Leyes con nombre y apellido: Ley Monsanto

La Ley de Protección de Obtenciones Vegetales debe derogarse pues vulnera el derecho a la vida digna y criminaliza a los productores rurales.

Por Ernesto Archila

No se habían terminado los preparativos para el mundial de fútbol que el Congreso de la República ya nos había metido a todos los guatemaltecos un gran gol. En tercera lectura, con 81 votos a favor, se aprobó la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, mejor conocida como la Ley Monsanto.

Este sobrenombre tiene una razón muy concreta pues el Congreso de la República, a través de leyes de esta naturaleza, busca beneficiar a sectores específicos como hace unos meses hizo con la aprobación de la “Ley Tigo”, otra normativa que permitió una serie de beneficios desmedidos a una empresa de telefonía en particular.

El caso de la Ley Monsanto es más grave aún pues atenta contra la soberanía alimentaria de la población, amenaza con la contaminación de los cultivos locales y, sobre todo, criminaliza a los pequeños productores. Se puede observar una clara intencionalidad de los congresistas por legislar a favor de grandes empresas transnacionales, en detrimento de la vida, la integridad y seguridad de la gran mayoría de guatemaltecas y guatemaltecos que se ubican por debajo de la linea de pobreza y extrema pobreza.

Esta normativa atenta contra varios principios consagrados en la Constitución de Guatemala, entre ellos, el derecho a la igualdad, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, a la seguridad alimentaria. Atenta contra el principio de precautoriedad ya que permite el registro y protección de tecnología que aun no ha sido plenamente probada y de la cual no se puede garantizar que no dañe a los seres humanos y a las comunidades. De esta forma se deja en un estado de indefención a grandes mayorías.

Las acciones legales y sociales que buscan revertir esta decisión del Congreso de la República no se han hecho esperar. Diversos sectores, desde el académico pasando por el técnico hasta llegar al político, han manifestado su preocupación y rechazo por la próxima entrada en vigencia de esta norma. Las solicitudes van desde las modificaciones sustantivas del decreto hasta su derogatoria total.

Desde el CEPPAS consideramos que se debe optar por la derogatoria total, pues no se logra identificar aspectos positivos en la referida norma. Al contrario, este tipo de legislaciones no hacen sino agravar y acrecentar lass grandes concentraciones de capital que acentúan la desigualdad.

Se debe pensar en la construcción de un nuevo modelo político que legisle en favor de las mayorías y no obedezca los designios de los grandes capitales. Un modelo que permita paulatinamente ir eliminando las desigualdades, no acrecentarlas. Un modelo en que podamos tener una vida digna y desarrollarnos de manera integral, procurando la mayor felicidad para todas y todos.

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