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La crisis electoral, los que la crean y los que se aprovechan de ella

Elecciones generales 2019: NADA CUADRA, TAMPOCO LOS NÚMEROS

Desde una óptica optimista, una crisis constituye una oportunidad para resolver una situación problemática, un desafío moral e intelectual para depurar lo que no sirve y construir lo que se necesita. Y lo anterior aplica para situaciones concretas de la vida de las personas, de las organizaciones y también de las sociedades políticas. Sin embargo, en Guatemala, las crisis no constituyen un reto en el sentido enunciado porque el estado de crisis está normalizado; se vive un permanente estado crítico y la gente llamada a resolverlas está profundamente ligada a sus causas o profundamente preocupada por sobrellevarla sin mayores altercados.

Esta situación se vio reflejada en la primera vuelta electoral recién transcurrida, ocasión en la que el Tribunal Supremo Electoral se lució por su incompetencia, poniendo en riesgo lo único sagrado que les queda a los guatemaltecos en términos de ciudadanía: la fe en la transparencia en el sufragio. Las graves deficiencias se hicieron evidentes en aspectos tales como los siguientes:

  • Ausencia de conducción política para lograr reformas electorales a la altura de las aspiraciones de los guatemaltecos, expresadas en las plazas desde 2015 y en diversas propuestas de modificaciones que se les hicieron llegar y que no pudieron y no quisieron defender frente al Congreso.
  • Complicidad para mantener con vida a los partidos políticos que tienen serias imputaciones por haber infringido la legislación electoral guatemalteca.
  • Arbitrariedad en la aplicación o no aplicación de criterios de prohibición por transfuguismo y de validación de finiquitos a determinados candidatos.
  • Incapacidad para evaluar la aplicación del artículo 113 constitucional, particularmente la idoneidad de los candidatos, inscribiendo a personajes públicamente ligados con el narcotráfico y comprometidos con la impunidad y la corrupción.
  • Omisión de investigación por denuncias de compra venta de votos a través de programas sociales de diversos ministerios a favor del partido oficial y de los partidos mayoritarios.
  • Omisión de investigación por amenazas al desarrollo del proceso electoral por parte de ex militares que posteriormente fueron beneficiados con bonos provenientes del erario.
  • Incapacidad para someter a los partidos a su disciplina en temas tales como el financiamiento o la forma de hacer campaña electoral según las reglas.
  • Incomprensión de cómo funcionaba su sistema informático al punto de que, cuando se señalaron las miles de inconsistencias en el conteo de votos, no tuvieron la menor capacidad de explicar qué estaba sucediendo.
  • Falta de transparencia con relación a las disposiciones internas llevadas a cabo para deducir responsabilidades administrativas a los culpables del desorden.
  • Amenazas de criminalización a los ciudadanos que cuestionaran la capacidad y transparencia de los magistrados.

A pesar de tantos desaciertos, cuando el Movimiento para la Liberación de los Pueblos denunció fraude, señalando poco a poco decenas de inconsistencias entre el número de votos reportados por las juntas receptoras de votos a sus fiscales, los votos reportados por las juntas receptoras de votos a la autoridad electoral y los votos finalmente computados y asignados por el tribunal a los partidos, lo que en cualquier país del mundo tendría que haberse tomado en serio y convertido en una oportunidad para identificar y combatir las falencias estructurales del sistema electoral, el rumbo seguido fue el siguiente:

  • Por una parte, diversas facciones de la narcoderecha pro militar corrieron a manipular la alerta de fraude con oscuras intenciones, tales como justificar su derrota o, en el mejor de los casos, obstaculizar la obligatoria transferencia de mando de su títere, Jimmy Morales, el próximo 14 de enero.
  • Por otra parte, la sociedad civil y los medios de comunicación progresistas se pusieron de alfombra a los inútiles magistrados negando el fraude, minimizándolo o banalizándolo. La excusa para tan deplorable acción fue la defensa de la “institucionalidad democrática del país”, atemorizando y desmovilizando a la población, en quien ven solamente a un bebé al cual cuidar, con que se estaba dando un golpe de Estado técnico, el cual amenazaba como nunca antes todos los logros democráticos alcanzados por la ciudadanía (el sarcasmo es mío)…

En otras palabras, de los visos de una profunda crisis, a decir, la caducidad y disfuncionalidad del sistema electoral, unos quisieron sacar grotesco provecho propio y espurio; y, otros, en cambio, se dedicaron a maquillarla y a repetir como pericos que sólo fue un pequeño error, que fácilmente se podría subsanar con el concurso de técnicos expertos en todo, para lo cual, humildemente se ofrecieron como consejeros o como consultores…

Las crisis son oportunidades para la transformación social, pero requiere de actores que quieran y puedan transformar, no de oportunistas y taimados que se quieran aprovechar de ello. Y ese es el objetivo principal de este artículo: señalar que, aunque estamos presenciando una crisis institucional en relación a la plataforma misma del sistema democrático, a decir, lo electoral, la gente que se considera llamada a resolver la crisis en realidad está muy cómodamente presenciándola, esquivándola y viendo qué de bueno les deja…

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