Pisos mínimos para pensar un procedimiento de consulta

La consulta previa, libre e informada es un derecho de los pueblos indígenas. Pero, ¿de qué manera debe hacerse para garantizar la salvaguarda de los derechos fundamentales?

El Convenio 169 de la OIT, instrumento jurídico internacional sobre derechos de los pueblos indígenas que cual Guatemala suscribe desde 1996, contempla el mecanismo de la consulta previa, libre e informada.

La consulta es una herramienta que garantiza la participación e incidencia de los pueblos indígenas en los mecanismos de decisión del Estado. Sin embargo, esta debe ser llevada adelante con una serie de características. Debe ser libre, es decir que no debe haber coerción e intimidación o sobornos con dinero. Debe ser previa, o sea que hay que consultar antes de llevar a cabo cualqueir medida. También debe ser adecuada culturalmente, sorteando cualquier limitación material, de tiempo o linguística. Y, por último, debe ser informada ya que debe reflejar todos los puntos de vista de los actores involucrados.

Existe una base mínima de requisitos para que la consulta resulte en un proceso legítimo:

1. El derecho a ser consultados
Los pueblos indígenas y sus instituciones representativas tienen el derecho fundamental a ser consultados respecto de toda medida de carácter legislativo o administrativo susceptible de afectar, directa o indirectamente, sus derechos o integridad como pueblos.

2. Finalidad del procedimiento de consulta
Obtener el consentimiento del pueblo o los pueblos afectados por la medida respecto de la que se realiza la consulta.

3. Principios rectores del procedimiento de consulta

  • Carácter previo: debe realizarse con anterioridad a la adopción de la medida a ser consultada.
  • Obligatoriedad: el Estado, en todos sus niveles, está obligado a llevar a cabo un procedimiento de consulta a los pueblos indígenas sobre toda medida legislativa o administrativa que involucre los derechos o intereses de los pueblos indígenas.
  • Buena fe: dentro del procedimiento de consulta debe prevalecer la buena fe, lealtad y honestidad entre el Estado y los pueblos indígenas. El Estado deberá realizar hasta el máximo de sus esfuerzos para que el procedimiento se realice dentro de un contexto de confianza entre las partes, que propicie un diálogo fluido y sincero.
  • Libertad: la voluntad de los pueblos indígenas debe expresarse genuinamente; libre de toda coerción, intimidación o manipulación.
  • Información adecuada: el Estado deberá brindar información completa, adecuada y veraz sobre las consecuencias económicas, sociales y culturales a largo plazo de la medida consultada.
  • Adecuación cultural: el procedimiento de consulta deberá realizarse respetando los modos tradicionales de organización y de toma de decisiones de los pueblos indígenas.
  • Carácter vinculante: las decisiones a las que arriben los pueblos indígenas como resultado del procedimiento de consulta serán se carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio para el Estado.
  • Amplitud: el procedimiento de consulta deberá permitir la plena expresión de las opiniones de los pueblos indígenas. Deberá garantizar la participación de todos los afectados a través de sus organizaciones representativas, tanto tradicionales como contemporáneas.
  • Accesibilidad: el Estado deberá garantizar los recursos presupuestarios y logísticos necesarios para permitir la plena participación de los pueblos indígenas consultados.

4. Etapas del procedimiento
El procedimiento de consulta previa comprende todas las acciones del Estado dirigidas a consultar a los pueblos indígenas sobre medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar, directa o indirectamente, sus derechos o integridad como pueblos. Incluye las siguientes etapas: 1. Identificación y contacto con los pueblos potencialmente afectados; 2. Reuniones informativas y explicativas; 3. Elaboración de un plan de consultas; 4. Toma de decisiones de los pueblos; 5. Adopción e implementación de los acuerdos.

5. Principio precautorio
En caso de peligro cierto y grave para la supervivencia de los pueblos indígenas, el Estado no podrá alegar la ausencia de información o certeza científica para postergar la adopción de medidas eficaces, para tutelar los derechos de los pueblos.

6. Veedores/as
Representantes de organizaciones de la sociedad civil defensoras de los Derechos Humanos y de los derechos indígenas, serán designados/as, de común acuerdo entre las partes, como veedores/as del procedimiento de consulta. Los veedores/as deberán brindar informes periódicos sobre el desarrollo del procedimiento y su adecuación con el presente reglamento y a los estándares internacionales de Derechos Humanos.

7. Beneficios compartidos
Los pueblos indígenas tienen derecho a una participación justa y equitativa en los beneficios económicos que se deriven de la adopción de la medida consultada.

8. Indemnizaciones
Los pueblos indígenas tienen derecho a recibir una compensación económica por toda pérdida o daño que se derive de la implementación de la medida legislativa o administrativa consultada.

9. Omisión de la consulta previa
Será nula de nulidad absoluta toda medida de carácter legislativo o administrativo susceptible de afectar, directa o indirectamente, sus derechos o integridad como pueblos que haya sido adoptada omitiendo el procedimiento de consulta previa. Los funcionarios/as que omitan realizar el procedimiento de consulta serán pasibles de sanciones administrativas y penales que les correspondan.

10. Cláusula interpretativa
Rigen supletoriamente todas las disposiciones del Convenio 169 de la OIT y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Fuente: Derechos indígenas y territorio. Herramientas poara la defensa de los derechos colectivos de los pueblos originarios. Gajat-CEPPAS y International Land Coalition.

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