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Nuestro derecho a la independencia judicial

Como todo lo relacionado con el sistema de justicia, la independencia judicial es una categoría que ha sido secuestra por el ámbito jurídico, cuando en realidad pertenece al ámbito de la política -en su sentido liberal-. Por ende, su abordaje no es patrimonio de analistas y abogados, sino de la ciudadanía.

El derecho a la justicia

El presente análisis solamente puede comprenderse desde una perspectiva liberal (y por ende desde el pensamiento y la doctrina política moderna occidental); parte del precepto universalmente reconocido en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y en todas las constituciones modernas que el acceso a la justicia es un derecho inalienable conferido a todas las personas por igual.

Lo anterior se traduce en la práctica en que cualquier persona tiene derecho de acercarse a los tribunales para resolver sus conflictos y satisfacer sus pretensiones, como demandante o como demandado, sobre la única base de la razón fundada en ley.

Sin embargo, para que este acceso igual para todas las personas sea posible es imprescindible la existencia de un tercero prestablecido e imparcial, denominado juez o magistrado. Este funcionario público debe ser ajeno al conflicto que conoce, no debe tener ningún interés personal de ninguna índole en el caso concreto, debe escuchar por igual a las dos o más partes involucradas y, finalmente, debe resolver conforme lo determinen su razón, experiencia y conocimiento de la ley, de manera suficientemente motivada. Debido a que ninguna persona es infalible, este esquema contempla la posibilidad de la impugnación, esto es la revisión judicial del fallo.

La figura del “tercero prestablecido e imparcial, denominado juez o magistrado” es a la misma vez requisito y garantía para que el derecho al acceso a la justicia sea efectivo. Es requisito porque sin su presencia física este derecho es una quimera. Y es garantía porque sin su imparcialidad el derecho que está llamado a proteger corre grandes riesgos de no realizarse. Como puede inferirse, pues, la imparcialidad es un atributo que necesariamente debe acompañar al juez transversalmente (desde que ingresa hasta que egresa de la Carrera Judicial), pero que también se actualiza y pone a prueba en todos y cada uno de los casos que conoce. Por ello, existen las figuras de la inhibitoria y de la recusación, para apartar legalmente de un proceso judicial a un juez o magistrado que tenga o potencialmente pueda tener algún tipo de interés en una determinada situación.

La imparcialidad del juez o magistrado es un requisito esencial para legitimar socialmente al sistema de justicia y es sometido a prueba en todo momento, por lo que deviene fundamental para sostener uno de los tres pilares en que se fundamenta la república, es decir Organismo Judicial.

Las formas cómo opera la independencia judicial

Para efectos prácticos, a la posibilidad y concreción de la imparcialidad de un juez o magistrado le llamaremos independencia judicial. Esta implica un conjunto de reglas o condiciones que se manifiestan de una triple manera: independencia estructural, cuando las condiciones normativas y materiales favorecen o posibilitan la imparcialidad de todos los jueces y magistrados en su conjunto; independencia interna, cuando la organización del sistema judicial blinda a los jueces y magistrados para que no haya factores o mecanismos institucionales que los presionen indebidamente o coaccionen; e, independencia externa, cuando se protege al juez para que ningún actor político o económico amedrente o condicione una resolución judicial determinada.

Aunque ya se haya dicho, es necesario repetirlo:

a)      Sin independencia judicial el derecho a la justicia es inviable.

b)      Sin independencia judicial el sistema republicano de gobierno es incompleto.

Todo lo que hasta acá se ha dicho implica básicamente que un juez o magistrado es portador de Independencia Judicial pero no como un derecho patrimonial propio, sino en tanto depositario o garante para que otro derecho se cumpla, el del ciudadano a una justicia en igualdad de condiciones. Por ello, insistimos, la independencia judicial no es un derecho de la judicatura sino de los justiciables; no es un cheque en blanco para un funcionario público, sino una responsabilidad que por lo tanto se le debe exigir.

La necesidad de defender la independencia judicial en Guatemala

A la luz de lo anteriormente planteado, para el caso de Guatemala deviene la pregunta: ¿existe independencia judicial en Guatemala? La respuesta es complicada, pero a riesgo de generalizar en demasía puede responderse que no. El sistema jurídico y político guatemalteco no favorece el desarrollo de la independencia judicial y cuando esta se da no es gracias al sistema, sino a pesar del sistema. Esto quiere decir que en los casos en que se evidencia independencia judicial lo que realmente observamos no es el desempeño “normal” de la justicia, sino excepciones materializadas en jueces o juezas que se esfuerzan por cumplir con su obligación de impartir justicia con imparcialidad, aún a costa de diversos obstáculos sistémicos y coyunturales.

