La República Soberana de las Mafias o el florecimiento del “Ni se acata ni se cumple”

Durante el último mes, diputados del Congreso y magistrados de la Corte Suprema de Justicia han incurrido en desacato a resoluciones judiciales. El Presidente de la República ha dicho que ese es un tema que no le incumbe y el MP lo ha banalizado. Y las principales cámaras empresariales han incitado públicamente a esta desobediencia. ¿Cómo se llegó a esto y qué implicaciones tiene para Guatemala?

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Un principio político de la administración colonial en Hispanoamérica era: “Se acata, pero no se cumple”. Con ello, se quería decir que las órdenes emitidas desde la Metrópoli eran apenas consideradas como sugerencias por parte de las élites locales. Las autoridades americanas juraban sumisión formal a la ley, pero en la práctica actuaban conforme mejor correspondía a sus intereses económicos.

Las Repúblicas surgidas hace 200 años heredaron esta práctica jurídico-política y, en casos como Guatemala, la profundizaron, con el agravante de que durante este tiempo las oligarquías y sus operadores pasaron a ser a la misma vez quienes emitían la ley y quienes la acataban pero no la cumplían.

Sin embargo, esta dinámica de cómoda convivencia entre sumisión / incumplimiento de la ley está siendo superada por una aberración más descarada: desde hace tres años, autoridades de los tres poderes del Estado han declarado públicamente que solo van a cumplir las resoluciones que subjetivamente valoran como legítimas. Asistimos, pues a la era del: “ni se acata ni se cumple”.

El antecedente inmediato: Comisiones Paralelas 2020

El 17 de febrero de 2020, la FECI presentó un nuevo caso de investigación criminal: “Comisiones Paralelas 2020”. En su exposición, evidenció que decenas de personajes involucrados en la elección de magistrados para las Cortes 2019-2024, se comunicaron con Gustavo Alejos Cámbara, el multimillonario capo de las construcciones y medicinas en Guatemala.

Los anteriores contactos ocurrieron entre el 12 y 16 de febrero del presente año y en ellos participaron miembros de las comisiones de postulación, diputados del Congreso, aspirantes a magistrados para las nuevas Cortes, operadores políticos del gremio de abogados y familiares y amigos de los anteriores.

Es un agravante que dichas comunicaciones se desarrollaron mientras Alejos Cámbara, persona privada de libertad, ligada a cinco casos de Gran Corrupción, se encontraba fuera del lugar en donde un juez competente le permitió ser atendido para “recuperarse” de una supuesta enfermedad.

Las implicaciones del Caso: Informe Circunstanciado

La anterior información no impactó directamente en la nómina de aspirantes a salas de apelaciones, porque ella se concluyó el 14 de febrero de 2020, tres días antes de que el Caso saliera a luz. Sin embargo, sí tuvo algún impacto en la nómina de aspirantes de Corte Suprema, pues esta se concluyó hasta el 19 de febrero, dos días después del Caso.

Efectivamente, el impacto en la nómina de aspirantes a Corte Suprema fue relativo, porque a pesar de que los comisionados conocieron la gravedad de los hechos descubiertos, siguieron sesionados y votando sin reflexionar o pronunciarse al respecto.

Ante el peligro real e inminente de que los diputados eligieran a los aspirantes negociados por Gustavo Alejos, la Fiscal General del Ministerio Público planteó amparo en contra del Congreso. Solicitó que las votaciones tuvieran en cuenta los datos revelados por la FECI. La Corte de Constitucionalidad aceptó la acción constitucional y el 6 de mayo de 2020 emitió una sentencia histórica en donde:

  • Pidió al MP un informe circunstanciado sobre las personas relacionadas con la elección de magistrados que tuvieron contacto con Gustavo Alejos.
  • Ordenó a los diputados analizar dicho informe y, a partir de allí, cumplir con el artículo 113 constitucional; es decir, elegir magistrados atendiendo exclusivamente a su idoneidad, capacidad y honradez. Solicitó que este ejercicio intelectual constara públicamente y a viva voz.
  • Fijó los plazos para la conclusión del proceso de elección de magistrados.

La reacción criminal

Los abogados tradicionales del empresariado y de las mafias y los diputados de los partidos que conforman la alianza oficialista dentro del Congreso (VAMOS, TODOS, UCN, FCN, VALOR, PODEMOS, VIVA, HUMANISTA, PROSPERIDAD, UNIONISTA, PAN, parte de UNE y parte de BIEN) recibieron con malestar la resolución de la CC. En eventos “académicos” y en declaraciones a los medios de comunicación dieron a entender que la elección de magistrados es una prerrogativa incuestionable de los diputados, por lo que nadie puede, legalmente, indicarles cómo o por quién votar (o no votar).

