Quelvin Jiménez: las consultas son fruto del derecho de libre determinación

Conversamos con el abogado del Parlamento del Pueblo Xinka sobre las consultas municipales, el papel de las comunidades y la resistencia antiminera.

Por Eleanor Katz y Víctor Quilaqueo

Como parte de las investigaciones que hemos llevado adelante en el marco de la convocatoria de investigación en CEPPAS, pudimos conversar con el Lic. Quelvin Jiménez, abogado, forma parte del Parlamento del Pueblo Xinka, originario de San Francisco Jumaytequepe, al norte del Departamento de Santa Rosa, desde el 2003 que participa en la revitalización de la lengua y la cultura del pueblo xinka, además de acompañar el litigio de las comunidades en contra de la mina San Rafael, ubicada en San Rafael las Flores, Santa Rosa.

En el año 2013, ante el anuncio de la obra y después al inicio de la fase de explotación de oro y plata en Santa Rosa, Quelvin presentó con el apoyo de CALAS el caso de oposición al proyecto por contaminación del agua en los pueblos alrededores. En los últimos cinco años, Quelvin ha sido parte de la decisión provisional de suspender la licencia de explotación de la minera por falta de “ consulta previa, y solo un par de meses después, otra decisión de reinstalar la licencia de San Rafael con la condición de que la empresa realizaría la consulta durante un periodo de 12 meses.

Durante una visita a la capital relacionada con su caso pendiente en la Corte de Constitucionalidad, conversamos con Quelvin sobre su experiencia, el rol de las comunidades en la resistencia antiminera y los procesos de consulta y participación comunitaria en el caso de la mina San Rafael. Este es un extracto de lo que nos contó:

¿Qué podemos entender sobre la consulta?
La consulta como tal es una práctica diaria de las comunidades porque en nuestras comunidades se tienen autoridades propias, diferentes niveles de autoridad. La máxima autoridad es la Asamblea General, es la que decide todo lo que tiene que ver con la administración y uso del territorio.
Hay un segundo nivel en las comunidades que se le denomina Gabinete de Orden Menor, y es una asamblea de representantes de distintas aldeas. Y es que hay que diferenciar que para nosotros, el pueblo xinka, la palabra “comunidad” y “aldea” no es lo mismo. Aldea es la circunscripción territorial que forma parte de la comunidad y la comunidad es más bien todo ese territorio que está bajo la administración o propiedad de lo común, que es de toda la población. Entonces están esos niveles y cada cierto tiempo tiene que haber consulta, tiene que haber rendición de cuentas de parte de las autoridades hacia la población, y en cada una de esas asambleas se consulta acerca de si está bien o está mal lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, cómo se tiene que hacer. Es una práctica en la vida diaria y si hay algún conflicto en determinada aldea relacionado con distintos temas, hay que consultarlo, esa es la regla general. Entonces es una práctica permanente en las comunidades.

La consulta es saber qué es lo que la población quiere consultar también, pues, a los abuelos, a los cerros, a los abuelos, a los ríos sobre las decisiones que se toman. Entonces son procesos que históricamente se han dado en nuestras comunidades.

Para el caso del pueblo xinka de Jumaytepeque, en el municipio de Nueva Santa Rosa, las primeras movilizaciones que alertan sobre la presencia de transnacionales comienzan el 2010. ¿Cómo fue el proceso a nivel municipal y departamental?
Empezamos a buscar todos estos procesos [de participación] y dijimos, bueno, el territorio comunal está protegido pero qué pasa con el resto del municipio. Y aquí hay algo importante, pues en el municipio estaba como muy definida la población xinka y la población que se consideraba no indígena. Históricamente ha habido una discriminación y un racismo enorme del casco urbano y del resto de aldeas hacia el pueblo xinka de Jumaytepeque, pero este fue un punto de encuentro que sirvió para limar muchas asperezas y encontrar un objetivo común y trabajar de la mano para la defensa del territorio. Entonces el municipio ahora ve como una fortaleza el territorio comunal, que puede impedir la expansión de proyectos transnacionales en el territorio sin el consentimiento previo del pueblo xinka.

Entonces decimos, bueno, qué hacemos. Empezamos a buscar y vemos las autoconsultas del occidente, de los hermanos mayas, y nos ponemos a pensar en las sentencias que han venido de la Corte de Constitucionalidad, de Salas de Apelaciones y demás, y decimos, bueno al final, el impacto que han tenido estas consultas son más impactos políticos que jurídicos y nosotros queremos buscar un impacto jurídico porque ya tenemos un impacto político y vinculante con nuestra primera consulta, pero ¿qué pasa con el resto del municipio?.

