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Regresar al cuerpo, para pensar desde el cuerpo

Por: Jeraldine del Cid, politóloga.

La realidad global y latinoamericana demanda centrarnos “de nuevo” en lo fundamental: el cuerpo, como un espacio, un territorio, socializado, juridificado, socialmente interpretado, concreta y materialmente discriminado y violentado.


Desde el campo académico pensar y producir conocimiento respeto a las desigualdades en razón del género implica poner la mirada en dos grandes dimensiones. La primera, la realidad concreta de las y los sujetos, así como de los objetos de investigación, problemas sociales que afectan la vida, libertad y desarrollo de las personas. La segunda, la producción de conocimiento, dimensión en la que operan múltiples sesgos, fundamentalmente el de género. Es decir, la producción teórica que ha ignorado una perspectiva que contempla en el análisis de la realidad, la existencia de un sistema que produce y reproduce desigualdades entre las personas en función de su sexo.

Al tratarse de un sistema que determina las relaciones humanas en el campo del problema social, así como de las orientaciones en el campo de la producción del conocimiento, esta segunda dimensión no puede desligarse de la imperiosa necesidad de producir conocimiento y perspectivas para producirlo, sin que esto se oriente a la transformación del problema social. En ese sentido, una de las vías es la perspectiva de derechos humanos y la producción de políticas públicas orientadas a la transformación de las desigualdades producidas por dicho sistema.

Desde esta perspectiva se busca producir conocimiento que apunte a los cambios claves en las relaciones entre Estado, familia y mercado, así como a las reconfiguraciones entre las esferas de lo secular y lo religioso (Htun y Weldon 2010). Desde la perspectiva de Connel (2009) implica la transformación del  régimen de género, al menos, de hacer que el dominante deje de serlo, por medio de cambios en las instituciones que producen y reproducen dicho régimen, el cual establece cuál debe ser el carácter y comportamiento sexual de las personas, estas son el Estado, la familia y la “calle” a donde ocurren todas las relaciones humanas del campo “público” incluyendo la relación con las iglesias y la religión.

El conocimiento que se produce desde este abordaje, ha implicado interpelar al Estado y las sociedades y la orientación de las relaciones humanas a partir de principios básicos como los derechos. El punto de partida ha sido ampliamente explorado y ahora cuestionado, ¿Las instituciones del aparato estatal? ¿Los medios de comunicación? ¿Las representaciones sociales? ¿Las demandas de movimientos sociales? ¿Los procesos socializadores? Y un interminable etcétera.

Tras un encuentro académico internacional como el Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA 2018 en Barcelona, las perspectivas académicas, de investigación y epistemológicas, muestran cómo la realidad global y de Latinoamericano en particular, demanda centrarnos “de nuevo” en lo fundamental: el cuerpo, como un espacio, un territorio, socializado, juridificado, socialmente interpretado, concreta y materialmente discriminado y violentado. Esto implica pensar los procesos de transformación a dicho sistema pensando desde el cuerpo, porque somos cuerpo, no “tenemos un cuerpo”, lo somos. Yo soy mi cuerpo, pienso desde mi cuerpo y para mi cuerpo.

Por tanto, la opción de una perspectiva de derechos humanos, se orienta a no quitar el dedo del renglón de las luchas por el cuerpo, su vida, su salud, su bienestar, su libertad. En el marco de estas luchas, se han presentado numerosos avances en América Latina que no se pueden ignorar. Expresión de ello son principalmente las reformas para la aprobación de leyes contra la violencia contra las mujeres, las ampliaciones de derechos políticos, destacando las reformas de acción afirmativa de cuotas de género o paridad (aunque no es el caso de Guatemala), así como leyes y sentencias que habilitan el goce de derechos específicos a personas de la diversidad sexual (que en general, tampoco es el caso de este país).

No obstante, los avances latinoamericanos identificados han venido acompañados de nuevos obstáculos. En la última década se han presentado algunos fenómenos no previstos por las investigaciones relacionadas con el avance de la agenda de género en América Latina. Por un lado, las agudas distancias entre el derecho y la aplicación de la legislación, entre el diseño y la implementación de políticas han constituido terreno fértil para el incremento de un clima de desaliento con respecto a los avances legislativos y en materia de políticas públicas. Ello ha venido acompañado de protestas en torno a la defensa de demandas construidas por los movimientos feministas, a favor de los derechos humanos de las mujeres y de grupos de diversidad sexual. Marchas que se han globalizado en torno a la demanda por la eliminación de la violencia contra las mujeres, con consignas como “ni una menos” (Friedman y Tabbush 2016), así como protestas contra las prácticas y expresiones públicas de figuras de poder mundial, como el caso de presidentes de potencias mundiales.