Entre mayo y junio, el MP elaboró el informe circunstanciado, lo presentó públicamente y lo entregó al Congreso. El plazo para evaluar la información recibida, sesionar y elegir magistrados venció el 23 de junio, fecha en que los diputados fueron efectivamente convocados para tratar el tema. Sin embargo, la elección estaba llamada o no poderse realizar. Además de empezar intencionalmente tarde las sesiones, lo relativo a las cortes se agendó en el Punto No. 6 de la Orden del Día, por lo que pudo conocerse hasta la madrugada siguiente. La misma jugarreta se repitió el 16 y el 30 de julio.

Construcción y consumación de un desacato

Elegir a las Cortes negociadas por Gustavo Alejos y cumplir con la sentencia de la Corte de Constitucionalidad son mutuamente excluyentes. Por ello, el proceso de elección no se ha podido realizar. Para que ello suceda, el oficialismo parlamentario debe prever dos escenarios: a) se cuenta con los votos necesarios para elegir públicamente a los magistrados favoritos de Alejos (y se hace frente a las consecuencias mediáticas, políticas y jurídicas); y, b) se neutraliza a la Corte que emitió la resolución que se los prohíbe (para eliminar el riesgo de que sus actos tengan consecuencias). La segunda parte de la estrategia fue puesta en marcha.

El 26 de junio de 2020, la CSJ resolvió darle trámite a un antejuicio en contra de los magistrados de la CC que emitieron la sentencia del 6 de mayo. Minutos más tarde, enviaron el expediente a la Comisión Permanente del Congreso (integrada por miembros de su Junta Directiva), quienes ya estaban enterados del fallo y nombraron ipso facto una Comisión Pesquisidora. Por el perfil de los diputados miembros de dicha comisión, quienes tenían interés personal en el asunto, el resultado esperado era lógico: se pensaba recomendar el retiro de inmunidad de los magistrados y se les quería procesar penalmente de manera exprés para atemorizarlos, retirarlos de sus cargos y neutralizar en su conjunto al máximo órgano de control constitucional.

Esta treta intentó ser detenida legalmente, planteándose un amparo ante la propia Corte de Constitucionalidad, pidiéndosele que se invoque la jurisprudencia existente en materia de independencia judicial y protección a jueces y magistrados, en virtud de que no pueden ser molestados por sus fallos. Así lo interpretó la CC, quien ordenó a la CSJ informar cómo se conformó el pleno que dio trámite al antejuicio (pues en ello existieron evidentes ilegalidades) y a la Comisión Pesquisidora detener la investigación y remitir los expedientes respectivos. Sin embargo, todos los implicados se negaron a cumplir.

Con lo anterior, se consolidó definitivamente el desacato, producto de una estrategia planificada al más alto nivel por parte de autoridades del Estado de Guatemala, con respaldo pleno de sus élites económicas.

Ante la flagrancia del delito, la CC interpuso la denuncia penal respectiva y quedó en manos del Ministerio Público solventar esta problemática, persiguiendo a quienes hubieran osado incumplir un mandato judicial. Sin embargo, luego de varias semanas de silencio, la Fiscal General perdió la oportunidad de defender el Estado de Derecho y terminó criminalizando a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, abriendo paso para que nuevamente la CSJ decida en los próximos días si le da trámite a una denuncia por abuso de autoridad (que así lo hará) y a una nueva Comisión Pesquisidora (en la cual participarán nuevamente diputados afines a Gustavo Alejos), para que les retire la inmunidad.

¿Qué efectos tiene para Guatemala?

En 1985, los constituyentes decidieron otorgarle a la Corte de Constitucionalidad la prerrogativa de ser el máximo órgano de control constitucional del Estado de Guatemala. En tanto corte y órgano de control, sus resoluciones tienen peso de ley, para reafirmarse que nadie es superior a la Constitución.

Durante las últimas tres décadas, la CC ha dilucidado jurídicamente problemas estructurales de la política nacional. Muchos de sus fallos han sido altamente cuestionables y muchos han sido incumplidos por parte de diversos actores de poder (mineras, p.ej.). Sin embargo, es reciente que no solamente se incumplan, sino que además se anuncie con bombos y platillos que no se piensan acatar.

Esta práctica la iniciaron el expresidente Jimmy Morales y sus exministros Enrique Degenhart y Sandra Jovel, cuando desde 2017 se propusieron detener la investigación de casos de Gran Corrupción y criminalidad organizada por parte de empresarios, políticos y militares, comúnmente ligados al narcotráfico.

Ahora, en 2020, esta nueva edición del desacato terminó de romper la institucionalidad democrática construida a finales del siglo pasado, instalándose, como en la época de la Guerra, la supremacía de la fuerza (cuya máxima expresión simbólica está representada por el Ejército, pero que no se reduce solo a ello).

En lo concreto e inmediato, el objetivo, como ya se indicó, es elegir expeditamente a las Cortes de y para Gustavo Alejos; pero, en el fondo, hay una intencionalidad mucho más profunda: que ningún acto de las autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales vuelva a verse controlado en cuanto a su legalidad y constitucionalidad. De ahora en adelante, si un político se siente intimidado o cuestionado, apelará a la ya instaurada fórmula de “esa orden no la cumplo”, provenga de la CC, de la CSJ o de cualquier órgano jurisdiccional.

