 1983.

[2]En la actual fase de acumulación neoliberal desde sectores poderosos se entienden ciertos territorios como espacios para el desarrollo de proyectos de industria extractiva.

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