Estos procesos han ocurrido a partir de un mayor involucramiento de nuevas generaciones que han apelado a renovadas formas y tecnologías de protesta, mostrando simultáneamente marcadas desconfianzas, tanto o más arraigadas que las activistas de mayor trayectoria, con respecto a las instituciones propias de los gobiernos representativos, es decir las secretarías, ministerios o institutos de las mujeres, así como comisiones de género o de mujeres en el poder legislativo, entre otras.

Sin embargo, al mismo tiempo se ha incrementado la presencia de contra-movimientos tanto en las calles como dentro de las instituciones propias del gobierno representativo, en los tres poderes. Esto se hace evidente en las comisiones legislativas o unidades ejecutivas a favor de políticas denominadas como “pro-familia” o “familistas”. Como muestra de ello, en Guatemala, en el marco de la tragedia del Volcán de Fuego, en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales en el Congreso de la República, se dio dictamen favorable a la iniciativa denominada “Ley para la protección de la vida y la familia”. Estos contra-movimientos han tomado también las calles con marcos discursivos renovados que algunas veces toman incluso términos técnicos producidos inicialmente dentro del campo discursivo progresista (Meier 2014), vaciándolos de contenido y total propósito.

Simultáneamente, las jóvenes y débiles instituciones de los gobiernos representativo-democráticos en la región han visto decrecer su calidad en el marco de una pronunciada crisis en la garantía de derechos humanos. Especialmente se identifica una mayor presencia de los ejércitos y las policías en las calles y procesos políticos. Lo cual ha redundado en asesinatos de líderes comunitarios y de movimientos sociales, en general, así como feministas y lésbico-gay en particular. Así también el avance de proyectos de leyes regresivas que restringe la lucha por los derechos humanos, así como derechos conquistados formal e institucionalmente. Particularmente aquellos relacionados con la libertad de la expresión corporal, la sexualidad y la reproducción.

Esto ha conllevado a una profundización del lazo de desconfianza entre activistas institucionales y no institucionales a favor del avance de derechos progresivos para las mujeres y para los grupos diversos. Se agudiza el cuestionamiento sobre el propósito de interpelar a un Estado que es el principal productor de una estructura de dominación que se organiza precisamente para producir un régimen de género que domina los cuerpos y su carácter sexual como primer ámbito de control y negación de derechos.

En estos contextos destacan algunas inquietudes que sin duda orientarán los intereses de reflexión académica y los abordajes de reflexión para vincularlos con las luchas sociales ¿qué relaciones se establecen entre “nuevas” y “viejas” formas de activismo institucional en demanda por una agenda para superar el régimen de género dominante frente a los contra-movimientos que se organizan en oposición a ello? Otro cuestionamiento vinculado con las configuraciones actualmente observadas, pregunta ¿Cómo impacta la militarización en los cambios de articulación institucional y de configuración del espacio público? y en ese sentido ¿cuáles son las redes que se establecen entre contra-movimientos, grupos religiosos fundamentalistas y fuerzas des seguridad como los ejércitos?

Todos estos cuestionamientos a partir de una perspectiva que se plantea desde el cuerpo, como primer lugar de enunciación, como territorio, con ser, como portador de los derechos que buscan superar el sistema de desigualdades basadas en el género como discriminación basada en el sexo de las personas. Estos abordajes de la producción del conocimiento, orientados a las diversas demandas que de una u otra manera se plantean al Estado, para que este, como institución se implique por medio de los servicios que provee, así como de una legislación que determina en buena medida las representaciones sociales y los roles de las y los sujetos.

De manera que nos encontramos frente a múltiples paradojas y contradicciones dentro del activismo y la producción del conocimiento en relación a la institucionalidad del Estado, institución que produce y reproduce la desigualdad por medio de la legalidad, juridificación y legitimidad, pero que a su vez determina el tratamiento hacia la libertad, salud y vida de “les ciudadanes” y su capacidad de ser “sujetes”.

 

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