¡Nueve años no fueron suficientes!

Nueve años no fueron suficientes para que el Estado de Guatemala le hiciera justicia a Cristina Siekavizza Molina, a sus hijos y a su familia. La ineficiencia y la impunidad pudieron más. Y para colmo, el sindicado muere y el descrédito público del sistema de justicia es tanto que cuesta creer que no es una treta de impunidad más.


Una mujer, de clase media alta, esposa y madre, llamada Cristina Siekavizza Molina, desaparece el 6 de julio de 2,011.

El caso es llevado a los medios de comunicación y causa revuelo en la sociedad. Desde ese día, mucho se ha escrito alrededor de su desaparición; pero casi todo ha girado alrededor de diligencias de investigación y judiciales fallidas:

  1. Su desaparición, en julio de 2011.
  2. El Ministerio Público encuentra evidencias de violencia y sangre de ella en su casa, en julio de 2011
  3. Su esposo, Roberto Barreda de León, desaparece el 3 de agosto de 2,011, con sus hijos
  4. El 7 de agosto de 2,011, Petrona Say, la empleada doméstica, da su testimonio, donde afirma haber visto el cadáver de Cristina
  5. Tres personas más son ligadas a la desaparición y posible asesinato de Cristina, estos son: Óscar Humberto Celada Cuevas (investigador privado); Joaquín Flores y Javier Mendizábal Ruíz (amigos de la familia Barreda)
  6. El proceso se vuelve muy lento, lo que evidencia la influencia de la entonces magistrada presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ofelia de León, madre del sindicado, por amenazar testigos e intentar influir en jueces y magistrados a favor de su hijo (posteriormente es ligada a proceso)
  7. El 8 de noviembre de 2,013, Barreda, es ubicado en México, cuando se comunicaba con su familia en Guatemala, quien lo encubría; la justicia lo regresa a Guatemala y entrega a los niños a la familia de Cristina
  8. El Juzgado de Mayor Riesgo B, presidido por el juez Miguel Ángel Gálvez, liga a proceso a Roberto Barreda de León por los delitos de feminicidio, amenazas, maltrato contra menores de edad y obstrucción a la justicia (noviembre de 2,013)
  9. En junio de 2,014, el hijo mayor de Cristina, Roberto José, da un testimonio similar al de Petrona Say
  10. La defensa de los Barreda interpone (y son tramitados) innumerables recursos y amparos para evitar o retrasar ir a juicio; también criminaliza a los padres de Cristian
  11. El Estado de Guatemala es acusado por la familia Siekavizza por denegación de justicia (2,016)
  12. En 2,019, el juicio oral y público debió realizarse, pero nuevos recursos lo atrasan para 2,020 (aunque aún existen recursos sin resolver)
  13. El 21 de junio de 2,020, Roberto Barreda, quien guardaba prisión preventiva enla cárcel militar del Cuartel Mariscal Zabala, enferma de COVID19 y es trasladado al Hospital General San Juan de Dios
  14. El 6 de agosto de 2,020, fallece por COVID, Roberto Barreda de León

¡Nueve años!, Y la mayor parte de la historia se basa en incidencias judiciales. ¡Nueve años! Y la justicia de un país no logró localizar los restos de Cristina y condenar a su asesino.  

Esto no es más que un ejemplo tangible de lo espurio que es el sistema judicial de Guatemala y de lo ineficientes y corruptas que son sus instituciones, porque una vez más, la muerte es más efectiva que la justicia. El Estado le falló a Cristina, a sus hijos y a su familia, con su lentitud y probada influenciabilidad.

En este caso, la palabra impunidad se realiza en todo su esplendor, porque un delincuente murió sin enfrentar juicio, sin recibir una condena, sin verse obligado a reparar el daño. El sistema de justicia fue injusto para Cristina, fue negligente y corrupto, y demostró que es fallido.

Por ello es válido asegurar que junto a Barreda murió la justicia. Y que lo único que quedó es una terrible desconfianza en las instituciones y en la capacidad del Estado para cumplir con sus fines y obligaciones; porque al conocerse la noticia del fallecimiento, nadie la creyó. ¿En qué tipo de país se debe vivir para no creer que Barreda murió?

Y no se creyó la noticia solamente por los antecedentes de huída de Barreda; o por el poder de la magistrada, su madre; sino porque simplemente la población no creyó que la palabra de las autoridades del Hospital San Juan de Dios, ni la de los fiscales, ni la de los forenses que participaron en la identificación del cadáver eran dignas de fiar. 

Lo anterior demuestra la desconfianza que la sociedad tiene en el Estado, en sus instituciones y en el gobierno; lo cual desde luego, evidencia la gravedad de la normalidad con la que se vive la impunidad, la corrupción, la mentira y la desesperanza.

Tan fuerte es la incredulidad que se han generado dos versiones: los que aún siguen creyendo que no está muerto, a pesar de la palabra oficial, y se fugó; y, los que creen que murió sin pagar su deuda y, sobre todo, con el secreto de donde enterró el cuerpo de Cristina. En cualquier caso, se aleja todavía más la oportunidad de que una familia guatemalteca pueda darle cristiana sepultura a su hija.  Independientemente de las especulaciones y lo fallido y lento del sistema, el caso de Cristina, seguirá abierto. Desde luego, y muy lamentablemente, será un caso inconcluso porque el principal sospechoso ya no rendirá cuentas. Empero, se espera que Beatriz Ofelia de León, Óscar Humberto Celada Cuevas y Joaquín Flores todavía sean enjuiciados, algún día, por la desaparición y asesintato de Cristina Siekavizza Molina.

