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Reflexiones para la construcción de políticas públicas que garanticen una vida digna

Presentamos la primera parte del análisis del proceso de movilización que terminó con la derogación de la Ley Monsanto en Guatemala.

Por Gary Estrada

La reciente derogación de la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, merece un análisis a profundidad sobre el por qué de la misma y la reciente actividad social que suscitó en los días posteriores. La reflexión surge como una necesidad para un accionar crítico hacia las demandas sociales y para las perspectivas sobre la generación de políticas públicas con participación social ante las necesidades latentes.

La legislación a favor de los intereses de las grandes corporaciones es manifiesta, desde mantener el modelo del monocultivo hasta favorecer a empresas que buscan comercializar con semillas. Esta situación hace evidente que en las últimas décadas se promuevan leyes que condicionan el modelo económico. Las consecuencias de la conformación de dicho escenario son múltiples. Una de las que más nos preocupa es la destrucción a pasos agigantados del conocimiento ancestral y de la forma de vida de los pueblos indígenas, creando incluso dependencia en el uso de semillas mediante programas asistencialistas, como Hambre Cero, que poco han hecho por la construcción de una vida digna.

La aprobación de la llamada Ley Monsanto fue parte tan evidente de este modelo que provocó la movilización de los pueblos indígenas y el campesinado organizado a nivel nacional. Incluso sectores que poco han participado en las demandas sociales fueron parte del cuestionamiento al modelo económico y de los procesos expansivos de los monocultivos. Este sector, conformado por profesionales, académicos y actores político relevantes, hizo que el sentir ciudadano en contra de la Ley fuera más evidente.

Sin embargo, los reclamos de estos nuevos actores estaban divididos: algunos ponían entre dicho la efectividad de la ley, entre otras, por privilegiar sólo a un sector económico, otros la cuestionaban por creer profundamente en el deterioro de la salud de las y los guatemaltecos por los efectos nocivos de los transgénicos. Pero precisamente por la participación de estos sectores no tradicionales es que la lucha contra la Ley Monsanto cobró fuerza política desde una concepción ciudadana.

Aunque no debemos ser ingenuos. Una de las grandes razones por las cuales la normativa obtuvo común rechazo fue porque incluía un artículo que contemplaba la ampliación del presupuesto para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, liderado por Alejandro Sinibaldi, precandidato presidencial del Partido Patriota. Los partidos de oposición, grupos fiscalizadores del erario público y hasta empresarios no tardaron en expresar su rechazo a la normativa en bloque. Claramente no fue porque les interesara defender la soberanía alimentaria de Guatemala.

Celebramos la derogación de la Ley Monsanto y creemos que la movilización de las organizaciones indígenas y campesinas fue un factor de importancia, pero también entendemos que:

  • la movilización de los pueblos y campesinos en contra de los transgénicos se dio por el claro rechazo hacia el modelo avasallador del conocimiento y formas de vida ancestrales que benefician sólo a unos pocos;
  • la movilización catapultó a otros actores sociales que generaron presión social y política para que se lograra la derogación de la ley;
  • no existió una propuesta concreta para la protección de las semillas originarias y no hubo consenso en los grupos relacionados con la ley; y, que
  • la articulación política no permitió una organización de un frente político-social en contra de los transgénicos.

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