Hablemos de la Constituyente

Todos los sectores la proponen como solución a los problemas estructurales de Guatemala. ¿Cuánta verdad hay en ello?

Políticos y ex políticos de todas las filiaciones ideológicas, sectores empresariales, académicos, analistas políticos, la curia, movimientos sociales y múltiples actores más han arreciado su voz cuando se refieren a aspectos estructurales del país y hablan del tema de reformar la Constitución. Desde reformas a algunos temas puntuales hasta la refundación del Estado, lo cierto es que se está volviendo común referirse públicamente al respecto.

Ante la creciente tendencia a invocar reformas constitucionales, nos vemos obligados a pensar y debatir algunos de los elementos contextuales que giran alrededor del tema; quizás sea muy temprano para empezar a hacerlo, o quizás ya sea tarde. De ello, el desarrollo del próximo periodo presidencial dará cuenta.

Empecemos haciendo mención de dos de los aspectos más torales: el por qué este tema está cobrando tanta importancia y cuáles serán los principales debates que se darán.

La Constituyente como ¿respuesta?

La importancia salta a la vista cuando observamos, a través de ejemplos concretos, que el conjunto de valores constitucional y la institucionalidad que genera ya no son suficientes para mantener un mínimo de equilibrio entre los poderosos, los que han perdido determinadas cuotas de poder y quienes no poseen ni han poseído nunca nada. De hecho, desde 1993 se determinó que, a falta de consensos dentro del ámbito constitucional, se acataría a la Corte de Constitucionalidad como el máximo árbitro en la vida política nacional, situación cada vez más evidente, y no necesariamente atenida al “espíritu” constitucional.

Debemos tomar en cuenta que la Constitución de 1985 fue un pacto formal entre militares y civiles para olvidar lo reciente y compartir el futuro, medido en términos del botín que genera la conducción de la cosa pública. Sin embargo, erróneamente, no se tomaron en cuenta estas circunstancias:

  • que la Constitución normalizó una crisis particular, la crisis del Estado guatemalteco de 1980-1982 y nada más, pues la demás crisis, las de larga duración, las permanentemente latentes, no fueron abordadas sino al contrario, eludidas, lo cual se deduce de un simple análisis: el de las fuerzas que realmente tuvieron voz en la constituyente respectiva;
  • que no tomaron en cuenta que los interesados en el botín no serían siempre los mismos, es decir que emergerían nuevos sujetos reclamando asociación;
  • que se otorgó una nueva Constitución pero que a más de la ausencia de un soldado uniformado dirigiendo una oficina pública, los habitus dentro de un Estado poco eficiente no variaron, pues el Estado que se entregó a los civiles ya venía corroído por el contrabando, el narcotráfico y la corrupción;
  • que la posibilidad de su puesta en práctica suponía la existencia de un Estado fuerte y protector, el cual ya en 1985 agonizaba en EEUU y Europa (y cuya facción en la constituyente era aún minoritaria).

¿A través de qué ejemplos concretos aseguramos que la síntesis constitucional ya es caduca? Por ejemplo, vemos a la Corte de Constitucionalidad derribando fallos del poder judicial, calificando leyes o destituyendo funcionarios públicos; la vemos erigiendo razón de Estado. La legitimidad constitucional ya no está en buscar que se cumplan las funciones de cada quien en el marco de la institucionalidad prevista. Está en la capacidad de influir sobre dicha corte.

Debates en torno a una reforma constitucional

De todo esto se desprende el segundo punto que planteamos: lo relativo a los grandes debates que surgirán conforme vaya incrementándose en audiencia el asunto de la Constituyente. A nuestro criterio pueden resumirse en los siguientes:

  • El planteamiento acerca del derecho y protección a la vida, pues por allí pasan necesariamente discusiones como el aborto o la pena de muerte.
  • El tipo de reconocimiento que se le vaya a dar a los pueblos indígenas, a su opinión, a sus territorios y en general a la globalidad de sus estructuras y demandas.
  • La función de la propiedad privada, pues por este principio pasan en el fondo desde elementos relativos al secreto bancario hasta la capacidad del Estado para regular espacios comúnes a la vida social.
  • La revisión del sistema de garantías individuales, en el contexto de un Estado que se asume en crisis permanente de seguridad.
  • El papel del Ejército en temas de seguridad ciudadana.
  • Las Comisiones de Postulación y la carrera judicial.
  • La temporalidad del periodo presidencial, la reelección, rendición de cuentas, etc.
  • Los fundamentos económicos y políticos del régimen electoral y de partidos.
  • La existencia misma de la Corte de Constitucionalidad.
  • El número y estructura del Congreso.

Dejamos planteado el debate no sin antes recordar que, salvo en el caso de un golpe de Estado, el debate por la constituyente se desarrolla dentro del Congreso de la República (sin obviar que las líneas de acción no precisamente se dan en la palestra), por lo que estas elecciones son primordiales para determinar su viabilidad inmediata o su postergación hasta que eventos impredecibles lo exijan.

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