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Organización política y violencia estatal en la Costa Sur (1954-1996)

Fuente: Archivo Prensa Libre

Organización política  y violencia estatal en la Costa Sur (1954-1996)

La respuesta estatal a diversos procesos organizativos para la exigencia de derechos y justicia social, invariablemente, ha sido la violencia en Guatemala. La Costa Sur es un ejemplo de ello.

Por: Gabriela Escobar*

* El texto que se presenta a continuación corresponde a la ponencia titulada “Organización política  y violencia estatal en la Costa Sur (1954-1996)”, la cual se realizó para la mesa “Nuevos Temas y enfoques sobre la violencia política y Estado en la Guatemala post 1954”, del Congreso “Retos de las ciencias sociales en tiempos de crisis. Una mirada desde una mirada de Mesoamérica en el cincuentenario de CLACSO”, realizado en la Ciudad de Guatemala los días 24 a 26 de octubre de 2017.

Pese a su centralidad económica y política, la Costa Sur ha sido casi ignorada por las ciencias sociales nacionales y extranjeras. Generalmente considerada como mestiza, es en realidad una región multicultural donde conviven indígenas  y mestizos de distintos orígenes. Debido a la calidad del suelo, desde mediados del siglo XIX se registró allí un proceso creciente de concentración de tierras que continúa hoy pese al agotamiento de la tierra y de sus ecosistemas.

La Costa Sur ha sido un pilar de la economía agroexportadora latifundista. En la bocacosta prevalece el café y la economía campesina tiene cierta relevancia, mientras en la planicie predomina la caña y las relaciones asalariadas temporales.

El éxito de este modelo está relacionado en parte con la capacidad de influencia del sector agroexportador en la dirección del Estado. De esta cuenta el Estado le ha garantizado políticas tributarias y laborales favorables y lo más importante, quizás, mano de obra barata, poco calificada y amedrentada por la violencia.

En la investigación que estoy realizando me interesa comprender las formas de organización de los trabajadores de la Costa desde la contrarrevolución de 1954 hasta la firma de la paz en 1996, así como la respuesta que dio el Estado a estas iniciativas. No me interesa elaborar un trabajo testimonial sino histórico y busco distanciarme del enfoque victimista, despolitizado y cuantitativista que domina gran parte de los discursos sobre la guerra. Este enfoque se centra en los años y lugares donde se registraron más muertes pero sobre todo tiende a despolitizar a los muertos destacando a los que caben en la categoría de víctimas puras o forzándolos a entrar en esa categoría. Como ha dicho Manolo Vela: “el discurso de la posguerra premia a las víctimas mientras rehúye hablar de rebeldía o insurgencia”. Otros autores que de alguna manera siguen este tipo de perspectiva con los que me interesa dialogar son Beatriz Manz, Arturo Taracena, Greg Grandin, Carlos Figueroa, Marta Gutiérrez, Sergio Palencia, Cindy Forster y Daniel Ferstein.

Las respuestas del Estado a la organización política

Cuando cayó Ubico en 1944 ya existía organización de los trabajadores de la UFCO en Tiquisate y los muelleros de los puertos  de San José y  de Champerico, áreas donde pocos años después el partido comunista articuló trabajo político. A lo largo de la Revolución y sobre todo con el impulso de la reforma agraria, se desató un proceso de negociación y confrontación entre Estado, terratenientes y trabajadores organizados en torno a la propiedad de la tierra y las relaciones laborales. Lo que los trabajadores demandaban entonces es, hasta cierto punto, muy semejante a lo que se demanda hoy: redistribución de la tierra, cumplimiento del salario mínimo o su aumento, seguridad social, posibilidad de arrendar tierras para cultivo y acceso a créditos.

