Menú Cerrar

Vicios en conformación de Comisiones de Postulación

La elección de magistrados para Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones ocurrida en 2014 fue uno de los procesos de comisiones de postulación / elección en el Congreso más cuestionados en la historia jurídica reciente del país. El presente proceso, 2019, amenaza con adolecer de los mismos y peores defectos.

Ya se encuentran conformadas las dos comisiones que elaborarán paralelamente las listas de magistrados elegibles por parte del Congreso de la República, para conformar la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones.

Por una parte, se conoce ya el nombre de los rectores que presidirán ambas comisiones y los decanos de las facultades de derecho que tienen un asiento directo en las mismas. Este proceso se desarrolla en medio de una profunda crisis académica, política y ética del sistema universitario nacional, que es incapaz de dar respuestas científicas y humanísticas a los grandes problemas nacionales. Ello sucede, en parte, porque las universidades se han convertido en empresas y fábricas de tecnócratas que aspiran a un título universitario únicamente para conseguir empleo y servir así al capital mafioso que obtiene sus ganancias de las y los guatemaltecos y de sus recursos naturales, para depositarlas en islas paraíso de evasión fiscal.

Además, ocurre porque muchas de las doce facultades de derecho que existen fueron creadas exclusivamente para designar decanos en las comisiones y vender títulos y conseguir votos en las elecciones gremiales de los abogados.

Por otra parte, se conoce ya el nombre de los magistrados que conformarán las comisiones de postulación. Por un lado, se encuentran 12 magistrados que actualmente integran la Corte Suprema de Justicia, la cual fue producto de una negociación espuria entre el crimen organizado representado por los denominados “operadores de las cortes” y por los diputados de los partidos Patriota, Lider y UNE, entre otros.

Se sabe también de la participación de 12 magistrados de la Corte de Apelaciones, los cuales fueron electos fraudulentamente, a través de una convocatoria vía WhatsApp, presentándose una “planilla de consenso”, posiblemente negociada en Nicaragua con personajes nefastos como Herrera, o en las cárceles VIP protegidas por los militares, con negociadores tales como López Villatoro, alias el Rey del Tennis, o sus representantes.

Finalmente, se conoce ya el nombre de los representantes de la Asamblea del Colegio de Abogados quienes, con ocasión de un bochornoso acto público el pasado viernes 26 de julio, votaron en medio de edecanes, discos, masiva propaganda, comida de cerdo y licores gratuitos, bajo la excusa esgrimida por el presidente de dicho gremio de que alimentaban a los profesionales por pura cortesía porque muchos no tenían dinero ni para comer.

¿Por qué este panorama tan sombrío para el sistema judicial guatemalteco? En primer lugar, debe recordarse que las salas de apelaciones revisan en segunda instancia todos los fallos judiciales en materia civil, penal, laboral, tributaria, administrativa, etc., con lo cual todas las empresas criminales conjuntas conformadas por empresarios, políticos, abogados y militares, pueden disponer de sentencias que le convengan a sus intereses particulares y/o a los de sus clientes.

Además, debe recordarse que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia dedican la mayor parte de su tiempo a controlar al poder judicial en su conjunto, repartiéndose presupuesto, plazas, prebendas y cuotas de poder para complacer a sus aliados internos y para intimidar a los jueces de paz y de primera instancia débiles y corruptos, para conseguir que los procesos que son sometidos a su conocimiento sean estancados o resueltos favorablemente para los bufetes o abogados individuales más turbios del país.

Aunque, lógicamente, han existido y existen honrosas excepciones dentro de las magistraturas y aún dentro de las comisiones de postulación, el depravado panorama anteriormente dibujado en el ámbito de la conformación de estos cuerpos colegiados debe alarmar a toda la ciudadanía. Debe alertarla no sólo porque el acceso a una justicia imparcial es un derecho universal, sino porque en el seno del Organismo Judicial se juegan a diario los intereses de todas y todos los guatemaltecos cuando se disculpa y beneficia al que hace negocios ilegítimos con dinero público, a costa de la salud, la educación o el desarrollo de las personas y de las comunidades.

Post scriptum: para un informe detallado de diversos vicios de la elección de magistrados en el país, véase el reciente informe presentado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, el cual puede obtenerse aquí.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *