Garantía de oportunidad

La discusión por la garantía de oportunidad para lograr la igualdad entre hombre y mujeres en el sistema político electoral.

Por: Miguel Kan

En Guatemala ante los serios problemas de desigualdad de género, económica, social, cultural; y, política, parece lejano un análisis entre iguales sin contemplar la existencia de garantías constitucionales para el efecto. Las garantías se manifiestan como las obligaciones que el Estado asume para lograr los derechos que otorga, en tal sentido el lograr más garantías es el avance progresivo para lograr el adecuado cumplimiento y ejercicio de los derechos otorgados.

Las diversas manifestaciones de desigualdad se dan incluso cuando se violentan las garantías fundamentales, éstas determinadas por el consenso mundial y la aceptación básica de derechos irrenunciables como lo es la igualdad. La igualdad es la condición básica para el ejercicio de la libertad y, en consecuencia, de la vida misma; de lo contrario existiría –como en la actualidad– una determinación sobre la cual ejercer la libertad y pero aún condicionantes para la calidad de vida.

Estas determinantes sobre la igualdad se aplican a todas las desigualdades ya mencionadas, no obstante en la palestra pública se ha discutido una relación desigual entre hombres y mujeres dentro del sistema político guatemalteco, que además abarcaba un análisis multiétnico conteste con la realidad diversa del país.

El sistema político electoral guatemalteco, se ha caracterizado por el grado de exclusión hacia las mujeres e indígenas de forma histórica, replicando el modelo de sujeción patriarcal y de discriminación racista. De lo anterior se ha visto como se ha consolidado un sistema de élites no representativas, contraviniendo de forma expresa a la garantía constitucional de oportunidad, la cual según la Constitución Política de Guatemala establece Art 4. “En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades (…)”

La oportunidad es entonces la garantía de acceso a ser seres humanos libres e iguales, no obstante sino existe una forma de garantizar dicho acceso, esta es retórica normativa que en la práctica hace que exista un total de 22 mujeres en un Congreso con 158 escaños. Esta situación no es nueva, El Congreso se ha caracterizado por tener una baja representación tanto de mujeres como de indígenas, quienes en su conjunto son más de tres cuartos del total de la población.

Sólo la población femenina es del 51.8% de un total proyectado de 16.2 millones de habitantes (ENCOVI: 2015), haciendo preocupante que la representación femenina únicamente cuenta con una representación del 25% del total de mujeres en el país. Estos datos contribuyen a la reflexión que la representación de las mujeres en el país es gravemente desigual frente a los hombres, dado que: La representación masculina en el congreso equivale al 195% de representación que correspondería al 48.2% del total de población, frente a un 25% de población femenina representada del 51.8% del total de población.

Ante tal situación, el análisis de igualdad es notoriamente diferencial, lo que se profundiza aún más en un sistema social con prácticas excluyentes en la toma de decisión.

La reforma fallida

La iniciativa de Ley 4974 proponía en su artículo 60 reformar el artículo 212 de la Ley Electoral y de partidos políticos con el siguiente texto:

Artículo 212. De la postulación e inscripción de candidatos. Los partidos políticos legalmente reconocidos podrán postular e inscribir candidatos para todos los cargos de elección popular. Los comités cívicos electorales podrán hacerlo para cargos de diputaciones distritales, alcalde y corporaciones municipales. Un mismo ciudadano solamente podrá ser postulado e inscrito para un cargo de elección popular y en una sola circunscripción.
 
Las planillas de postulación a cargos de elección popular deberán incluir en toma igualitaria a mujeres indígenas y ladinas o mestizas y hombres indígenas y ladinos o mestizos en forma proporcional a la composición del distrito electoral correspondiente de acuerdo con los datos del último censo nacional de población.
 
El orden de postulación deberá alternarse entre mujer y hombre, de manera que a una posición ocupada por una mujer siga la posición ocupada por un hombre, o viceversa, y así sucesivamente, para que tanto hombres como mujeres participen igualitariamente en cuanto al número y posición en las casillas.
 
El orden de postulación y alternabilidad de posición en las planillas deberán respetarse para la elección de todos los cargos de elección popular y para integrar los órganos internos de todas las instituciones reguladas por la presente Ley. La alternabilidad aquí indicada debe aplicarse en la ubicación de las candidaturas en todas las planillas inscritas por un partido político o un comité cívico electoral, y tanto hombres como mujeres encabezarán las mismas en igual número.
 
El Registro de Ciudadanos rechazará la inscripción de las planillas que no llenen las especificaciones del presente artículo.

La paridad implica una forma de acceso para garantizar la igualdad a todo nivel, la paridad, así, construye una plataforma que permite que el llegar al poder no sea una situación de privilegio que se obtenga a partir de la exclusión de quienes determinen en un Partido Político o un Comité Cívico quienes que en su mayoría son hombres mestizos; sino una representación que de forma directa tengan una vinculación al grupo que se hace representar.

Ante la luz del texto constitucional, se garantiza la oportunidad, siendo ésta una forma de acceder a la igualdad y la representación real. La garantía de oportunidades iguales es la aspiración de las reformas que no fueron aprobadas el día 29 de marzo de 2016.

No obstante la reforma no aprobada, la discusión en la realidad política nacional es en qué medida se logra crear acciones oportunas que materialicen la garantía de oportunidad para el acceso al derecho de igualdad y así lograr la finalidad de la Constitución, la que al momento, tras 30 años de promulgación es una carta de buenas intenciones.

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