La Revolución empezó a cumplir estas demandas pero la contrarrevolución revirtió este proceso. Los terratenientes no solo recuperaron la mayor parte de las tierras repartidas con la reforma agraria sino que violentaron impunemente a los trabajadores y se beneficiaron de la multiplicidad de prohibiciones impuestas a la organización política y gremial. Un libro elaborado por el Comité de Defensa contra el Comunismo, encontrado en el Archivo Histórico de la Policía Nacional, enlista decenas de trabajadores agrícolas de la Costa que fueron apresados tras la caída de Arbenz bajo la acusación de ser “filocomunistas.”[1] Por su parte, la CIA  reportó en ese momento que la mayoría de apresados eran líderes de sindicatos o comités agrarios y que cuando quedaban en libertad, comúnmente eran expulsados de sus tierras o trabajos por los finqueros y capataces. Esto  había sucedido por ejemplo, con 50 de los 800 trabajadores de la famosa finca Pantaléon, propiedad de la familia Herrera. Finalmente, el reporte proporciona el nombre de líderes comunistas de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.

Otro caso es el de la masacre de Jocotén en Tiquisate en la que,  poco después de la caída de Arbenz, alrededor de 100 personas fueron tiradas a una fosa común, rociadas con pesticida y ejecutadas por soldados del movimiento de liberación. Según Cindy Forster, en 1976 el Ejército Guerrillero de los Pobres realizó una acción dedicada a ellos. Aunque algunos murieron como resultado de acusaciones derivadas de asuntos personales, las principales inculpaciones parecen haber sido ser sindicalista, comunista o líder agrario. Es probable que muchos sí lo fueran pero hasta ahora no se sabe cuánta gente murió ni quiénes eran. Lo poco que se conoce fue documentado en 1996 por el académico estadounidense Thomas O´Brien (2007). Vista desde hoy, esta primera gran masacre anticomunista y anti-agrarista parece un acto inaugural y un presagio de la violencia política de las siguientes décadas.

Si bien después de la contrarrevolución se hicieron algunos repartos agrarios en la Costa Sur, estos no resolvieron la  demanda de los trabajadores agrícolas quienes continuaron organizándose a base de trabajo de hormiga muchas veces clandestino. Pero muchas veces este trabajo fue detectado y atacado por los finqueros y el aparato estatal, que tendieron a cooperar entre sí. Los informes de la CEH y REMHI documentan algunos casos registrados en la primera mitad de los años sesenta cuando se registró, vamos a decir, un “patrón” de captura-tortura y liberación de líderes agrarios o sindicalistas. Por ejemplo, esto le sucedió en enero de 1962 a 5 trabajadores de la finca Los Cerritos, Escuintla vinculados a FASGUA, un sindicato influido por el partido comunista.

Después, en 1966, se rompe este patrón en el sentido de que la mayoría de los  capturados por razones políticas ya no son liberados sino que son desaparecidos o aparecen ejecutados con señales de tortura. Entre 1966 y 1977 la CEH y el REMHI documentan que 68  hombres y 5 mujeres fueron sometidos de esta forma por alguna unidad del ejército y/o la policía. La poca información que sobre estas personas existe indica que buena parte eran trabajadores agrícolas que:

  • Vivían en lugares donde se habían registrado conflictos de tierra durante la contrarrevolución.
  • Había presencia del partido comunista, sindicatos críticos o de alguna organización guerrillera.
  • Militaban o tenían relación con estas organizaciones.

Este tipo de situaciones sucedieron en San Vicente Pacaya, Tiquisate y aldea Las Chapernas en Escuintla, Coatepeque en Quetzaltenango y Nuevo Progreso, San Marcos.

Más o menos a partir del terremoto de 1976, en el altiplano indígena empezó a gestarse una insurrección campesina que puso en cuestión al Estado finquero protegido con la contrarrevolución de 1954. Dos procesos en los que se evidenció esta insurrección fueron la huelga cañera y la huelga de café que impulsó en CUC en 1980. Hasta hace poco, esta insurrección así como los procesos genocidas han sido pensados como fenómenos centrados en el altiplano. Pero gran cantidad de pobladores costeños participaron en estas huelgas y una cantidad indeterminada  se incorporó a las diversas estructuras guerrilleras instaladas en la Costa, participó también en acciones como quema de cañaverales, quema de maquinaria, acopio y recuperación de armas, entre otros.

