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Nos están robando la justicia

Aunque el concepto justicia tiene diferentes significados hay uno muy importante para la vida ciudadana: el que se refiere a la función pública de aplicar la ley en casos concretos con objetividad y equidad. Jueces y magistrados del país nos están robando ese derecho ante nuestros propios ojos.

Por Juan Pablo Muñóz

Las Comisiones de Postulación son mecanismos que constitucional y legalmente se han establecido para que, entre otros, las y los magistrados del Poder Judicial accedan a sus cargos cada cinco años. Son cuerpos colegiados, cuya integración está previamente establecida y que incorpora básicamente a tres sectores: el poder judicial mismo (a través de representantes de las y los magistrados), el gremio de abogados (a través de representantes del gremio) y del sector académico (representado por la totalidad de decanos de las facultades de Derecho). Además, están presididas por un rector de alguna universidad del país.

Estas comisiones, una vez integradas, convocan a las y los abogados del país para que presenten sus solicitudes para ser tomados en cuenta como postulantes. Deben revisar que los aspirantes cumplan con los requisitos de idoneidad, capacidad y honradez. Posteriormente, elaboran listas en donde incorporan el nombre de las personas a quienes consideran más aptas para ser tomadas en cuenta como nuevos magistrados. La lista es enviada al Congreso de la República, quien en última instancia eligen, discriminando del total de la lista a la mitad como titulares y a la otra mitad como suplentes.

Para el caso que nos ocupa, es importante anotar que son dos las comisiones que funcionan paralelamente: la que selecciona a los trece magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia (y a trece suplentes) y la que selecciona a más de cien magistrados que conforman las salas de la Corte de Apelaciones (y otro tanto como suplentes de las mismas).

Como se observa, el rol que estos comisionados están llamados a jugar dentro de una sociedad democrática que ha adoptado el modelo republicano de gobierno es muy importante. No solo porque la independencia judicial es un principio republicano en sí mismo sino porque en todo caso la labor que prestan las y los funcionarios a quienes contribuyen a elegir, la de impartir justicia, es fundamental para la consecución de las grandes aspiraciones axiomáticas consagradas en la Constitución Política del país.

El modelo de Comisiones de Postulación que se observa está estructurado de tal forma que garantice que no exista una sola persona que designe directamente a los magistrados (a que no haya alguien con quien congraciarse por haberle otorgado su puesto) y que promueva el buen nivel académico a través de la presencia de las y los adalides de las escuelas de ciencias jurídicas y/o Derecho.

Sin embargo, tristemente las y los guatemaltecos observan cómo actualmente se están desarrollando estos procesos de selección de magistrados. Se dice tristemente porque en estos procedimientos no se prevé que vayan a quedar realizadas las aspiraciones nacionales de llegar a contar con las y los mejores perfiles de magistrados.

¿A qué se debe esto?

En primer lugar, tómese en cuenta un error de fondo. Que el modelo en sí mismo es inadecuado si se considera que existe uno mejor, el de carrera judicial. En este modelo, cada juez debe acceder al poder judicial, promoverse dentro del mismo y ascender hasta las más altas jerarquías gracias única y exclusivamente a su desempeño profesional y al tiempo de trabajo, al conocimiento de su ámbito de trabajo y a su identificación con la institución judicial. Bajo ninguna circunstancia debe existir poder ajeno que se inmiscuya en ello. Aunque se sabe que no es un modelo perfecto, al menos excluye de plano la participación directa de poderes foráneos al judicial mismo.

En segundo lugar, porque si bien la aspiración académica era fuerte, la naturaleza política del mecanismo adoptado terminó siendo aplastante. En vez de inyectar una fuerte dosis de academia a las comisiones, fueron las facultades de Derecho las que sufrieron una fuerte influencia del ámbito político. Se ha denunciado hasta el cansancio por parte de la sociedad civil que las universidades – al menos sus facultades de derecho – actualmente, están copadas por representantes de bufetes privados con intereses concretos (según a quien lleven la cartera) y no por docentes brillantes o investigadores prestigiosos de las ciencias jurídicas. No solamente hay universidades que tienen Facultad de Derecho sin estudiantes y que aún así participan (para ello fueron creadas, incluso) sino que las que tienen mayor tradición sufren los embates de la infiltración de los intereses espurios al más alto nivel de sus consejos académicos. Véase el caso de la Universidad de San Carlos, en la cual se erogan, por concepto de campañas, cantidades de dinero que no son fiscalizables pero que puede hacerse una idea observando la movilización de estudiantes y docentes que implican, ropa, comida, licor y todo tipo de publicidad.