En otras palabras, pues, asistimos al entierro del imperio de la ley y al renacimiento de la República Soberana de las Mafias. ¿Quién va a ser el próximo en desacatar?

Imagen destacada extraída de: https://www.plazapublica.com.gt/content/gustavo-alejos-el-omnimodo

Se elige con transparencia o se desobedece una orden judicial

Hemiciclo Congreso Guatemala

El 18 de junio, la Junta Directiva del Congreso debe convocar al pleno de diputados para elegir a los magistrados que conformarán la Corte Suprema de Justicia y a los magistrados que conformarán la Corte de Apelaciones, para el periodo 2019-2024. La elección debe realizarse a más tardar el 23 de junio.

Los anteriores plazos fueron señalados mediante Sentencia de Amparo de la Corte de Constitucionalidad, dentro del expediente 1169-2020, emitida el 6 de mayo de 2020. Este proceso se llevó a cabo ante la amenaza cierta e inminente de que los congresistas eligieran a profesionales no idóneos para el cargo, luego de que la fiscalía detectó que personas ligadas al trabajo de las comisiones de postulación[1] estaban sosteniendo asiduas reuniones en torno a Gustavo Alejos[2].

Ante la gravedad de la situación generada por la denuncia pública de esta red ligada a Alejos, la CC ordenó:

  • Al Ministerio Público: presentarle un informe circunstanciado al Congreso, en donde le indique si los abogados que conforman las nóminas de aspirantes a magistrados, elaboradas por las respectivas comisiones de postulación, aparecen vinculados a hechos y actos de manipulación e influencia indebida durante el proceso. Dicho informe fue entregado al Organismo Legislativo el 28 de mayo de 2020.
  • A los diputados: analizar exhaustivamente el informe para determinar individualmente si las personas por quienes deberán elegir aparecen vinculadas a procesos de investigación relacionados con la manipulación e influencia de las comisiones de postulación; si este fuera el caso, deben determinar si dicha vinculación compromete su idoneidad y honorabilidad como futuros magistrados o no. Para este ejercicio intelectual, a los diputados se les otorgó un plazo de 20 días, el cual vence el 17 de junio de 2020.

Como se indicó, a más tardar el 23 de junio de 2020, los diputados deberán estar eligiendo magistrados. Sin embargo, como impacto directo del descubrimiento de la Red Ilícita de Alejos y por orden de la Corte de Constitucionalidad, dicho acto debe atender de forma muy particular a los principios de máxima transparencia y máxima publicidad. En la práctica, ello quiere decir que cada diputado deberá emitir su voto favorable o desfavorable para cada uno de los aspirantes, indicando concretamente:

  1. Si como resultado de su análisis del informe producido por el Ministerio Público considera que el aspirante está vinculado a la red de Alejos y, en su caso, si ello compromete su idoneidad para ser magistrado de justicia o no.
  2. Si considera que el aspirante a magistrado es una persona honorable o no, y el fundamento de su estimación.
  3. Si considera que la persona elegible llena los suficientes requisitos de méritos profesionales, académicos y humanos para ocupar el cargo al que aspira y el fundamento de su consideración.

Es importante concluir este análisis con dos ideas finales. La primera es que existen diputados que no son aptos para elegir magistrados porque tienen evidentes conflictos de interés en el proceso. Ejemplo de ello son los diputados que se reunieron con Gustavo Alejos, los que tienen sendos señalamientos de haber participado en graves actos de corrupción y los que pertenecen a estructuras partidarias claramente atravesadas por el crimen organizado y el narcotráfico (como es el caso de la UCN).

La segunda es que existe bastante atención social sobre este proceso de elección de cortes porque la experiencia indica que cuando ello es viciado (como sucedió en 2009 y 2014), en las diferentes cámaras y salas del Organismo Judicial aparecen magistrados dispuestos a vender sus resoluciones judiciales y a proteger a sus patrocinadores, a costa de la ley y la justicia.

El Presidente de la República y otros actores han declarado expresamente que les gustaría que las actuales cortes se mantengan en sus puestos mientras se impulsa una incierta reforma constitucional al sector justicia. Si ello se concretara, claramente implicaría una maniobra para eludir la votación en los términos planteados por la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, por lo que se estaría a la puerta de la desobediencia de una orden judicial.


[1] En esta categoría caben: miembros de las comisiones de postulación, aspirantes a magistrados, diputados que eventualmente elegirán a los magistrados y otros.

[2] Alejos es un personaje conocido en el ámbito nacional por haber financiado lícita e ilícitamente la campaña electoral de diversos partidos políticos. Luego, al resultar ganadores dichos partidos, los funcionarios públicos lo beneficiaron millonariamente, adjudicándole onerosísimos contratos con el Estado. También es conocido como operador de cortes, es decir como personaje clave en la elaboración de listados de abogados que compran sus puestos como magistrados y/o que de resultar electos garantizan impunidad a políticos, empresarios, naroctraficantes y otros. Actualmente, está ligado a media docena de casos por actos de gran corrupción.

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