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La normalización de la corrupción

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Bajo la premisa de que “todos han robado”, se encubre la defensa oficiosa que muchos guatemaltecos hacen de los empresarios y políticos que se enriquecen ilícitamente utilizando como medio principal al Estado. Ello ocurre porque, a pesar que el sistema político y económico es un desastre, es el único modelo que la gente conoce y al cual le enseñaron a respetar.

En una reciente reunión familiar, mientras se platicaba del nivel de degradación de los políticos y empresarios chapines, alguien dijo: “En Guatemala, desde que se fundó la República, todos han robado. Si eso es normal”. Con dicha aseveración, nuestro personaje dio por concluida la conversación, se levantó de la mesa y se retiró.

¿Tenía razón dicha persona? Tras varias horas de pensar en esas palabras (“… eso es normal”) y ante la imposibilidad de haber concluido la conversación mediante un debate, decidí darle mi propia finalización escribiendo algunas reflexiones al respecto. La primera que me vino a la mente fue que, en efecto, desde que se fundó la República de Guatemala, en 1847, los patriarcas de las grandes familias oligárquicas han utilizado espuriamente al Estado para enriquecerse creando los mecanismos idóneos para que las leyes y políticas públicas los favorezcan y para que el sistema de justicia no los toque cuando en su infinita mezquindad sobrepasen las propias reglas del juego democrático que en apariencia la sociedad acepta y promueve.

Esta mezquina oligarquía a veces asume el control directo del Estado (insertando en la administración pública a sus mejores cuadros orgánicos: presidentes, diputados, alcaldes, ministros, etc.) y a veces lo efectúan a través de terceros a quienes confieren una cuota de permisividad de pillaje de lo público, a cambio de que garanticen la continuidad del modelo (generales y coroneles, líderes de partidos políticos, empresarios “emergentes”, etc.).

Sin embargo, si bien el anterior razonamiento tiene un asidero histórico, corroborable en el estudio del origen de los grandes capitales y en el análisis de la configuración de las redes criminales que actualmente operan en las megacorporaciones, instituciones públicas y otros gremios, el argumento continúa débil en el sentido de indicar que ello sea “normal”.

Si por “normalidad” entendemos “estado natural de algo”, el hecho de que la oligarquía y los políticos guatemaltecos utilicen lo público como principal fuente de acumulación no quiere decir que ello se deba a reglas fijadas o a normas dadas; es, por ende, un concepto que no aplica.

En otras palabras y diciéndolo de una vez, el análisis de por qué esta gente se roba lo que es de todos a manos llenas no es una disposición metafísica, sino más bien una cuestión de oportunidad, en el sentido de que lo va a hacer siempre que no existan condiciones objetivas que se lo impidan. ¿Cuáles son esas condiciones? Pues, tentativamente pueden señalarse dos: las que obliguen a toda la administración pública a cumplir con el máximo de publicidad en todo lo que hacen y las que les den la certeza de que, si son descubiertos en un acto de corrupción, tendrán que asumir las responsabilidades administrativas, civiles y políticas correspondientes.

Por lo tanto, la corrupción es fundamentalmente una cuestión de diseño institucional. A mayores controles, en tanto sean efectivos, menor capacidad de robo de lo público. No existe manera alguna, bajo ningún sistema político y económico, de eliminar la corrupción, pero sí que hay formas de evidenciarla, atacarla y reducirla. Todo en el ámbito de la política pública.

Para finalizar, es importante señalar que la anterior argumentación no excluye la dimensión ética del fenómeno al momento de considerar la disposición o entereza personal de un funcionario público para cometer, permitir o tolerar un acto de corrupción o no. Sin embargo, no debe considerarse confiar en dicho juicio para entender la problemática, porque se entiende que aún la persona más recta puede verse en la tentación del enriquecimiento ilícito si luego de otorgársele la confianza de manejar fondos públicos no se ve sometido a los mecanismos de fiscalización correspondientes.

De igual forma, es necesario hacer constar que este fenómeno se encuentra atravesado por otra veta de análisis, que es la de la validación ideológica de la persona humana por la cantidad de bienes que acumula, situación inherente al sistema capitalista. Ello empuja a las personas a enriquecerse a cualquier costa con tal de sentirse valoradas.

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