Fuente imagen de portada: https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/08/06/restos-de-cristina-siekavizza.html

Se elige con transparencia o se desobedece una orden judicial

Hemiciclo Congreso Guatemala

El 18 de junio, la Junta Directiva del Congreso debe convocar al pleno de diputados para elegir a los magistrados que conformarán la Corte Suprema de Justicia y a los magistrados que conformarán la Corte de Apelaciones, para el periodo 2019-2024. La elección debe realizarse a más tardar el 23 de junio.

Los anteriores plazos fueron señalados mediante Sentencia de Amparo de la Corte de Constitucionalidad, dentro del expediente 1169-2020, emitida el 6 de mayo de 2020. Este proceso se llevó a cabo ante la amenaza cierta e inminente de que los congresistas eligieran a profesionales no idóneos para el cargo, luego de que la fiscalía detectó que personas ligadas al trabajo de las comisiones de postulación[1] estaban sosteniendo asiduas reuniones en torno a Gustavo Alejos[2].

Ante la gravedad de la situación generada por la denuncia pública de esta red ligada a Alejos, la CC ordenó:

  • Al Ministerio Público: presentarle un informe circunstanciado al Congreso, en donde le indique si los abogados que conforman las nóminas de aspirantes a magistrados, elaboradas por las respectivas comisiones de postulación, aparecen vinculados a hechos y actos de manipulación e influencia indebida durante el proceso. Dicho informe fue entregado al Organismo Legislativo el 28 de mayo de 2020.
  • A los diputados: analizar exhaustivamente el informe para determinar individualmente si las personas por quienes deberán elegir aparecen vinculadas a procesos de investigación relacionados con la manipulación e influencia de las comisiones de postulación; si este fuera el caso, deben determinar si dicha vinculación compromete su idoneidad y honorabilidad como futuros magistrados o no. Para este ejercicio intelectual, a los diputados se les otorgó un plazo de 20 días, el cual vence el 17 de junio de 2020.

Como se indicó, a más tardar el 23 de junio de 2020, los diputados deberán estar eligiendo magistrados. Sin embargo, como impacto directo del descubrimiento de la Red Ilícita de Alejos y por orden de la Corte de Constitucionalidad, dicho acto debe atender de forma muy particular a los principios de máxima transparencia y máxima publicidad. En la práctica, ello quiere decir que cada diputado deberá emitir su voto favorable o desfavorable para cada uno de los aspirantes, indicando concretamente:

  1. Si como resultado de su análisis del informe producido por el Ministerio Público considera que el aspirante está vinculado a la red de Alejos y, en su caso, si ello compromete su idoneidad para ser magistrado de justicia o no.
  2. Si considera que el aspirante a magistrado es una persona honorable o no, y el fundamento de su estimación.
  3. Si considera que la persona elegible llena los suficientes requisitos de méritos profesionales, académicos y humanos para ocupar el cargo al que aspira y el fundamento de su consideración.

Es importante concluir este análisis con dos ideas finales. La primera es que existen diputados que no son aptos para elegir magistrados porque tienen evidentes conflictos de interés en el proceso. Ejemplo de ello son los diputados que se reunieron con Gustavo Alejos, los que tienen sendos señalamientos de haber participado en graves actos de corrupción y los que pertenecen a estructuras partidarias claramente atravesadas por el crimen organizado y el narcotráfico (como es el caso de la UCN).

La segunda es que existe bastante atención social sobre este proceso de elección de cortes porque la experiencia indica que cuando ello es viciado (como sucedió en 2009 y 2014), en las diferentes cámaras y salas del Organismo Judicial aparecen magistrados dispuestos a vender sus resoluciones judiciales y a proteger a sus patrocinadores, a costa de la ley y la justicia.

El Presidente de la República y otros actores han declarado expresamente que les gustaría que las actuales cortes se mantengan en sus puestos mientras se impulsa una incierta reforma constitucional al sector justicia. Si ello se concretara, claramente implicaría una maniobra para eludir la votación en los términos planteados por la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, por lo que se estaría a la puerta de la desobediencia de una orden judicial.


[1] En esta categoría caben: miembros de las comisiones de postulación, aspirantes a magistrados, diputados que eventualmente elegirán a los magistrados y otros.

[2] Alejos es un personaje conocido en el ámbito nacional por haber financiado lícita e ilícitamente la campaña electoral de diversos partidos políticos. Luego, al resultar ganadores dichos partidos, los funcionarios públicos lo beneficiaron millonariamente, adjudicándole onerosísimos contratos con el Estado. También es conocido como operador de cortes, es decir como personaje clave en la elaboración de listados de abogados que compran sus puestos como magistrados y/o que de resultar electos garantizan impunidad a políticos, empresarios, naroctraficantes y otros. Actualmente, está ligado a media docena de casos por actos de gran corrupción.

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