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Legislar para el crimen organizado

Resguardados por decenas de policías, los diputados del Congreso de la República promulgaron la Ley de Aceptación de Cargos para beneficiar a las redes político-económicas ilegales que operan en Guatemala.

De forma exprés, el 12 de noviembre de 2019, 81 diputados promulgaron el Decreto 10-2019, Ley de Aceptación de Cargos. Esta normativa permite que, respecto a algunos delitos, las personas involucradas en proceso penal que acepten la imputación de cargos realizada por el Ministerio Público obtengan un beneficio de 50%, 33% o 20% de la pena (sin indicar si se aplica a la pena máxima o mínima imponible), según la fase procesal en que ocurra.

Dicho decreto modifica al Código Procesal Penal y no es la primera vez que un proyecto de su naturaleza se discute en el ámbito jurídico nacional. Como propuesta, impulsada en este caso por la Corte Suprema de Justicia, se enmarca en un debate político que parte del supuesto que la administración de justicia guatemalteca es un fracaso.

El objetivo original del proyecto fue incentivar a los procesados a aceptar los cargos, para reducir su condena y con ello economizar tiempo y esfuerzo al sistema de justicia penal, el cual está colapsado. Por supuesto, en ese contexto, la aceptación debería ir aparejada de algunas condiciones: colaborar en la resolución del caso y resarcir a la víctima.

Para su viabilidad, el proyecto supondría una discusión seria de los delitos en los que cabría dicho beneficio, toda vez que para ayudar a descongestionar al sistema de justicia tendría que orientarse a los delitos perpetrados con mayor frecuencia. La discusión también debería centrarse en la exclusión de las contravenciones que una sociedad democrática, respetuosa de sus compromisos internacionales y promotora del Estado de Derecho, no está dispuesta a negociar.

Todo lo anterior fue eludido por los diputados. Aprobaron la ley de aceptación de cargos sin importarles los beneficios para el sistema penal y para el país (léase, para las personas). De la forma más perversa posible, convirtieron este proyecto en una oportunidad para beneficiarse a ellos mismos o a sus aliados, protectores y financistas. Aprobaron el decreto con la finalidad de detener las averiguaciones penales contra la corrupción que empezaron a dar frutos en 2015 y normalizar así el histórico saqueo que de Guatemala han hecho.

En los términos aprobados, lo único que significa la aceptación de cargos es:

a) Inmediata liberación para aquellos que ya están en prisión preventiva y se han dedicado desde hace cuatro años a entorpecer los procesos a través del litigio malicioso;

b) Reaparición de todos los prófugos de la justicia guatemalteca, que vendrán nuevamente a acogerse al nuevo paraíso penal; y,

c) Tranquilidad de las personas relacionadas con los pocos casos armados que aún faltan por dilucidar judicialmente.

Además de la reducción de la pena, los imputados pueden optar a otros beneficios, como la conmuta, por lo que las personas con suficientes recursos económicos, en términos prácticos, estarían en la condición de pagar su excarcelación.

Esta ley dará premio a los corruptos sin obligarlos a coadyuvar con la fiscalía en la resolución del caso (aportar pruebas o declarar contra otros involucrados), para la completa averiguación de la verdad y el desmantelamiento de redes criminales. Básicamente, todos los delitos que puede cometer un funcionario público son susceptibles de este beneficio.

Para las víctimas de los delitos cometidos, esta modificación a la ley constituye una traición por parte del Estado porque no se obliga al confeso a resarcirlas, con lo cual se elimina uno de los grandes objetivos de la justicia.

Desgraciadamente para los legisladores, era imposible plasmar una ley referida con nombre y apellido a los empresarios y funcionarios públicos, abordando únicamente delitos contra la administración pública, régimen tributario o régimen electoral. Por tanto, quedó extensible a personas ajenas a la rosca de los cuerpos ilegales enquistados en el Estado. Sin embargo, estos beneficiados lo son por azar, pues nunca estuvieron en la mente de los diputados. Con tal de favorecer a un par de centenares de amigos, hubo que ser amparar a todas las redes del crimen organizado.

El descaro de los diputados es tal que el Congreso ha defendido esta nefasta promulgación aduciendo que es originaria de la institución a la que han declarado enemiga de la Nación: la CICIG. Incluso han referido que ellos la mejoraron, que la hicieron más democrática. Todo lo anterior es falso, en principio, porque esa comisión no planteó dicho proyecto.

La mezquindad llega a tal punto que el decreto fue aprobado a fin de año, justo cuando están definiendo el Presupuesto Nacional del Estado que constituye por excelencia el pastel de beneficios que los partidos y la oligarquía negocian anualmente para enriquecerse. A pesar que conviene a todos, los votos fueron negociados junto a más dinero para saquear al erario. Para tener una mejor idea de los intereses detrás de esta ley, basta con ver quiénes votaron a favor: TODOS, FCN-Nación, UNE, independientes (reciclados de LIDER y PP), UCN, MR, PU, EG, PAN y AC.


Foto de Prensa Comunitaria

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