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La politización de la justicia

Se politiza la justicia cuando los líderes de las agrupaciones de abogados se reúnen con el partido oficial y con las bancadas mayoritarias del Congreso, en fincas, bares, cuartos de hotel u oficinas privadas para repartirse las magistraturas del Organismo Judicial.

La politización de la justicia, en el sentido que se le quiere dar a este texto, es un pacto ilícito en el que diversos sectores que ostentan determinadas cuotas de poder político exigen e imponen una representación proporcional de sus candidatos dentro de la conducción del poder judicial. Sus efectos son muy graves para el país porque significa que llegarán a los máximos puestos del sistema de justicia no las personas más honestas e inteligentes, sino las que mejor garanticen impunidad para sus patrocinadores.

Se politiza la justicia porque poderes reales o formales ajenos al poder judicial condicionan su estructura para un periodo de 5 años. Es un efecto que va desde afuera hacia adentro del sistema de justicia, el cual tiene una base constitucional a través de la nefasta figura de las comisiones de postulación, que constituyen mecanismos idóneos para que las diferentes sectas que conforman el gremio de abogados velen por sus intereses pecuniarios y por los intereses espurios de sus clientes para garantizarles resoluciones judiciales favorables. Es este un sistema tan perverso que ha llevado a diferentes abogados a crear universidades y facultades de derecho de cartón, cuya única misión es contar con un asiento dentro de dichas comisiones responsables de elaborar las listas que se dirigen a los diputados para que designen a los futuros responsables de aplicar el derecho en segunda instancia y en casación.

Esta magnitud del concepto de politización de la justicia es justificado por los ingenieros y operadores del sistema que mantienen cooptado al poder judicial, quienes lo disfrazan de participación y aporte a la vida democrática y fortalecimiento institucional del país. Palabras menos, palabras más, así lo expresó Roberto López Villatoro, también conocido como el Rey del Tennis, famoso abogado mafioso del país, quien alguna vez expresó que él solamente hacía uso de un derecho que pertenecer al gremio de abogados le otorgaba: el de promover agrupaciones y organizar eventos académicos, sociales y deportivos. Lo que olvidó mencionar es que en esta dinámica se regalan títulos de abogados, becas en el extranjero, apartamentos y autos para comprometer a agremiados que los reciben, posteriormente postularlos y, finalmente, moverlos como títeres o peones.

En otras palabras, los operadores de las cortes, operadores de impunidad, disfrazan de vida democrática lo que realmente es antidemocrático y anti republicano, porque sus listas de magistrados son finalmente negociadas con los diputados del Congreso. Y en su ofensiva comunicativa dan un paso más adelante, porque desarrollan una nueva definición para el concepto “politización de la justicia”, refiriéndose con ello a la intervención de los fiscales y jueces independientes en los casos de gran corrupción que son sometidos a su conocimiento, toda vez que el resultado no les sea conveniente, es decir, siempre y cuando la sentencia no esté previamente negociada. Entonces sí, el fiscal o el juez independiente politiza la justicia.

Y no solamente los operadores de la impunidad utilizan el discurso de la “politización de la justicia”. Evidentemente, también lo hacen los propios acusados en casos de narcotráfico o corrupción, sin distinciones de que sean políticos o empresarios. Como es sabido, la comunicación política tiene principios fundamentales, siendo dos de ellos la banalidad del mensaje y su repetitividad. De allí que los “argumentos” para justificar la versión distorsionada de politización de la justicia que utilizan gire alrededor de frases tan absurdas como: “es politización de la justicia porque yo soy político”; o, “están politizando la justicia porque me atacan a mí y no a otro”.

Como puede observarse, los ejemplos anteriores tienen en común que implican una victimización del sujeto procesado señalado de actos de corrupción y el desdibujamiento de los móviles por los cuales está siendo acusado. “¿Cometió o no cometió usted el delito tal en las circunstancias tales? ¡Carajo!, eso no es lo importante, dirían los corruptos, sino el hecho de que me persiguen a mí y eso en sí mismo es injusto”.

La estrategia ha funcionado. Hoy en día hay más personas que convienen en afirmar que la justicia está politizada cuando un juez o un fiscal independiente ordena la investigación del delito de un político o empresario que la que comprende que los operadores de la impunidad, junto a los políticos y empresarios, designan a dedo a los magistrados que son de su conveniencia y atacan a los fiscales y jueces que se muestran independientes.

Como cada cinco años, en octubre del presente año, las comisiones de postulación y el Congreso volverán a elegir a todas y todos los magistrados de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia (más de 200 puestos en total), y no cabe duda que el camino de las negociaciones entre los líderes de las agrupaciones gremiales de los abogados, los diputados, los narcotraficantes, los empresarios y demás actores cuyos privilegios sobreviven a través del mantenimiento de la impunidad estructural que se vive en el país debe ir bastante avanzadas. Es seguro que a la fecha ya deban haber listados preliminares de las personas a quienes desean designar para dichos puestos, por lo que solamente deberán adecuar los procedimientos para favorecerlos. Es seguro también que a esta altura, muchos defensores están deteniendo ya el avance judicial de los procesos de sus clientes, esperando que lleguen los nuevos magistrados, cuyos nombres ya conocen, para negociar.

Desde el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo en Guatemala ofrecemos este primer artículo para darle seguimiento a este proceso por lo que las y los invitamos a estar atentos a nuestras publicaciones.

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