El poder judicial en Guatemala es extremadamente débil y por ende la independencia judicial es extremadamente frágil. Las élites que crearon el Estado de Guatemala nunca confiaron en el potencial de la justicia como árbitro imparcial para dirimir conflictos porque básicamente nunca pasó por su mente someterse a la ley que ellos mismos crearon y de la que se ufanan. Esta fue concebida fundamentalmente para garantizar el despojo a las comunidades indígenas y el sometimiento disciplinar de la mayoría, por lo que el discurso oligarca hace más énfasis en su vertiente de obligación y no en su dimensión de derecho. Por ello, las élites guatemaltecas siempre pensaron en la ley bajo el precepto porfirista de “Para mis amigos lo que quieran, para mis enemigos la Ley”.

Bajo este esquema, en la práctica un juez o magistrado que resuelve sin considerar qué tan poderosa política o económicamente es una persona se ve sometida a una serie de acosos que van desde la conminación a recibir sobornos o favores, la desaprobación de sus colegas y hasta la amenaza velada o directa de atentar contra su vida o la de su familia. El juez o magistrado que es incómodo a los intereses de un determinado poder local o nacional, es acosado de tantas formas, incluyendo laboralmente, que su correcto desempeño se ve disminuido (tal es el caso del hostigamiento del que puede ser objeto por parte del régimen disciplinar del Organismo Judicial, que utilizado incorrecta y selectivamente puede entorpecer no sólo procesos judiciales concretos sino el trabajo de órganos jurisdiccionales completos). Por ello, es común que un juez que defiende la independencia judicial tarde o temprano debe rendirse ante las reglas del sistema judicial guatemalteco o exponerse a trasladados constantes, sanciones y hasta intentos de destitución. 

Lo más grave de lo que anteriormente se ha ido narrando es que la defensa de la independencia judicial se encuentra sometida a un sistema y una cultura política que no solamente desprecian al juez justo sino que sobre todo premian al juez indisciplinado y corrupto. De allí la profunda imbricación entre el sistema político nacional y el sistema judicial. Ejemplo nítido de lo anterior es que en Guatemala, los magistrados de las más altas instancias son electos por los diputados de la República, quienes tanto a nivel nacional como departamental se reparten las magistraturas disponibles para garantizar plazas para sus seguidores, beneficios económicos personales o gremiales y para que el crimen organizado y el capital puedan operar sin ningún tipo de control judicial (o con un control judicial débil, temeroso o inefectivo).

La defensa de la independencia judicial, pues, es un mecanismo para defender otros derechos más importantes y por eso debe ser reclamada en todos los actos que involucran al poder judicial y sobre todo en cada una de las deliberaciones y resoluciones de los jueces y magistrados. Es una garantía a la que estamos llamados a defender todos los guatemaltecos, pero en primera línea los propios juzgadores, porque es exactamente lo que se espera de ellos, porque es justo lo que se les confía, porque si no la obtienen hacer su trabajo carece de sentido.

En consonancia con todo lo hasta ahora expuesto, es importante mencionar que por fortuna existen jueces y juezas valientes que con sus resoluciones y actos defienden cada día el derecho de la ciudadanía a una justicia imparcial y que en ocasiones se han enfrentado a las cúpulas políticas y judiciales para lograrlo, denunciando públicamente intentos de manipularlos y ejecutando acciones judiciales para que se les respete. Este último es precisamente el caso de la Jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, quien conoce casos de alto impacto y que actualmente está siendo intimidada por la estructura disciplinaria del Organismo Judicial y por otros actores, fundamentalmente miembros del propio poder judicial, que representan intereses del crimen organizado que se ve afectado o potencialmente amenazado por su accionar imparcial.

El crimen organizado necesita que en lugar de juezas como Erika Aifán haya jueces miedosos, mediocres, corruptos o fácilmente corrompibles, a quienes se pueden acercar por vías extrajudiciales para arrebatarles resoluciones y sentencias favorables. En este contexto queda más que claro que los enemigos de la jueza son los enemigos de la independencia judicial de que gozamos todos los guatemaltecos.

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