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La consulta previa evita conflictos violentos

Hechos como el de Los Pajoques son síntoma de la negación del Estado guatemalteco a garantizar el derecho de las comunidades a decidir sobre su territorio.

Por Ernesto Archila

¿Cuántas veces hemos escuchado que al rechazar proyectos extractivos las comunidades se oponen al desarrollo? Los hechos ocurridos recientemente en la comunidad Los Pajoques, San Juan Sacatepequez, reflejan de la forma más cruda de la conflictividad generada por el modelo extractivo que impulsa el gobierno de Otto Pérez Molina y sus amigos empresarios. Sin embargo, estos pudieron ser prevenidos si el Estado asumiera con seriedad los compromisos asumidos con el Convenio 169, en especial el derecho a la consulta previa, libre e informada.

Este conflicto, como muchos otros que se pueden encontrar a lo largo de todo el territorio nacional, tiene sus orígenes en la imposición de un modelo extractivo a las comunidades indígenas y campesinas. Estos proyectos han sido impulsados en una alianza entre los gobiernos centrales y las empresas extractivas. Esta ecuación ha dejado afuera a las comunidades que han visto su entorno ambiental y social deteriorarse poco a poco, hasta llegar a niveles de extrema violencia como los vividos a finales de septiembre.

Desde CEPPAS compartimos los análisis que desde distintos espacios se han realizado sobre las causas y los alcances del conflicto, tales como la incapacidad del Estado de generar un proceso de diálogo efectivo, el descuido sistemático de los focos de conflictividad que generan mayor violencia y la poca capacidad de las instituciones de seguridad para la gestión de las crisis.

No obstante, con el objeto de proponer soluciones y salidas a esta compleja problemática, exponemos los siguientes puntos:

  • Se debe aplicar en su conjunto el Convenio 169 de la OIT, atendiendo a las particularidades y necesidades específicas de los pueblos. En ese sentido el Artículo 6 del citado Convenio indica que se debe “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.
  • Estos procedimientos deben realizarse bajo ciertos parámetros para considerarse válidos como herramienta de consulta. Deben tener la finalidad clara, regirse bajo los principios de obligatoriedad, buena fe, libertad, información adecuada, pertinencia cultural, precautoriedad, entre otros. Debe existir un proceso de acompañamiento de distintos sectores de la sociedad que puedan garantizar la correcta aplicación y transparencia del proceso. Debe de igual forma debe establecerse la forma en la que las comunidades podrán acceder a los beneficios; así como a las indemnizaciones por daños ocasionados en el marco de dichos proyectos. Ver Pisos mínimos para pensar en un procedimiento de consulta.
  • Por último, debemos indicar que si bien las conflictividades locales derivadas de los proyectos extractivos son complejas, herramientas como la consulta previa, libre e informada pueden contribuir a su adecuada gestión. Otorgándoles a las comunidades decisión sobre el tipo y modelo de desarrollo que desean para si mismas.

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