Dos poblados en donde se observó este tipo de dinámica fueron Santa Lucía Cotzumalguapa en Escuintla y Santo Domingo Suchitepéquez en Suchitepéquez. En ambos hubo un trabajo organizativo importante de sacerdotes y del CUC. En Santo Domingo, pueblo habitado en gran medida por agricultores quiché, el EGP logró organizar algunas estructuras militares. Para recuperar el control y frenar nuevas amenazas en el futuro, el Estado recurrió al mismo tipo de salida que en las décadas anteriores, pero en proporciones mayores: es decir prisión, tortura y asesinato. De los cerca de 500 casos registrados en el REMHI y la CEH, casi la mitad ocurrieron en Santa Lucía Cotzumalguapa o Santo Domingo Suchitepéquez.

A diferencia del patrón de violencia estatal del altiplano, que a rasgos generales consistió en la ejecución de cientos de masacres familiares y comunitarias, la insurrección de la Costa se enfrentó sobre todo con asesinatos y desapariciones individuales. En la mayoría de casos, quienes murieron fueron trabajadores agrícolas,  aunque también algunas personas de sectores medios. Fue común que las familias fueron objeto de robo por parte de los captores y que perdieran sus cultivos porque debieron abandonar sus lugares de habitación. Hubo algunos casos de masacres familiares, de asesinatos con actos de humillación pública y de asesinatos de mujeres y niños. Por tanto, a diferencia del  altiplano, aquí la violencia parece no haber sido indiscriminada lo que podría indicar, entre otras cosas:

  • Que respondió a información de inteligencia sofisticada.
  • Se buscó evitar daños mayores a poblados que estaban muy cercanos a los grandes latifundios.

Para 1982 la mayoría de dirigentes del CUC habían sido desaparecidos o asesinados y el EGP sufrió también gran cantidad de bajas. Además, en ese período muchas de las bases del EGP en Santo Domingo se sometieron a la amnistía propuesta por el presidente Ríos Montt. Sin embargo, entre 1983 y 1984 otras organizaciones continuaron o empezaron a operar también en la Costa. Como muestra el Diario Militar, en esos años fueron capturados por el ejército, cuadros de las FAR, ORPA, el PGT así como casas de seguridad y armamento.

No he documentado aún lo sucedido en la segunda mitad de los años ochenta pero sí un poco de  los años noventa cuando las desapariciones forzadas aumentaron al tiempo que la Costa se convertía en un territorio de operaciones importante para las FAR. Su presencia se hacía sentir sobre todo por acciones de sabotaje como voladuras de puentes y torres eléctricas.

El declive de la izquierda y de la organización de trabajadores agrícolas después de la firma de la paz en Guatemala afectó también a la costa. Pese a ello continuaron registrándose asesinatos contra activistas y dirigentes de izquierda o de organizaciones agrarias. En varios de estos casos los ejecutores han sido personas vinculadas a antiguas redes contrainsurgentes o guardias privados. Pero salvo en contexto de desalojos de tierras, yo no vería en estos asesinatos una política estatal centralizada como en la guerra.

A manera de cierre

Después del agravio y humillación de 1954, los trabajadores de la Costa Sur impulsaron diversas iniciativas que buscaban debilitar o destruir el Estado finquero. Aunque deben explorarse otro tipo de respuestas del Estado a estas iniciativas, pareciera que la principal fue la violencia contra los “insubordinados”. Esta violencia tuvo un carácter de clase, ya sea que el Estado actuara “autónomamente” o a solicitud o financiamiento directo de sectores terratenientes. Sobre este último punto no tengo información. En todo caso, no hay duda de que el éxito actual del modelo agroindustrial en la Costa está asentado en parte sobre escenarios de enclaustramiento, tortura, delación forzada, asesinatos, pillaje y miedo. En otro trabajo me gustaría demostrar de manera más directa las conexiones políticas entre los procesos de insubordinación de la Costa y en el altiplano, así como las similitudes y diferencias en la forma de actuar del Estado contrainsurgente, de acuerdo a los recursos, cálculos y alianzas.

[1] Septiembre 1954. Entre 1500 y 2000 presos

1 Comment

  1. Angelica López

    No cabe duda nunca que la riqueza de la cual gozan muy pocos grupos de oligarcas en este país, tiene tinte de muerte. Gracias por la información porque me hace responsable de mis opciones por la dignidad de todos mis hermanos y hermanas campesinos que aún viven la dignidad.

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