Más humanidad, menos cárcel

La cantidad de privados de libertad en Guatemala ha ascendido de forma permanente desde 1996. ¿Qué nos dice esto del sistema penitenciario y la administración de la pena?

Hasta enero del 2016, en las cárceles de Guatemala se han reportado dos motines, nueve muertos y 25 heridos en actos violentos, más una fuga. Esto ocurre en el contexto de uno de los sistemas carcelarios más deplorables del mundo: incapaz de brindar seguridad a sus internos —y a las visitas— e incapaz de cumplir con su función constitucional de promover la rehabilitación de las y los reos. Y ello en cuanto a sus fines específicos; no se diga incapaz de cumplir con los estándares internacionales mínimos en materia de transparencia y tratamiento de reclusos.

Según el Observatorio de Cárceles, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, existen 21 cárceles a cargo del Sistema Penitenciario y 18 a cargo de la Policía Nacional Civil. Entre ambos, a 2015, contaban con una capacidad de 7,675 plazas, en tanto las personas privadas de libertad eran 18,679. Esto quiere decir que hubo un hacinamiento del 143.4%; es decir, que donde —supuestamente— cabe una, hay 2.5 personas.

Por supuesto, la anterior situación alcanza al guatemalteco promedio: pobre, joven, con pocos estudios, proveniente de contextos de violencia, etc. Sin embargo, hay una minoría presa que no posee dichas características: profesionales involucrados en corrupción, políticos, empresarios, capos del narcotráfico, militares, etc. La realidad carcelaria de estas personas está llena de privilegios, diametralmente opuesta a la de la mayoría.

Desde 1996, la cantidad de presos en el país ha ascendido de forma permanente. A su vez, la violencia en las calles y la masa de delitos ha crecido también constantemente. Esto sitúa en paralelo una relación fundamental: que en un mismo periodo histórico hay más presos pero también más delincuencia. ¿O la cárcel en sí misma no sirve para nada o lo que no sirve es la forma como se está aplicando?

Las respuestas de las y los expertos abundan, pero no las citaremos ahora. En este espacio se buscará dar una respuesta muy sencilla a la luz del pensamiento de César Beccaria, quien en 1764 escribió una obra fundamental del pensamiento penal moderno: “De los delitos y de las penas”.

Recuérdese que el contexto de Beccaria era el de una sociedad que temía más a un juez que se mofaba de ser incompasivo, que a un criminal. En este sentido, la fórmula beccariana exige la eliminación de todo tipo de arbitrariedad en el derecho penal: a) cuando se formula el tipo penal por parte de quien legisla; b) cuando se enjuicia a un acusado ante un tribunal y se concluye declarándolo inocente o culpable; c) cuando ha de cumplir su pena. No ve en este largo proceso una división nítida, sino una continuidad lógica que siempre está a cargo de funcionarios públicos, lo que los hace corresponsables respecto de lo que le suceda finalmente al ciudadano; nada es más indignante que saber que un hombre va a ser hundido en una prisión mientras que legisladores, policías, fiscales, defensores y jueces se desligan e insensibilizan ante el significado de este drama humano.

A los legisladores les recuerda que deben legislar delitos manteniendo el principio fundamental de una sociedad organizada: “el mayor bien para la mayor cantidad de personas”. Por ende, mientras menos delitos, mejor; y los que haya deben pensarse en función del bienestar de la mayoría. Además, exige que las penas sean proporcionales a los delitos: no se le puede dar igual pena a un delito contra la vida —aún en el caso más simple— que a uno contra la propiedad —aún en el caso más complejo—. Su razonamiento es obvio: la vida es el bien supremo, todo lo demás está por debajo.

Asimismo, indica que las penas deben atender a la naturaleza del delito, por lo que si alguien afecta patrimonio, debe privilegiarse afectársele en el mismo (antes que la prisión, por ejemplo).

