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La politización de la justicia

Se politiza la justicia cuando los líderes de las agrupaciones de abogados se reúnen con el partido oficial y con las bancadas mayoritarias del Congreso, en fincas, bares, cuartos de hotel u oficinas privadas para repartirse las magistraturas del Organismo Judicial.

La politización de la justicia, en el sentido que se le quiere dar a este artículo, es un pacto ilícito e ilegítimo en el que diversos sectores que ostentan cuotas de poder político imponen a sus candidatos para la conducción del poder judicial. Sus efectos son muy graves para el país porque significa que llegarán a los máximos puestos del sistema de justicia no las personas más honestas e inteligentes, sino las que mejor garanticen impunidad para sus patrocinadores.

Se politiza la justicia porque poderes reales ajenos a las cortes condicionan su estructura para un periodo de 5 años. Es un efecto que va desde afuera hacia adentro del sistema de justicia, a través de las comisiones de postulación, pervertido mecanismo que utilizan las diferentes sectas que conforman el gremio de abogados para velar por sus intereses pecuniarios y por los intereses espurios de sus clientes (para garantizarles resoluciones judiciales favorables). Este modelo es tan perverso que ha llevado a diferentes abogados a crear universidades y facultades de derecho de cartón, con el único fin de participar en la repartición de magistraturas.

Este proceder ilegítimo es justificado por los abogados gánster, disfrazándolo de noble aporte a la vida democrática y fortalecimiento institucional del país. Palabras menos, palabras más, así lo expresó Roberto López Villatoro, también conocido como el Rey del Tennis, amo y señor de decenas de magistrados, quien cínicamente dijo ante la opinión pública que él lo único que hacía era ejercer un derecho democrático consistente en el activismo desinteresado dentro del gremio de abogados. Básicamente planteó que se dedicaba a la organización de eventos académicos, sociales y deportivos. Sin embargo, olvidó mencionar que en esta dinámica se regalan sendas viandas, libaciones y grados académicos; se reparten plazas de trabajo en instituciones públicas y en la USAC, se ofertan becas en el extranjero a “profesionales” mediocres, se adjudican apartamentos lujosos, etc. Evidentemente, dichos favores traen aparejadas fidelidades canjeables tanto en elecciones gremiales como en resoluciones judiciales al momento de que se nombren magistrados.

En otras palabras, los operadores de las cortes, operadores de impunidad, disfrazan de vida democrática lo que realmente es antidemocrático y anti republicano, porque las listas de magistrados producidas en las comisiones de postulación son a su vez negociadas con los diputados del Congreso.

Ahora bien, esta versión de “politización de la justicia” necesita ser maquillada ante el público y para ello se genera una ofensiva comunicativa tendente a darle otro sentido, uno que opere a favor de la impunidad. Es así como surge la narrativa que dicta que “politizar la justicia” se refiere a la intervención de fiscales y jueces independientes en los casos de gran corrupción que son sometidos a su conocimiento, toda vez que el resultado no les sea conveniente, cuando no es por ellos manejable. Entonces sí, dicen los corruptos, el fiscal o el juez independiente politiza la justicia.

Y no solamente los ingenieros del sistema de impunidad utilizan el discurso de la “politización de la justicia” en el sentido de reprobar la acción de fiscales y jueces probos e independientes. También lo hacen los implicados en casos de corrupción, violaciones a DDHH y narcotráfico (fenómenos íntimamente ligados por la naturaleza estructural de las Redes Político Económicas Ilícitas), en donde participan empresarios, políticos y técnicos jurídicos y contables.

Como es sabido, la comunicación política tiene principios básicos, entre los cuales destacan la banalidad del mensaje y su repetitividad. De allí que los “argumentos” de los mafiosos giran alrededor de frases tan burdas como: “es politización de la justicia porque yo soy político” y “están politizando la justicia porque me atacan a mí y no a otro”.

Como puede observarse, los ejemplos anteriores tienen en común que buscan generar conmiseración a favor de los señalados de los fenómenos criminales antes dichos, escondiendo los aspectos concretos de los señalamientos: ¿se benefició o no ilícitamente a costa del erario público? ¿participó o no usted en crímenes de lesa humanidad? ¿vende drogas o protege a los que las venden? ¡Bah, qué importan esas preguntas, lo importante, dicen ellos, es que no se les debería perseguir porque simplemente ello es injusto”.

La estrategia es repetida millones de veces en los medios de comunicación al servicio de los políticos, militares y empresarios y ha funcionado. Hoy en día hay más personas que creen que la justicia está politizada cuando un fiscal investiga a los criminales de cuello blanco que la que comprende que es perverso que los jueces y magistrados trabajen en función de los dictados de sus patrones.

Como cada cinco años, dentro de pocos meses volverán a funcionar las comisiones de postulación para elaborar las listas de aspirantes a magistrados de la Corte de Apelaciones y a la Corte Suprema de Justicia. Dichas listas serán enviadas al Congreso para que los diputados elijan y nombren a los responsables de conocer en segunda instancia y en casación los procesos judiciales que ingresen al sistema de justicia y a los encargados del gobierno judicial.

Son más de 200 puestos los que aspiran a repartirse las sectas del gremio de abogados, todas ellas emparentadas con mega corporaciones, partidos políticos, redes de militares y carteles. Y las negociaciones deben ir ya bastante avanzadas. Es seguro que a la fecha ya deban existir listados preliminares de las personas a quienes necesitan y desean designar para dichos cargos. Es seguro también que a esta altura, cuando ya se perciben ciertos resultados, los magistrados que no serán reelectos deben estar cobrando miles de quetzales por sus últimas resoluciones y que, quienes serán electos o reelectos, deben estar planificando a qué sujetos van a favorecer o a perjudicar.

Desde el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo en Guatemala ofrecemos este primer artículo para darle seguimiento a este proceso por lo que las y los invitamos a estar atentos a nuestras publicaciones.

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