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¿Qué beneficio trae el estado de sitio a los pueblos?

La ley, en los inicios de la historia política moderna, idealmente sería el instrumento y la medida que permitiría dos cosas: que se juzgue a todos los seres humanos bajo los mismos parámetros y, dos, evite los abusos de poder.

Por Felipe Girón

Se supone que el gobierno de leyes en Estados republicanos y gobiernos democráticos debe de proteger y garantizar las libertades y derechos de todos, sí todos, los ciudadanos y todas las ciudadanas sin discriminación alguna. Sin embargo, durante los últimos más o menos 200 años de historia, hemos visto que estos principios e ideales se ven tergiversados una vez hecha y aplicada la ley. Algo así sucede con el actual estado de sitio.

Dependiendo de la conformación del régimen jurídico, los Estados se han reservado el papel de garantizar y proteger, pero también coartar, algunos de los derechos reconocidos en las respectivas constituciones. En el caso de Guatemala, la Constitución reconoce cinco tipos de estados de excepción. La paradoja en la que resulta la concesión de libertades por parte del Estado es que, en un momento dado, este se vea amenazado y restrinja las garantías y derechos, que en principio ha reconocido, en aras de la seguridad. El Estado puede hacer la excepción a la regla de garantizar y proteger los derechos y libertades, puede decretar un estado de excepción como es el caso del actual estado de sitio. Esto se traduce en un dilema para el ciudadano, en el que, so pretexto de la seguridad, este le concede al Estado la potestad de que le retire ciertos derechos. Los derechos y libertades que se suprimen temporalmente al decretarse estado de sitio son: de acción, de locomoción, de reunión y manifestación, portación de armas, detención legal ya no solo mediante orden de juez, interrogatorios a detenidos y presos no solo por los agentes judiciales reconocidos en la ley, sino que por otros agentes de seguridad del Estado normalmente no facultados para ello. En la situación actual, como no son protestas populares cercanas a la capital, no oímos aquellas voces que usualmente se quejan por manifestaciones populares en el área metropolitana, pero lo cierto es que el estado de sitio restringe esta libertad de locomoción para salvaguardar la seguridad, solo que no la de todos los ciudadanos.

El estado de sitio en 22 municipios del nororiente de Guatemala no es una decisión por proteger a los ciudadanos de alguna agresión, mucho menos para alcanzar el bien común del pueblo de aquella región. La conflictividad en El Estor data de hace ya algunos años atrás. El antecedente inmediato llega a los años setenta del conflicto armado interno, en los que comenzó operaciones la compañía de níquel en aquella región. Esto se ha traducido en los últimos años en la duda razonable de contaminación del recurso hídrico del área, como los ríos afluentes al lago de Izabal y el mismo lago. Hace ya más de dos años, un grupo de pescadores protestó por la contaminación del lago, y se logró en aquel tiempo enviar muestras de agua para su análisis, los cuales, arrojaron resultados que incluyen el hallazgo de contaminantes típicamente emanadas por actividades mineras.[1] En la zona también se encuentra un enclave de palma africana, industria que tampoco muestra señales de una política de escuchar y dialogar con la población, ni ha obtenido certificaciones de no contaminación.

A inicios de septiembre, el asesinato de tres soldados de la infantería de marina, crimen que no ha sido esclarecido por la vía jurídica correspondiente, fue el pretexto para que el Ejecutivo decretara el estado de sitio, el cual fue ratificado por el Congreso. Un segundo decreto gubernativo fue ratificado este 10 de octubre para mantener el estado de sitio por 30 días más.

Ante la opacidad del accionar de las instituciones de gobierno y por las contradicciones en los relatos de los hechos que los entes de gobierno han dado a la opinión pública para justificar esta medida que restringe libertades y derechos, hay una duda razonable de que el estado de sitio sea una medida para proteger a la mayoría y los derechos del pueblo de Guatemala, garantizar el bienestar de todos. Y es que, en Guatemala, “todos” se entiende desde quien lo diga, el contexto de quien lo dice. Ese “todos”, ¿incluye a los pescadores que denuncian contaminación en los recursos hídricos y a la población que tiene derecho a la vida? Si el narcotráfico es la amenaza, ¿por qué no se combate en el marco del paradigma de seguridad democrática? ¿Tiene algo que ver el narcotráfico con la contaminación del lago? Hay más preguntas que respuestas, y es poco probable que se respondan a través del estado de sitio, pues las instituciones de gobierno son difíciles de auditar y esclarecen poco sus acciones.

El legado de este gobierno, que está por terminar su paso por el Estado, contabiliza una reducción en la cobertura de educación primaria, mayor desconfianza hacia los organismos de seguridad por parte de la ciudadanía; no se avanzó en mitigar la vulnerabilidad por el cambio climático; en suma, no se gobernó por el bien común de los pueblos que habitan este territorio, y este estado de sitio, más que proteger a la población ante un peligro, entorpece la actividad productiva, amenaza la vida de los ciudadanos e inhibe las actividades educativas en los poblados de la zona. Es una acción que favorece la extracción por desposeer a los ciudadanos de sus derechos y libertades. Ya no más.

[1] Según fuentes periodísticas.

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