También les recuerda que el fin de la pena es doble: sacar de circulación a alguien que está dañando (en el caso de la cárcel) y dar con ello un ejemplo a los demás. Pero es bien oportuno al decirle a los legisladores que si grandes proporciones de personas terminan siendo catalogados como delincuentes, la etiqueta se volverá trivial. Y agrega que si la pena es muy severa, no sólo no alterará al delincuente sino que más bien lo endurecerá; y si la ejecución impone condiciones infrahumanas, en vez de lección causarán piedad.

“La posibilidad de la impunidad es causa de más delitos”, indica nuestro autor al recomendar a los legisladores que no saturen la sociedad con vastedad de delitos que ni se está en condiciones de hacer cumplir ni al caso se tenga la voluntad de hacerlo.

Bien quedan estos consejos en la historia para que hasta la fecha nuestros legisladores los escuchen, precaviéndolos así de la tentación de legislar sin técnica y por espurios intereses, como es el caso mayoritario de la legislación guatemalteca. Son un llamado de atención para legislaturas miopes y sistemas penales incapaces de ofrecer alternativas a la cárcel.

A los jueces y magistrados, por su parte, les indica que deben seguir a pie juntillas su mandato: encuadrar el tipo penal a acciones externas en función de daños concretos, que hayan sido debidamente probados, con imparcialidad.

Les impone, también, la obligación de resolver en el menor tiempo posible, sin desmedro del derecho de defensa. Este tiempo racional que medie entre el delito y la pena, dice Beccaria, redunda en beneficio de la justicia porque la “efectividad de la pena está más en su certeza que en su drasticidad”… Y un proceso largo hace que se olvide el delito, que se vuelva tortuoso el proceso y que se convierta así en una nueva injusticia.

También les dice que deben aplicar por igual las penas a débiles y poderosos, porque si un rico no es penado, un pobre no se sentirá obligado a cumplir la ley. ¡Vaya si no son estas recomendaciones oportunas para nuestro sistema de justicia penal: deben buscarse jueces probos, imparciales, independientes, conocedores de la ley y efectivos! Jueces y magistrados que no hayan sido puestos en sus sillas por ningún titiritero, pues.

Beccaria se dirige a las autoridades encargadas de custodiar al acusado y al reo (pues tiene muy claro que una persona en prisión preventiva —se acepte o no— está cumpliendo una pena anticipada y que por ende debe “sufrir lo menor posible el menor tiempo posible”), al indicar que de lo único que se le veda es su derecho a circular, no sólo por la posibilidad del yerro judicial sino porque de lo contrario se estarían extralimitando en relación a ese pacto social mediante el cual todas y todos cedemos un poco de libertad al ius puniendi del Estado, pero nunca, de ninguna manera, algo más (como la dignidad o la vida).

Finalmente, Beccaria magistralmente indica que si se extiende el catálogo de los delitos llegará el día en que se tendrá que prohibir el uso de los sentidos. “No se enseña a no matar… matando”, dice contra la pena de muerte, pero extendiendo su lógica hoy podríamos decir “no se enseña a ser libre encarcelando”. No se pierda de vista que la gran batalla de este maestro fue contra la arbitrariedad de las penas corporales e indignantes, por lo que una cuota sensata de cárcel era preferible. Pero siendo fieles a su sentido de humanidad, hoy se diría que todo ese bagaje despótico ha vuelto a aparecer alrededor de la prisión, por lo que su misma lucha se debe dirigir contra ésta. Y no se habla acá de abolir la cárcel, sino de usarla lo menos posible.

Claramente, Beccaria hace un llamado al humanismo, por no decir a los derechos humanos —concepto que en nuestro caso cabe perfectamente, pero que los amantes de la tiranía se han interesado en vilipendiar—. Es hasta hoy una alternativa racional al poder punitivo tirano dirigido en contra de sectores específicos, a lo cual se le ha dado en denominar Derecho Penal del Enemigo, realidad que en otra ocasión tendremos oportunidad de abordar.

Leave a Comment