Aparte de eso, pues, de alguna manera pensamos que el Convenio 169 no podría aplicar para la población no indígena del territorio, y decimos, bueno, hay una experiencia en Sipakapa que se intentó hacer una consulta municipal que fue suspendida por la Corte de Constitucionalidad, también había una experiencia en San Carlos Alsatate, una comunidad xinka, pero que fue una de las modalidades del Código Municipal. Entonces empezamos a desmenuzar del artículo 63 al 66 del Código Municipal y logramos identificar que no es un solo tipo de consulta, sino que son 4 tipos de consultas diferentes los que hay y tienen sus distintas aristas y una de ellas no es vinculante.

Encontramos que lo que queremos es que sea vinculante y decidimos que se haga de acuerdo al código municipal y no al Convenio 169. Entonces dice la población, entrémosle, entonces tanto xinkas, como no indígenas, unidos para llevar adelante el proceso.

Era un año electoral porque fue el 2011 y los candidatos a alcaldes de esa época y la Iglesia decían que el Parlamento xinka estaba haciendo su proyecto político porque estábamos recogiendo firmas, pues el artículo 64 del Código Municipal establece que uno de los requisitos para pedir la consulta es recolectar las firmas del 10% de los vecinos empadronados y entonces, si no mal recuerdo, eran 1500 firmas las que teníamos que recolectar para poder presentar la petición. Entonces dijimos, vamos a recolectar 2000 firmas, y soprepasamos eso. En quince días recolectamos 4600 firmas.
En ese tiempo nos reunimos con los candidatos a alcaldes y les dijimos que era una vergüenza que los que se estaban postulando ni siquiera conocieran el Código Municipal, pues el Código es claro en los requisitos para una consulta. Cuando terminó la reunión todos salieron diciendo que apoyaban la consulta y entonces se comprometieron al proceso porque sí les dolió, estábamos televisando en los canales locales la reunión y se decide hacer la consulta a finales de abril y hacemos la primera consulta el 3 de julio del 2011.

En tiempo récord participan más de 8 mil vecinos empadronados, que representaban más del 50% del padrón electoral, realmente hubo un interés de la población en esa consulta.

En relación con el panorama de consultas a nivel nacional ¿cómo ves el uso del Convenio 169 en estos procesos?
Para nosotros, en las consultas que se han hecho en nuestros territorios hay una diferencia en cuanto a la obligación del Convenio 169, porque han sido para el Municipio, entonces quisiera hacer la diferencia. En cuanto al Municipio, los asuntos a consultar son aquellos de carácter general que puedan afectar al municipio y a sus vecinos y la actividad minera en general es eso. Entonces se puede hacer la consulta a solicitud de vecinos. Hay otra consulta que la puede hacer el Concejo Municipal, pero esa no es vinculante. Al final el Concejo toma la decisión.

Las otras dos consultas que son un poco parecidas o digamos que van en la línea del Convenio 169, siempre en el Código Municipal, son: la consulta a comunidades indígenas, y la consulta a las autoridades. Una es a las comunidades y las otras a las autoridades indígenas.

Dice que cuando se afectan derechos de los pueblos indígenas el Concejo Municipal tiene que consultar a las autoridades o a la comunidad dependiendo de cómo quieran la modalidad, lo bonito de esta regulación es que dice que todas las consultas son vinculantes. O sea, si la autoridad le dice “no” al Concejo Municipal, el Concejo tiene que tratarla como vinculante.

Para que se hagan estas consultas es necesario que haya una fuerza, un poder político detrás que haga, que impulse al Concejo, pues sino el Concejo hace lo que quiere. Por ejemplo el caso de San Carlos Alsatate fue un proceso que nos llevó 5 años para lograr hacer las consultas vinculantes. Desde el 2011 al 2016 se logra hacer la consulta.

La consulta municipal puede ser cualquier asunto de carácter general, no es específica pero sí es vinculante, las que se han hecho en occidente con los hermanos mayas yo considero, a mi parecer, que no son las consultas que están en el Convenio 169 y realmente a los pueblos indígenas nos ha faltado mucho comprender el Convenio 169.