En tercer lugar, tómese en cuenta que desde que se implementó este mecanismo ha habido personajes que han tratado de influir en las y los comisionados de las más diversas formas. Dado que influir directamente sobre tantas personas es complicado, la forma más concreta de hacerlo ha sido buscar intermediarios con ciertos liderazgos dentro del gremio de abogados para que canalicen la simpatía de diferentes votos al momento de elegir representantes. Así, quienes desean influir pueden variar, desde grupos militares interesados en que el poder judicial no dé trámite a casos ligados a las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el Conflicto Armado Interno hasta empresarios propietarios de maquilas, interesados en que haya impunidad en materia laboral. Y en el recorrido anterior, inclúyase en primera fila a los partidos políticos y al partido de gobierno, al crimen organizado en todas sus formas, a banqueros o inversionisitas extranjeros.

Lo anterior nos plantea entonces la existencia de algunos actores importantes. Esas visagras entre los poderes de influencia y las y los comisionados. Estos pueden denominarse operadores políticos y trabajan para intereses concretos. Su labor consiste en “afiliar” abogadas y abogados, jueces, magistrados, docentes universitarios, etc. para que en conjunto sumen votos que les permitan negociar cuotas dentro de las comisiones en el marco de la elaboración de listas de magistrados que se envían al Congreso de la República.

¿Cómo se facilitan estos procesos de “afiliación” de abogados? Pues a través de diversos medios, siendo los más utilizados la compra-venta (a través de todo tipo de dádivas, favores personales o a familiares, ofertas de empleo, plazas en espacios públicos – incluyendo cátedras universitarias –, dinero y hasta diversión) y la coacción (amenazas de despido de instituciones públicas o privadas, chantajes, etc.).

En cuarto lugar, considérese que desde las entrañas mismas del periodo de la contrainsurgencia surgió en Guatemala una cultura de impunidad y de tolerancia hacia esta a través de una política de terror. Esto explica por qué a pesar de las fuertes de denuncias que se lanzan contra las comisiones de postulación, contra algunos de sus comisionados, contra los operadores-visagra o contra los poderes fácticos, los procesos siguen su rumbo, inconmoviblemente. La Corte de Constitucionalidad ha jugado un papel importante en este tema, pues se ha prestado al juego de la impunidad otorgando recursos a todas luces carentes de sustentación sustantiva, retrasando resoluciones ante recursos que no les son convenientes y hasta falsificando elementos probatorios, como sucedió en el Caso de Genocidio, según consta en los razonamientos de votos disidentes de algunos de sus miembros.

¿En dónde estamos ahora?

La situación actual, como se ha venido explicando, plantea que desde ya existen prototipo de nóminas de magistrados sin que se haya evaluado aún a cada postulante. Esto quiere decir que hay ya negociaciones entre las personas que no siendo comisionadas tienen en sus manos las posibilidades reales de determinar quiénes sí y quiénes no serán magistrados.

Lo previsible de esta situación ha generado que desde el inicio, la apatía hacia el proceso por parte de los sectores democráticos y transparentes del gremio de abogados, haya sido grande. Ningún abogado con plena consciencia de la situación se atrevería a apostar que su nombre será ingresado en una lista oficial sin tener, previo, que haber realizado un cabildeo tortuoso que lo haya llevado a congraciarse con al menos uno de los <>.

Si las personas que se espera que lleguen a las magistraturas del poder judicial tuvieron que acogerse a la sombra de este tipo de personajes, que en última instancia son gestores de negocios de los grandes poder políticos y económicos del país, ¿qué garantías tenemos los guatemaltecos de que en su labor racional de aplicar la ley al caso concreto observarán principios de objetividad, legalidad y equidad? ¿No es, pues, este un típico caso en el que la posibilidad de la justicia está siendo expropiado al común de los guatemaltecos?

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