Más bien esas consultas son el ejercicio del derecho de libre determinación y es ahí en donde lo tenemos que fundamentar. Falta hacer una fundamentación teórica y legal del derecho a la libre determinación. Porque el mismo convenio lo dice, que las consultas son fruto del derecho de libre determinación. Entonces yo como pueblo en mi libre determinación digo que tengo derecho a esto o a esto otro, o que no quiero esto o no quiero lo otro. Podría ser vinculante porque al final es su derecho de libre determinación y tiene que ser respetado, pero tal vez se ha confundido al fundamentarlo en el Convenio 169. Porque si vemos todos los estándares internacionales y toda la línea del Convenio 169 qué nos dice: nos dice que es el Estado el que tiene que consultar y que el Estado no puede delegar esa responsabilidad en terceras personas. Entonces para que esa consulta sea vinculante tiene que ser a través del mismo Estado. Es el Estado el que tiene que consultar, no me puedo yo autoconsultar, ese es el elemento fundamental y que ha utilizado la Corte en el tema de las autoconsultas.

¿Cómo fue el proceso relacionado a las autoconsultas en San Rafael?
Como no se logra hacer la consulta en según el Código Municipal, se decide utilizar las autoconsultas aunque sabíamos que iba hacer un efecto puramente político. Entonces agarramos las autoconsultas de comunidad en comunidad y el COCODE levantaba acta de la votación para dejar constancia, aunque no era el COCODE el que hacía la consulta, sino la misma comunidad que se autoconsultaba.

Fueron siete consultas las que se hicieron en siete aldeas de las 16 que hay en San Rafael. Y en todas las aldeas se venía diciendo, 98%, 95% en contra de la actividad minera. Y solo votaban los mayores de edad y aparte las consultas de niños donde los porcentajes eran similares. Es en esta consulta cuando” secuestraron el presidente del Parlamento Xinka y fue muy emblemático, porque era un momento en donde se hizo la consulta en una de las comunidades en la no habían podido entrar los mineros, estaba totalmente prohibida la entrada porque los monitoreos de agua lo estaban haciendo en fuentes de agua de esa aldea, y los descubrió la aldea haciéndolos, pues es arriba de la mina. Se hizo un relajo.

Entonces se hizo la consulta y cuando el presidente del Parlamento sale de la aldea como a las 6 de la tarde, lo secuestran. Nosotros seguimos manteniendo la hipótesis de que hubo contubernio entre el ex Ministro de Gobernación, Mauricio Lopez Bonilla, pues el secuestro se dio entre agentes de la seguridad privada de la empresa y la misma policía.

Entonces ahí muere una persona [Exaltación Marcos Ucelo, secretario de Actas del Parlamento xinka], secuestran a nuestros compañeros y se genera toda una movilización. Más de 40 mil personas movilizadas exigiendo que aparezca el compañero, la autoridad.

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Alerta difundida para denunciar el secuestro de Roberto González, autoridad del Parlamento del Pueblo Xinka

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Conferencia de prensa de autoridades del Parlmento del Pueblo Xinka después de su liberación.

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Masiva movilización y funeral de Exaltación Marcos, secretario de actas del Parlamento del Pueblo xinka, asesinado por quienes lo secuestraron.

En esos días en una reunión, nos sorprendieron en nuestra buena fé, porque [las autoridades de gobierno] pidieron permiso para entrar a la comunidad y llegar a mediar con el resto de las autoridades, el que era en ese entonces viceministro de Gobernación Edi Juarez, lo que quería era entrar y reconocer el área. Entonces sí, ingenuamente se les permitió entrar, reconocer y ver, nos estudiaron bien la organización. Justamente cuando sale el viceministro diciendo “yo me comprometo, de que aparece, aparece”, al ratito la llamada que avisa que ya lo habían encontrado en Chimaltenango en un hotel.

En un panorama así de violento ¿cómo has visto la participación de las comunidades en las resistencias?
Desde 2010 a la fecha son 7 años y vemos que la resistencia va cada vez más fortalecida. Se ha generado una conciencia a nivel de la región y ahora lo fundamental es que los alcaldes tampoco han aceptado sentarse con la mina ni con el gobierno. Los han convocado desde la Mesa Nacional de Dialogo y ellos han dicho que el pueblo ya les dio la orden a través de la consulta y que no se van a sentar con ellos. La gente también está con mucho ánimo de ir hasta las últimas consecuencias. Ya se instaló la resistencia aquí frente a la Corte de Constitucionalidad en un plantón, para esperar el fallo, se ha programado 50 personas diarias y aquí no hay una ONG que esté financiando, sino por ejemplo, con los empresarios de los buses conseguimos para el diesel y ellos hacen los viajes, no cobran, solo financiamos combustible, y vienen a dejar y se turnan. La gente que no puede participar en la resistencia, también aporta, un quintal de frijol, maiz, aguas, etc.

Es una solidaridad de toda la región. Aquí vienen 50 personas que dejan su trabajo, vienen y son distintas todo el tiempo.

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